MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
Cuatro de cada 10 intentos de feminicidio en Puebla registrados en 2019 fueron desestimados por las policías locales y la Fiscalía General del Estado (FGE), que optaron por calificar e investigar los casos como otros delitos con penas menores, lo que ha propició la liberación del 12.5% de los presuntos responsables.
Esto se desprende de un informe elaborado por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia (CCSJ), que, a través de un monitoreo hemerográfico, documentó 24 casos de tentativa de feminicidio cometidos en Puebla a lo largo del año pasado.
A través de este análisis, la organización detectó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha invisibilizado intentos de asesinato por razones de género, pues en el 41% de los casos delito no se investigó como tentativa de feminicidio, sino como lesiones, intento de homicidio o violencia familiar.
El informe apunta, por otra parte, que tres de los responsables de tentativa de feminicidio obtuvieron su libertad debido a que policías municipales no consideraron que la agresión se tratara de un intento de feminicidio y, sobre todo, “concedieron más peso a la versión del presunto responsable que a la de la víctima”.
Permanece violencia en municipios con AVGM
En el Código Penal, el delito de tentativa de feminicidio es sancionado con penas que van de los 24 a 40 años de prisión. Se considera que se incurre en este delito cuando alguien agrede a una mujer en por lo menos dos ocasiones, y le causa heridas que tardan en sanar 15 días o ponen en peligro su vida
Los agresores, de acuerdo con el diagnóstico, suelen ser personas conocidas por las víctimas: el 58% mantenía una relación de pareja con ellas, el 25% tenía una relación de parentesco y el 17% era su expareja.
Aunque en las notas analizadas por el CCSJ no se precisó la edad del 45% de las víctimas, el informe permitió identificar que en una cuarta parte de los casos las víctimas fueron mujeres de entre 25 a 39 años.
Estos 24 intentos de asesinato por razones de género se registraron en 13 municipios, de los cuales 10 se encuentran incluidos en la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra la Mujer (AVGM), lo que evidencia “el fracaso de las medidas que las autoridades han tomado” al respecto, a decir de Rodolfo Domínguez Márquez, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
No se está logrando garantizar la seguridad de las niñas y mujeres en el ámbito doméstico, y eso habla del fracaso de las políticas de las autoridades del estado, de las instancias de primer contacto (policías) y las instancias para garantizar órdenes de protección, como la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia”, afirmó durante la presentación del informe.
Entre los otros tres municipios sin declaratoria de AVGM se encuentran Tetela de Ocampo, San Juan Tianguismanalco y Jopala, que, de forma paradójica, registraron las tasas de intentos de feminicidio más altas.
Exhiben a la Fiscalía por omisiones y negligencias
En su experiencia como representante de víctimas de feminicidio, Domínguez Márquez dijo que en los últimos tres años las organizaciones han enfrentado a una Fiscalía “terriblemente omisa y negligente en la investigación de casos de violencia contra las mujeres”, además de “autoridades insensibles, maltrato a las víctimas, omisiones y negligencias en las investigaciones”.
El representante del OCNF presentó este panorama frente a la titular de la Fiscalía Especializada de Investigación en Delitos de Violencia de Género y de la Mujer, María Eugenia Calderón Olimán, que, minutos antes, durante la presentación del informe, trazó a la FGE como una instancia con las capacitaciones y los protocolos más avezados.
Llama la atención que se diga que tantas personas han sido capacitadas, cuando las personas con las que nos hemos podido entrevistar, tanto de servicios periciales como ministerios públicos, precisamente nos dicen sobre la falta de capacitación en perspectiva de género. Eso plantea que, o la capacitación es mala, o les entra por una oreja y les sale por la otra”, lanzó Domínguez Márquez.
El informe del CCSJ propone que tanto el personal de la FGE como las policías locales sean capacitadas una vez más conforme indican los protocolos actualizados para la investigación del delito de feminicidio.
También sugiere que el Congreso local reforme el Código Penal para que no sólo se considere como tentativa de feminicidio la violencia familiar reiterada, sino también el registro constante de actos de violencia sexual, lesiones, antecedentes de violencia en los ámbitos escolar o laboral de la víctima, e incluso cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o abandonado en un lugar público.
Foto de portada: Brenda Palacios
