MARIO GALEANA | @MarioGaleana_

El Congreso de Puebla aprobó un paquete de reformas electorales para castigar la violencia política de género con la revocación de candidaturas y del registro de partidos políticos que incurran repetidamente en este delito.

También avaló cambios a la Constitución Política del estado de Puebla para que en las candidaturas y cargos públicos se garantice el criterio de paridad de género.

Para el caso de la violencia política de género, se plantea que los actores políticos y funcionarios que hayan sido sentenciados por este delito, o incurran en violencia familiar e incumplimiento de pensión alimentaria, no podrán ser postulados para un cargo en el siguiente proceso electoral.

La reforma define que la violencia política se comete cuando alguien difama, calumnia, injuria o realiza o realiza cualquier expresión que denigra o descalifica a las mujeres en el ejercicio de sus funciones políticas.

Con estos cambios al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley para el Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, se especifica que cualquier persona que aspire a ser diputado local, gobernador, presidente municipal o regidor, deberá tomar un curso en materia de paridad de género, derechos humanos, no discriminación, prevención y erradicación de la violencia política.

También especifica que los partidos políticos deberán, a partir de ahora, destinar el 5 por ciento del total de sus recursos anuales para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

En un diagnóstico sobre violencia política contra mujeres en las elecciones del proceso electoral de 2018, el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (CAFIS) A.C., documentó que los partidos usan de manera discrecional los fondos que deberían destinar para esta tarea.

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En la misma sesión, los congresistas aprobaron que el criterio de paridad de género rija el reparto de candidaturas y la conformación de los tres Poderes Públicos.

Con esto, los órganos partidistas, los órganos jurisdiccionales, el Congreso del estado, el Tribunal Superior de Justicia, el gobierno local  —incluidos los organismos públicos descentralizados— deberán estar constituidos en un 50 por ciento por mujeres.