La Fiscalía de Puebla extenderá la investigación para esclarecer el feminicidio de Zyanya, después de que organismos internacionales, como la ONU, condenaran la violencia con la que el personal actuó en contra de su familia.
GUADALUPE JUÁREZ | @LupJMendez
La Fiscalía General del Estao (FGE) retomará la investigación por la muerte de Zyanya Figueroa Becerril, tras la condena de organismos internacionales contra la violencia que policías y agentes ministeriales ejercieron contra su familia, activistas, asesores legales y periodistas.
En conferencia de prensa, los integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) explicaron que ayer la fiscal Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, María Eugenia Calderón Olimán, informó que se reiniciará la reconstrucción de los hechos y se extenderá el resguardo de la casa en la que Zyanya fue encontrada.
“La Fiscalía debe valorar que diligencias tienen que hacerse en el inmueble con perspectiva de género porque no puede recaer en las víctimas toda la carga de la investigación y no podemos solventar todas las deficiencias que cargan en la cuestión científica y forense”, explicó Carlos Olivera del OCNF.
Por las agresiones ocurridas se interpondrán hasta 12 denuncias contra el personal de la Fiscalía de Puebla, que fue reprendida por la oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que exigió respeto al derecho a la manifestación pacífica.
Va peritaje sobre casa… tres años después
Las representantes del OCNF explicaron que mantienen diálogo con la Fiscalía de Puebla para establecer bajo qué mecanismo llevarán a cabo las diligencias y la recolección de más indicios para esclarecer la muerte de Zyanya Figueroa Becerril, registrada a mediados de mayo de 2018.
La Fiscalía ha intentado dar carpetazo al caso tipificándolo como un presunto suicidio, cuando existen indicios y dictámenes forenses que apuntan un posible caso de feminicidio.
Las autoridades ministeriales otorgaron un plazo de 20 días para recoger los inicios en la casa en la que Zyanya fue hallada, más el periodo extra que soliciten los asesores legales en caso de hallar más pruebas para analizar.
Los asesores legales y la familia exigieron una reunión con el fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, pero éste ya no los recibió y sólo se dirigieron con Calderón Olimán, por lo que insistieron en que la Fiscalía debe extender una disculpa pública contra las personas agredidas.
La madre de Zyanya Figueroa, Patricia Becerril, agradeció el apoyo recibido por activistas feministas, integrantes del OCNF y prensa, e informó que dentro de las peticiones a la FGE se encuentra la instalación de una mesa de trabajo para atender el resto de los casos de feminicidio de la entidad y evitar que tarden las investigaciones hasta tres años, como ocurrió con su hija.
Una docena de denuncias por agresiones
Debido a las agresiones —que incluyeron el rocío de gas lacrimógeno en una manifestación pacífica—, las activistas, defensores legales y familiares de Zyanya Figueroa interpondrán hasta 12 denuncias contra los servidores públicos que las atacaron.
Por tanto, no sólo pidieron la destitución del personal de la Fiscalía que participó en el ataque, sino que haya sanciones administrativas e inclusive penales, así como de quien dio la orden.
“También queremos garantía de no repetición, porque nosotros tenemos ojos de la prensa por el caso, pero vienen familias solas y no queremos que se encuentren en el desamparo total”, dijo uno de los asesores legales.
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Entre los agresores identificaron a la persona que roció el gas, dos que utilizaron macanas y uno que quiso utilizar un inmovilizador eléctrico.
“Golpear solamente a defensoras y defensores que no es algo común en este país, pero golpear directamente a las víctimas y familiares y víctimas de feminicidios fue un acto desproporcionado de fuerzas, del poder de uso de elementos de la policía que cuidan estos recintos no deben de utilizar en contra de la ciudadanía”, dijo Ximena Ugarte, una de las asesoras del OCNF.
ONU condena violencia contra víctimas
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dará seguimiento a las quejas por las agresiones de la familia, así como la ONU.
La noche del 21 de mayo de 2021, después de las agresiones, la Organización de los Derechos Humanos condenó los hechos y llamó a las autoridades en Puebla al respeto al derecho a la manifestación pacífica.
“Recordamos además que existe un importante marco normativo nacional que establece que las fuerzas de seguridad deberán actuar conforme a estándares internacionales de Derechos Humanos y de manera sensible al género, incluyendo en el contexto de manifestaciones”, dice el comunicado.