DENISSE MEZA | @DenMeza
MARIO GALEANA | @MarioGaleana_

Por la mañana del 28 de febrero de 2019, un grupo de 12 marinos salieron de su base de operaciones, en San Martín Texmelucan, para recorrer las rutas de los ductos petroleros, especialmente las zonas con más registros de tomas clandestinas.  

Viajaban en tres camionetas, una de ellas conducida por un agente de seguridad de Pemex al que habían designado para guiarlos. Algunas horas después, ese mismo trabajador se convertiría en el principal testigo de la ejecución de cuatro hombres.

Y más de un año más tarde, tras una larga revisión de testimonios, videos, notas periodísticas, reportes de la Marina y de otras autoridades, la CNDH acreditó que los marinos detuvieron, desaparecieron y cometieron asesinato en contra de esas cuatro personas.

Aquel día, los marinos y el agente de seguridad habían recorrido varias decenas de kilómetros cuando llegaron a un predio en las inmediaciones de la comunidad Guadalupito Las Dalias, en Santa Rita Tlahuapan. Eran las 3:20 de la tarde. Y, a partir de entonces, todo sucedió muy rápido.

“A una distancia de aproximadamente 700 metros observé a un grupo de seis personas, sin distinguir sexo, pues no tenía visibilidad suficiente, y al acercarnos el grupo de personas salieron corriendo en diversas direcciones”, testificó el agente un día más tarde, el 1 de marzo, al denunciar a los marinos por el delito de homicidio.

Las camionetas de los marinos aceleraron y, en cuanto pudieron, aparcaron para tomar sus rifles y disparar hacia los seis hombres que habían visto. El sonido de las armas, un estallido que el agente de seguridad guarda en su memoria como un sonido incesante, revolvió el viento de la tarde.

Uno de esos seis hombres fue detenido por él mismo. Según el agente, el celular del hombre al que detuvo sonaba constantemente. “No lo vayas a contestar”, le dijo. Pero el hombre no hizo caso y, antes de que le arrebatara el teléfono, tomó la llamada y lo oyó decir: “Ya valió madres, júntense todos”.

Cuando la ráfaga de balas cesó, el agente de seguridad de Pemex avanzó en su propia camioneta. Notó que en el mismo lugar en el que habían visto a las seis personas cuando todo había iniciado, ahora había sólo tres. Todos eran hombres. Uno sangraba a la altura del estómago. Otro estaba pálido, “con mucha sangre a la altura del hombro y las costillas”, posiblemente muerto. El cuarto yacía sobre el piso.

“¿En dónde podemos tirar los cuerpos?”, le preguntó un marino al agente. “No sé”, respondió, lacónico. “Ah, ya sé a dónde”, le dijo. Subieron los cuerpos a una camioneta. El cuarto hombre también fue llevado a rastras.

Ese lugar del que repentinamente uno de los 12 marinos cobró memoria era un cerro conocido como El águila, ubicado a unos cuantos kilómetros de allí mismo, en los límites de Santa Cruz Moxolahuac, en Santa Ripa Tlahuapan, y la localidad de San Felipe Hidalgo, en el municipio de Nanancamilpa, Tlaxcala.

Los marinos dejaron los cuerpos apilados y semienterrados. La cuarta víctima fue obligada a cavar la fosa, y luego fue asesinada. Un marino le dijo al agente de seguridad que estaban juntos en eso y abandonaron el lugar con la orden de fingir que nada había sucedido.

Al día siguiente, los pobladores de Santa Rita Tlahuapan los hallaron. Y los días que sucedieron a ese hallazgo posiblemente quedaron guardados en la memoria del pueblo. Fueron días de bloqueos, de protestas, de estallidos incesantes, de ingobernabilidad.

Días en los que un policía no podía poner un pie en los alrededores del municipio.

Una segunda versión de los hechos

El 1 de marzo de 2019 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió la llamada de la madre de una de las víctimas, quien les narró la misma ejecución, pero de un modo distinto.

Según la mujer, su hijo y otras tres personas empacaban zacate en aquel predio y, al observarlos, los marinos los detuvieron con el argumento de que esa zona era conocida por el registro de tomas clandestinas.

Los desvistieron y los golpearon en el rostro, y después les pidieron recostarse con la cara en el piso. La golpiza continuó, pero ahora con una pala. Y sólo cesó hasta que los marinos observaron que en la zona se iba gestando un grupo cada vez más nutrido de pobladores.

En ese instante, subieron a los cuatro a las camionetas… y no se supo de ellos hasta entrada la noche, cuando sus cuerpos fueron localizados semienterrados, apilado uno tras otro.

Aunque la relatoría del agente de seguridad fue confirmada con videos obtenidos de las cámaras de seguridad de las camionetas en los que viajaron los 12 marinos, la autopsia que se realizó a las víctimas seis meses más tarde —dado que los pobladores impidieron a las autoridades el levantamiento de los cuerpos— dan la razón a parte del testimonio otorgado por la madre.

Según el punto de vista médico forense, una de las víctimas falleció por “traumatismo craneoencefálico severo”, provocado posiblemente por los golpes con la pala. Una segunda víctima falleció por “asfixia mecánica en su modalidad de estrangulamiento armado”. La tercera, por una “herida penetrante y perforante de tórax”. La cuarta fue degollada.

Durante esa misma tarde, la del 28 de febrero, un grupo numeroso de pobladores de Santa Rita Tlahuapan prendieron fuego a llantas y dispersaron piedras para bloquear durante tres horas la autopista México-Puebla en exigencia por la presentación con vida de los cuatro hombres.

Hallaron sus cadáveres al día siguiente. Y un día después, el 2 de marzo, la Semar emitió un comunicado en el que acusaba a las víctimas de “haber sido sorprendidos sustrayendo combustible”.

Pero, al mismo tiempo, reconocía que los marinos habían realizado una “actuación del personal naval en contra de las disposiciones legales”, por lo que habían sido puestos a disposición de las autoridades competentes.

“Los encontramos en el monte muertos, destazados, les hicieron lo que quisieron las autoridades y no se vale”, dijo uno de los habitantes de Tlahuapan a un reportero que acudió a la comunidad días después de los hechos, en una declaración que resume el ánimo de la población en esos días.

El 11 de marzo, al filo de las 9 de la noche, una jueza federal dictó auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio en contra de los 12 marinos.

Más de un año más tarde, a mediados de octubre, cuando la CNDH hizo pública la recomendación en la que acreditó la detención arbitraria, la desaparición forzada y el homicidio de las víctimas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los 12 marinos seguían detenidos.

“Lo presentan como algo nuevo, pero en efecto estos marinos cometieron esa atrocidad, pero ya están presos”, relató.