El activista Sergio Rivera Hernández fue secuestrado en 2018 y actualmente se encuentra desaparecido.

GUADALUPE JUÁREZ | @lupjmendez

Han pasado dos años y siete meses desde la desaparición forzada del activista Sergio Rivera Hernández y todo sigue igual: las amenazas contra los testigos que vieron quién se lo llevó, la impunidad, la interrogante de a dónde se llevaron a su compañero, un proyecto hidroeléctrico en pie que divide a las comunidades y el crimen organizado acechando la Sierra Negra de Puebla.

Este miércoles, un grupo de hombres y mujeres parte del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) que se opone a un proyecto hidroeléctrico en el municipio de Zoquitlán, se plantó afuera de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, para exigir que se retome la búsqueda del activista desaparecido en agosto de 2018.

“Queremos la presentación con vida de Sergio Rivera”, urgió Omar Esparza, coordinador del MAIZ, quien explicó que la Comisión de Búsqueda pidió videos de las audiencias privadas sobre el caso, por lo que solicitó una mesa de diálogo con las diferentes instancias de gobierno.

Tras la liberación de tres personas implicadas en la desaparición de Sergio Rivera por el juez Mario Ruiz Aldama, recordó que los testigos de la desaparición del activista siguen desprotegidos, en una comunidad en la Sierra Negra con sólo una patrulla que sería insuficiente si son atacados.

“Se les ha hostigado, amenazado, hemos tenido diálogos porque una patrulla no atiende en la dimensión en un momento de auxilio no hay celulares y no hay un mecanismo de comunicación y las autoridades y policías no van a poder actuar”, alertó.

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A esto se suma la presencia de los grupos del crimen organizado que mantienen asolada la Sierra Negra.

Por otra parte,  mantienen una queja contra el juez que llevó el caso por la serie de irregularidades cometidas en el proceso, quien tiene por lo menos seis quejas ante el Consejo de la Judicatura añejas, una última por el caso de Sergio Rivera.

Omar Esparza indicó que el proyecto de la hidroeléctrica sigue en pie con permisos vigentes, lo cual se ha convertido en un problema que ha escalado en las comunidades al dividir a familias enteras que están en contra o a favor y cuyo conflicto crece con el paso del tiempo.Por lo anterior, pidieron una mesa de trabajo para retomar la cancelación del proyecto con la nueva secretaria de Gobernación de Puebla, Ana Lucía Hill.