MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
El bloqueo a la legalización del matrimonio igualitario en Puebla ha resistido casi todo. Un Congreso dominado por la derecha, un Congreso dominado por la izquierda, una demanda de acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y tres requerimientos de la Corte, el máximo tribunal en el país.
Los artículos del Código Civil que impiden las uniones entre parejas del mismo sexo fueron invalidados desde el 1 de agosto de 2017 por la Corte. Y, sin embargo, durante estos tres años el Congreso local ha mantenido en el limbo por lo menos cuatro iniciativas de reforma que reconocen este derecho para todas las personas.
La LIX Legislatura (2015-2018), de conformación panista, rehuyó cualquier debate legislativo en torno al matrimonio. Y su sucesora, la LX Legislatura, que se ha autoproclamado la primera con mayoría de izquierda en el estado, ha reformado el Código Civil, pero ha mantenido intacta la definición del matrimonio como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer.
En días recientes, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, reconoció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha enviado al menos tres requerimientos al Congreso local para legislar en la materia.
Y, a riesgo de caer en desacato, el coordinador de la bancada de Morena aseguró que las comisiones legislativas ya analizaban los requerimientos y la posibilidad de avalar los matrimonios igualitarios.
La izquierda no da el paso
La LX Legislatura pudo haberse evitado el regaño de la Corte hace exactamente un año.
A mediados de octubre, el Congreso local aprobó una reforma enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta para modificar el artículo 294 del Código Civil, que definía como objeto del matrimonio la perpetuación de la especie.
La oposición pidió que en la votación se incluyeran cuatro reformas que modificaban el mismo artículo para legalizar el matrimonio, pero Morena y sus aliados acallaron cualquier protesta con un voto mecánico que ni siquiera trataron de justificar.
Esto provocó que la CNDH promoviera en enero de este año una acción de inconstitucionalidad frente al Código Civil, que fue recibida por la Corte, pero que a la fecha no ha sido resuelta.
En medio de ese limbo, y del tesón con el que los legisladores se resisten a legislarlo, el matrimonio igualitario se realiza de cualquier modo.
La Corte abrió esta senda el 13 de junio de 2015, cuando estableció que las leyes de cualquier estado que consideren al matrimonio exclusivo del hombre y la mujer eran inconstitucionales.
Eso permitió que las parejas homosexuales que desearan casarse pudieran realizarlo mediante un amparo, una condición que prevaleció hasta principios de 2018, cuando finalmente la Corte invalidó varios artículos del Código Civil.
Hasta entonces, la contratación de un abogado experto en derecho constitucional que promoviera amparos de estas características podía costarles a las parejas más de 2 mil pesos.
Quizá eso explique que, entre 2015 y 2019, en Puebla sólo se hayan realizado 177 uniones homoparentales, según datos de la Secretaría de Gobernación obtenidos por el observatorio Con los ojos abiertos.
En 2015 sólo una pareja oficializó su unión; pero en 2019 se realizaron 92, de las cuales 47 eran parejas conformadas por hombres y el resto por mujeres.
El contrapeso en Puebla
La reticencia del Congreso local choca anualmente con las marchas del Orgullo Gay en Puebla que, a mediados de junio, llenan las calles del Centro Histórico con banderas arcoíris.
Junto al reconocimiento a la identidad sexogenérica, la legalización del matrimonio igualitario ha sido una de las principales demandas de la comunidad LGBTTTIQ+ durante los últimos ocho años.
De forma paralela, el ayuntamiento de Puebla se ha convertido en uno de los órdenes de gobierno que ha tratado de impulsar el reconocimiento del matrimonio igualitario.
A principios de enero, la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco presentó ante el Cabildo de Puebla un exhorto dirigido a los jueces del registro civil de las 17 juntas auxiliares de la capital para que no impidieran la celebración de bodas entre parejas del mismo sexo.
El 19 de octubre pasado, el secretario de Gobernación municipal, René Sánchez Galindo, pidió a Biestro Medinilla que “deje de presionar” a las legisladoras que impulsan el reconocimiento de este derecho para que finalmente se legalice el matrimonio igualitario ante el Código Civil.
