MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
La Corte resolvió que el gobierno del estado no puede asumir el mando de la policía municipal en la ciudad de Puebla, como ordenó el gobernador Miguel Barbosa Huerta desde marzo del año pasado, en su disputa con la entonces presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco.
A través de un comunicado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de la controversia constitucional presentada por el ayuntamiento de Puebla, y suspendió la toma de mando en tanto se resuelve a fondo el recurso promovido por las autoridades del municipio.
Los ministros consideraron que “no existen elementos para afirmar que se pondría en peligro el orden y la paz” en el municipio, si la seguridad pública permanece a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, como alegó Barbosa Huerta.
En respuesta al fallo, el gobernador dijo durante su conferencia de este jueves 8 de abril que aún están vigentes dos decretos más, emitidos recientemente, por los cuales el gobierno el estado insiste en asumir el mando de la seguridad pública.
Barbosa Huerta adujo razones de gobernabilidad y de incidencia delictiva para mantener el decreto, pero en el fondo la disputa comenzó por diferencias políticas entre él y Rivera Vivanco, quien se perfila para ser candidata de Morena a la presidencia municipal de Puebla, otra vez.
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En marzo, el gobierno del estado pretendió imponer como delegada de seguridad a Carla Morales Aguilar, una funcionaria cercana a Ardelio Vargas Fosado, subsecretario de Gobierno de Puebla, que en su trayectoria ha sido vinculado con Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa, y con el exgobernador Rafael Moreno Valle, con quien colaboró como secretario de Seguridad Pública.
Morales Aguilar había trabajado con Vargas Fosado como delegada del Instituto Nacional de Migración (INM) en Puebla durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y como titular del C5, el centro que opera la videovigilancia en el estado y la profusa red de telecomunicaciones de las dependencias de seguridad.
Barbosa Huerta aseguró en su conferencia que la designación de Morales Aguilar ya se había acordado con Rivera Vivanco, pero la presidenta municipal con licencia ha dicho su oposición a este nombramiento se debe a la presencia de Vargas Fosado, a quien vinculó con las violaciones a derechos humanos cometidas en Atenco, Chiapas, y durante el gobierno morenovallista.
La decisión del gobierno municipal de negarse a aceptar la designación provocó un punto de quiebre en la relación entre Barbosa Huerta y Rivera Vivanco, que se ha prolongado hasta hoy, en plena etapa electoral.
Barbosa agrede, otra vez, a una reportera
Durante la conferencia de prensa de este jueves 8 de abril, la reportera Cinthya Coleote, de Imagen Televisión, preguntó al gobernador su opinión sobre el fallo de la Corte al suspender la toma de seguridad del municipio.
Tras exponer sus argumentos, Barbosa Huerta agredió a la periodista al afirmar que su pregunta se debía a que los empresarios Pedro Cabañas y Raymundo Alonso, propietarios de Imagen Televisión, “quieren más dinero del gobierno del estado.
“Pero lo que tú haces, amiga periodista, que es el derecho a ejercer tu derecho periodístico y que lo respeto y lo reconozco, es que te envía Pedro Cabañas y Raymundo Alonso. Ellos quieren más dinero del gobierno del estado. Y desde aquí les digo a ellos dos que no, punto. No habrá ninguna relación comercial entre el gobierno del estado y Pedro Cabañas ni Raymundo Alonso. Y apúntalo en tu nota”, dijo en tono amenazante.
