LUIS SORIANO | @LuisSorianotz
La iniciativa del pin parental que propone el diputado panista Oswaldo Jiménez López es contraria a los derechos humanos, pues permitiría la negación del acceso a la educación sexual integral para menores por razones morales o religiosas, señalaron integrantes de organizaciones civiles.
En un panel convocado por la organización REDefine Puebla, Brahim Zamora, representante del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), y Cristina Santana, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, narraron que Acción Nacional y el Partido Encuentro Social (PES), aliado de Morena, han propuesto esta medida en la Ciudad de México, Querétaro, Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes y Puebla.
En julio, Jiménez López anunció que presentaría una modificación a la Ley de Educación en el estado para incluir el concepto de pin parental como una garantía para que los padres eligieran entre prohibir o no la educación sexual impartida a sus hijos.
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Esta medida surgió como propuesta del partido de ultraderecha español Vox, pero la UNICEF, UNESCO y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ya se han pronunciado en contra de ésta por vulnerar los derechos de la infancia a la salud.
De acuerdo con Cristina Santana, la implementación del pin parental podría tener consecuencias serias en el estado y el país. Una de éstas es el aumento de embarazos no deseados y embarazos adolescentes, por los cuales México ya se encuentra entre los primeros lugares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
También podría causar un incremento en las enfermedades e infecciones de transmisión sexual, así como provocar mayores dificultades en la identificación del abuso sexual.
Dentro del panorama mexicano, en el que organizaciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas han estimado que se cometen 600 mil delitos sexuales al año, iniciativas como el pin parental presentan una problemática en la perpetuación de las violencias que generan dichos crímenes, ilustró Santana.
En opinión de Brahim Zamora, la medida provocaría una relación de inconstitucionalidad, ya que sería un retroceso de los derechos internacionales y nacionales establecidos desde el primer artículo de la Constitución.
De igual manera, la implementación de dicha medida impediría el derecho a una educación laica con sustento científico, a la información y a la libre determinación y toma de decisiones sobre la salud y el cuerpo.
Ante este panorama, Santana y Zamora realizaron un llamado a la ciudadanía a defender sus derechos, así como al apoyo a organizaciones encargadas de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos.
