Rivera lleva a tribunales denuncia por violencia política contra Barbosa

 Rivera lleva a tribunales denuncia por violencia política contra Barbosa

MARIO GALEANA | @MarioGaleana_

La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, llevó a las instancias jurisdiccionales del estado su denuncia por violencia política de género en contra del gobernador Miguel Barbosa Huerta, al que acusa de menoscabar su desempeño en el ámbito político.

La alcaldesa solicitó al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) que revoque la resolución del Instituto Electoral del Estado (IEE), órgano que optó por desechar la denuncia y la aplicación de medidas cautelares en favor de la funcionaria municipal.

El 12 de julio pasado, Rivera Vivanco denunció ante el IEE a Barbosa Huerta por algunas declaraciones que ha realizado en sus conferencias de prensa matutinas, en las que ha afirmado, por ejemplo, que puede trabajar bien con todos los presidentes municipales, salvo con la alcaldesa de Puebla.

Para la presidenta municipal, estas declaraciones tienen una consecuencia directa: “el menoscabo en mi desarrollo en la escena política”.

“Crea un sesgo social, mismo que afecta la percepción de los gobernados en cuanto a la forma como perciben mi desempeño en el ámbito político por ser mujer, generando un impacto diferenciado que me afecta desproporcionadamente”, declaró Rivera Vivanco en la denuncia.

Las diferencias entre el gobernador y la alcaldesa han escalado desde que el primero, a mediados de marzo, trató de atraer el mando de la seguridad pública en la ciudad de Puebla.

Para entender el origen de este conflicto, quizá debas leer: Barbosa y Rivera: la guerra en medio de la pandemia

La denuncia de la presidenta municipal fue presentada un par de semanas antes de que el Congreso de Puebla aprobara modificaciones a la Constitución Política del estado y al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para sancionar a aquellos que incurran en violencia política.

Entre algunos de las sanciones que se imponen se encuentra el retiro del registro de candidatos a cargos de elección popular, o la imposibilidad de competir por un cargo en el proceso electoral siguiente.  

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