PALOMA FERNÁNDEZ | @PalomaPEN
Transitar por una avenida, tomar el transporte público, viajar en auto o a bordo de una bicicleta hacia algún punto de la ciudad. Todas estas actividades forman parte de nuestra cotidianidad; y sin embargo, pueden llegar a ser letales.
En 2019, 191 personas murieron en 173 siniestros viales en Puebla, según el Inegi. El 43.4% de las víctimas eran conductores, el 30% eran peatones, el 25% eran pasajeros y el 7.5% pudieron ser ciclistas o personas que se encontraban cerca.
En México, el año pasado se contabilizaron más de 300 mil siniestros viales, entre los cuales el 81% culminó únicamente en daños materiales y el 18% con al menos un pasajero herido, lo que representa un aumento del 3% en comparación con 2018. En el 1% se registra al menos la muerte de una persona.
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Cada tercer domingo de noviembre se conmemora el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, adoptado por la ONU desde 2005 para concientizar sobre la octava causa de muertes a nivel mundial en todas las edades.
Es en este contexto en el que se inscribe la aprobación de la movilidad como derecho humano en el estado, avalado por el Congreso de Puebla el 25 de octubre, mediante una reforma al artículo 4 constitucional, que reconoce la movilidad como derecho humano en el estado.
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Las calles no son para todos… aún
Sin embargo, expertos consideran que la infraestructura vial en Puebla aún tiene mucho que abarcar y subsanar para garantizar el “derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficacia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”, tal como lo indica la Constitución.
Durante el foro Movilidad segura y derechos humanos: todas/os somos peatones, llevado por el Consejo de Movilidad Puebla, se reunieron nueve panelistas para discutir las deficiencias, aciertos y esperanzas que refleja el panorama de la movilidad en el estado.
Sobre la mesa se colocó un escenario donde las calles y demás entornos geográficos sean de plena utilidad, acceso y seguridad para todas y todos los usuarios que transitan diariamente por estos.
El secretario de Movilidad en la capital, Eduardo Covián Carrizales, explicó que las calles representan al menos el 40% del espacio público al que se tiene acercamiento.
Sin embargo, las vialidades aún no están hechas para todas las personas. Aunque el 11% de la población tiene alguna discapacidad, el 53% de ellas tiene dificultades para caminar o desplazarse por las calles, y esto influye directamente en la percepción del entorno, pues tal vez no sólo se trate de un desplazamiento, sino también de la comunicación y la convivencia dentro de estos espacios, que no cuentan con las facilidades que esto implica.
“Cuando se habla de peatonalizar las calles, no se piensa en que no todos los peatones son iguales […] simplemente usar bastón, muletas o silla de ruedas, requiere de un diseño específico en las calles”, ilustró el activista Daniel Alonso Toxqui Aquino.
Para Pablo Aguilar González, representante de Puebla para todos, el orden de los factores sí altera el producto.
Y lo explica: ”Si nosotros no visibilizamos en nuestras legislaciones en primer lugar dentro de la jerarquía de la movilidad y con un enfoque de derechos a las personas con discapacidad, entonces estamos cometiendo una violación grave por omisión en el respeto y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad”.
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Ausencia de políticas a favor de mujeres y niñez
La movilidad y el género forman parte de otra arista del derecho a la movilidad. La secretaria para la Igualdad Sustantiva en la capital, Catalina Pérez Osorio, consideró que las políticas públicas en el estado aún no alcanzan factores como la violencia sexual que se vive en estos lugares, además de otras manifestaciones de violencia de género que se visibilizan cada vez con más fuerza.
“La cotidianidad de las mujeres es distinta a la de los hombres. Principalmente desde la seguridad en el espacio público, que abarca el alumbrado, pavimentación y la presencia de cuerpos de seguridad. […] Es responsabilidad del gobierno y de la ciudadanía no ejercer violencias en el espacio público”, señaló.
Y podría afirmarse que esta ausencia de políticas públicas se repite en el caso de la movilidad para la niñez. Siete de cada 10 niñas y niños habitan en entornos urbanos, de acuerdo con Evelin Santander, fundadora de Exploradores de la ciudad, y en Puebla hay casi 1 millón 800 mil menores de 0 a 14 años.
Pero se les margina del ejercicio del derecho al espacio público, a pesar de que, según la Organización Panamericana de la Salud, la principal causa de muerte en infantes de 5 a 14 años son los accidentes de tránsito.
La panelista expuso la omisión de los derechos de las infancias al hablar de la movilidad, siendo que la Ley federal de niños, niñas y adolescentes avala, en principio, el derecho de opinar y estar informado en los temas de su interés en un lenguaje que sea adecuado para su edad.
También se menciona el derecho a la participación, pero un tipo de participación “que sea recíproca, no solamente preguntarles qué les gusta o qué no, sino hacerles ver que su voz se verá representada en estos espacios”.
Y el derecho al juego, que al mismo tiempo ayuda a su esparcimiento y el apropiamiento de los espacios públicos.
Los panelistas coincidieron en que la pandemia ha sido un detonante para repensar el uso de estos espacios y el propio concepto de movilidad, por lo que se exhorta en todo momento a concientizar la importancia de estos factores que incluso pueden llegar a transgredir otros derechos humanos al no garantizar la movilidad libre, útil y segura.
