Puebla es el segundo estado del país con más agresiones a la prensa; la mayoría fueron cometidas por funcionarios del gobierno estatal.
GUADALUPE JUÁREZ | @LupJMendez
Puebla se ha convertido en el segundo lugar con más agresiones en el país hacia periodistas, con 75 casos en 2020, 120% más que un año antes, lo que representa una alerta sobre el abuso de poderes del Estado contra la prensa, pues la mayoría de los ataques provienen de funcionarios estatales.
De acuerdo con el informe Distorsión: el discurso contra la realidad de la organización Artículo 19, 49 agresiones provienen de funcionarios públicas, inclusive hay 16 hostigamientos judiciales por vía civil, se suman ocho bloqueos informativos, siete agresiones físicas y siete casos de privación ilegal de la libertad.
“Los funcionarios del estado de Puebla, prohijados por el propio discurso y actitud del gobernador Miguel Barbosa, son quienes encabezan la lista de perpetradores de este tipo de agresiones”, dice el documento y cita las siete demandas civiles que recibió el portal local e-consulta en 2020.
Además, indica que las directoras y directores de los medios como El Popular y Datamos fueron demandados por funcionarios estatales, como el subsecretario de Movilidad y Transportes, el director del Instituto Estatal de Educación para Adultos y el subsecretario de Administración.
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De esta forma, el análisis consideró a la entidad como un “ejemplo notorio” de cómo se utiliza el poder público para agredir a la prensa.
En la relatoría se incluye la respuesta de la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital del gobernador Miguel Barbosa Huerta dirigió a Artículo 19 tras la publicación del informe especial COVID: Libertad de expresión e información durante la pandemia de COVID-19 y CA, en la que aseguró que se “respeta irrestrictamente la libertad de expresión”.
Sin embargo –advierte Artículo 19—, esta estrategia y el discurso estigmatizante ocasiona una situación nociva de intimidación.
Las conferencias de prensa matutinas ofrecidas por el mandatario estatal fueron consideradas como una estrategia de desinformación y de control del flujo informativo, como cuando se negó a responderle a un reportero sobre sus declaraciones de que los pobres eran inmunes al SARS-CoV-2.
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Este aumento de agresiones y un discurso que denuesta a la prensa podrían provocar un efecto cascada en la violencia contra los medios de comunicación, que pone en riesgo la integridad física de los periodistas, advierten en el informe.
Por eso, la organización también considera preocupante que abunde la violencia cometida por particulares, que representa el 21.3% de los casos, 12% los agresores son elementos desconocidos e inclusive se registró una agresión por parte del crimen organizado.
La violencia contra la prensa a nivel nacional se concentra en Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca, en donde sobrepasan el 47% de las agresiones contra la prensa.