En los últimos tres años, el diputado Héctor Alonso Granados utilizó la tribuna del Congreso de Puebla para lanzar discursos de odio y comentarios misóginos que violaron distintos derechos humanos.
LULÚ FARRERA | @lulu_farrera
MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
El 17 de octubre de 2018, sólo un mes después de rendir protesta al cargo por tercera vez en su vida, el diputado local Héctor Alonso Granados le dijo a otra legisladora del Congreso de Puebla que le exigía el mismo respeto que ella demandaba, aunque fuera mujer.
No fue el primero ni el último de los insultos que diría durante los siguientes tres años, escudado en la inmunidad parlamentaria y el fuero del que gozaba, pero el repertorio fue haciéndose más y más violento: un día contra las diputadas y los homosexuales, al otro contra las mujeres y las personas trans, y al siguiente contra quien fuese.
El 26 de marzo de 2021 la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDHP) dirigió al Congreso de Puebla la recomendación 5/2021, tras analizar catorce sesiones ordinarias en las que el diputado local incurrió en agresiones.
Esas catorce sesiones le bastaron para lanzar 63 insultos, violar tres derechos humanos y una veintena de artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, de leyes generales que protegen derechos civiles y políticos, y hasta tratados internacionales creados para salvaguardar la vida de las mujeres.
Un discurso de odio en catorce actos
Tras analizar su conducta, la Comisión de Derechos Humanos emplazó a Héctor Alonso a disculparse de manera pública en una sesión ordinaria en un plazo de 90 días, además de tomar un curso de género, masculinidades y lenguaje no sexista, y acudir a un grupo para reeducar a agresores.
Para llegar a ese dictamen, la CDHP acreditó que a lo largo de catorce sesiones ordinarias el diputado local violó el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Las palabras de Alonso Granados “impactan en cómo la sociedad percibe a las mujeres y cómo se perciben ellas mismas”, “potencian reacciones negativas y similares en los hombres”, “constituyen violencia institucional sistemática” y “son expresiones que estereotipan, categorizan y colocan en una situación de violencia no sólo a las diputadas, sino a la sociedad del estado de Puebla”.
Durante la sesión del 8 de octubre de 2019, el diputado manifestó que “…no podemos ser rehenes de las minorías de lesbianas y de otros” y continuando con esta idea, el 23 de febrero de 2021, durante la discusión para la aprobación de la Ley Agnes, dijo: “No se confundan, defenderemos a la familia y su integridad por sobre todas las cosas, defenderemos los derechos de las minorías, (..) pero de eso a que quieran tener supremacía sobre la mayoría, de ninguna manera”.
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Posteriormente, en la misma sesión, declaró que, aunque “es lamentable el asesinato de este señor Agnes”, él no está a favor de que “un hombre disfrazado de mujer” ingrese a un baño público destinado a las mujeres.
Por otra parte, en sesión del 26 de noviembre de 2019 dijo refiriéndose a sus compañeras: “…ahora nos quieren distraer con temas de machismo y violencia y gente que se tira al suelo con tonterías… “.
Una de las afectadas por las agresiones de Héctor Alonso, la diputada Nora Merino Escamilla, ratificó ante la CDHP que en el marco de los últimos meses, el diputado “ha mostrado ser una persona que carece de valores y ética profesional debido a sus comentarios machistas, misóginos, xenófobos”.
De igual manera, mencionó que en distintas ocasiones, dentro y fuera del salón de plenos, Alonso Granados ha utilizado expresiones cargadas de misoginia como: “Piensen antes de abrir las piernas y dejarse embarazar”, “focas aplaudidoras”, “naranjeras”, “cállate tú…”.
Un frankestein del sistema político
Cuando la CHDP pidió a Alonso Granados dar su versión de los hechos, el 9 de noviembre de 2020, el diputado local ni siquiera negó haber dicho toda esa serie de discursos misóginos y discriminatorios.
En un informe dirigido a la comisión el 9 de noviembre, el legislador local justificó su actuar con la inmunidad parlamentaria y el fuero constitucional federal y local con el que cuenta como diputado local.
La comisión determinó, sin embargo, que sus insultos “no tienen relación con los temas de fondo discutidos en el pleno”, por lo que “las expresiones misóginas y discriminatorias son independientes a la actividad parlamentaria y vulneran gravemente el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia”.
La de la comisión no fue la primera resolución en contra de Héctor Alonso.
En junio de 2019, una mayoría de los diputados y diputadas locales había votado por aplicar en su contra el máximo castigo posible: ser expulsado de las siete comisiones de las que formaba parte.
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E incluso un año después, en junio de 2020, el Instituto Electoral del Estado (IEE) lo declaró responsable de violencia política de género, y amagó con separarlo del cargo.
Pero nada de eso hizo mella en su conducta misógina. Y a lo largo de todo ese tiempo Alonso Granados fue recogido, devuelto, cobijado y expulsado una vez más de distintas corrientes políticas.
Su carrera inició en el PRI, después brincó a Nueva Alianza y en 2018 se coló a Morena. Esos tres partidos lo hicieron diputado local, aun cuando ya desde entonces manifestaba discursos de odio.
A mediados de 2019, tras ser expulsado de la bancada de Morena, Alonso Granados coqueteó con el PAN, pero nunca fue aceptado formalmente. Optó por refugiarse en Movimiento Ciudadano durante seis meses, hasta que fue expulsado de nuevo.
Hoy navega sin partido político, pero ha sido arropado por organizaciones de ultraderecha como el Frente Nacional por la Familia (FNF). Ese membrete le ha permitido ostentarse como portavoz de la “familia tradicional”.
