GUADALUPE JUÁREZ | @LupJMendez
Hay mujeres que huyen de sus casas por la violencia de la que son víctimas de sus propios padres, familiares o parejas, y no les queda otra opción que vivir en la calle. Hay otras que nacen en las mismas calles y no conocen otro hogar.
Pero esta condición de indigencia las hace aún más vulnerables a que sus derechos humanos sean violentados una y otra vez, ante la falta de políticas públicas y de apoyo de la sociedad civil.
En el Diagnóstico sobre las condiciones de vida, el ejercicio de los derechos humanos y las políticas públicas disponibles para mujeres que constituyen la población callejera, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la organización civil El Caracol, concluyen que en Puebla no hay ningún programa en específico para apoyar a las mujeres en situación de calle.
Los programas existentes son dirigidos a un sector vulnerable más amplio, que excluye a aquellas que no cuentan con ningún documento, lo cual a la vez les impide ejercer otros derechos, además del de contar con un nombre y dos apellidos, y ser reconocidos como personas jurídicas.
Sin su acta de nacimiento no pueden tramitar su CURP, y si son mayores de edad carecen de una identificación oficial. Esto bloquea sus oportunidades de estudiar, de ser beneficiarias de algún programa social y de encontrar un empleo con el que podrían obtener mejores ingresos y rentar un lugar para ya no vivir en la intemperie.
Pero a la par de que los programas gubernamentales no incluyen acciones para este sector, la CNDH y El Caracol hallaron que en la capital poblana no hay ninguna sociedad civil que se enfoque en apoyar a las mujeres en esta situación.
La participación de las organizaciones sociales, según el diagnóstico, sería clave para transformar la vida de las mujeres en situación de calle mediante el apoyo para la gestión de documentos, que es la llave para obtener más oportunidades.
La ciudad de Puebla, además, carece de un diagnóstico local que permita a las autoridades en turno llevar a cabo programas gubernamentales para personas en esta situación. El último estudio que censó a todas las personas en situación de calle fue elaborado hace siete años, en 2013.
Las carencias
Lucía dormía en el baño de una gasolinera junto a dos de hijas mientras estaba embarazada de un tercer bebé. Así se lo permitió un trabajador de la gasolinera, aunque con una condición: entrar a la medianoche y salir a las 5 de la mañana.
A esa hora, Lucía se sentaba en una banca soportando el frío de las primeras horas del día para esperar a que hubiera más autos en las calles, limpiar parabrisas y con el dinero que recibía alimentarse.
Cuando era adolescente, un hombre del mismo grupo de la calle abusó sexualmente de ella. El acto permaneció impune, porque su madre y Lucía no sabían cómo denunciar y creyeron que no pasaría nada, porque al buscar ayuda psicológica, una organización gubernamental para mujeres le negó su apoyo.
Así, sin poder ejercer su derecho al acceso a la justicia, siguió con su vida. Hasta que halló un colectivo de mujeres con las que rentó una habitación en una casa, que convertiría en su hogar en lugar de la calle.
La historia de Lucía fue recolectada por El Caracol, organización que realizó un análisis en cinco ciudades: Acapulco, Guerrero; Ciudad de México; Guadalajara, Jalisco; Tijuana, Baja California y la capital de Puebla.
Sin embargo, en la capital poblana, para llevar a cabo su diagnóstico basado en testimonios de las personas que se encuentran en situación de calle, se encontraron con obstáculos para conseguir la información: la renuencia a ser consultadas por temor a ser violentadas por funcionarios públicos, al ser expuestas y reclutadas por el crimen organizado.
De hecho, ya no pudieron recabar más testimonios por el “nivel de peligrosidad” en las zonas donde habían identificado que vivían mujeres en condiciones de indigencia.
El diagnóstico indica que en Puebla las mujeres en situación de calle tienen en promedio 33 años, pero su expectativa de vida en esas condiciones cae de los 78 años a los 28 años. Es decir, cuando están en pleno desarrollo de sus actividades productivas y reproductivas.
A diferencia de otras ciudades, en Puebla no observaron niñas en condición de calle y las mujeres mayores de edad en esta situación no se encuentran expuestas, lo cual relacionaron a las acciones gubernamentales para atraer el turismo.
Así, sólo entrevistaron a seis mujeres, cuatro de ellas sí contaban con todos sus documentos, una sólo tenía un acta de nacimiento y una más no tenía nada: ni credencial, ni acta, ni un solo membrete que acreditara su identidad.
Eso le impedía impide el acceso a albergues, justicia, salud, educación, registro de sus hijos, servicios de salud, ambulatorios de emergencia y acceso a clínicas y hospitales.
La CNDH pidió en 2018 información al Instituto Nacional Electoral sobre un mecanismo en el que las personas en situación de calle podían recibir una credencial de elector sin presentar necesariamente un comprobante de domicilio.
Pero en Puebla, durante ese año, no se registró ningún trámite en esas condiciones, lo cual fue atribuido por la CNDH a la falta de difusión del programa.
A nivel local, la Secretaría de Gobernación les indicó que en ese año se prestaban servicios del registro civil en caravanas del gobierno del estado que visitaban 22 municipios, en el que los acompañaban personal del Sistema estatal DIF y del registro Civil.
No obstante, la administración en turno desconocía si este programa había servido a mujeres en situación vulnerable o de calle.
Sin educación y empleos mal pagados
El Caracol se encontró con que ocho de cada 10 mujeres en situación de calle no saben leer ni escribir. Algunas de ellas huyeron de sus casas, por lo cual dejaron la escuela para poder sobrevivir; y si contaban con algún nivel escolar terminado, no lo podían acreditar.
Por tanto, tampoco pudieron continuar con sus estudios o conseguir un trabajo.
En contraste, estas personas deben vivir de su trabajo en subempleos de bajo ingreso, es decir, laboran por un ingreso inferior al mínimo legal, a pesar de trabajar jornadas completas, ya sea al limpiar parabrisas, con actividades de entretenimiento para los transeúntes y automovilistas, cuando venden productos en la vía pública o transporte público, haciendo servicio de limpieza en empresas o en casas habitación y en maquiladoras, sin acceso a prestaciones.
Por lo menos llegan a trabajar hasta ocho horas diarias a cambio de 150 pesos. Pero hay casos en los que sólo obtienen 50 pesos al día o inclusive se quedan sin percibir ingresos, lo cual les impide cubrir sus necesidades básicas.
Mientras en Ciudad de México hay programas de empleos temporales para este sector, en Puebla carecen de algo similar. Sólo se cuenta con un programa de asesoría jurídica y psicológica del que no tienen datos de apoyo a mujeres en esta situación.
Tampoco se cuentan con registros en hospitales públicos estatales sobre mujeres que hayan parido en condiciones de riesgo social, condición o situación de calle o indigencia, por lo que no se sabe qué dificultades pueden pasar si están embarazadas, y tampoco el destino de sus hijos.
Sólo se cuenta con un registro de 2018 en el que se precisa que se atendieron a 10 mujeres en situación de calle o indigencia en el hospital psiquiátrico de Rafael Serrano.
Acceder a la justicia es otro viacrucis. Las víctimas de violaciones sexuales deben contar con una identificación oficial para poder denunciar: un obstáculo que cierra, de antemano, cualquier acceso a la justicia.
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