Autoridades federales exigen que el gobierno de Puebla garantice derecho a la protesta

 Autoridades federales exigen que el gobierno de Puebla garantice derecho a la protesta

Tras la agresión a la familia de Zyanya Figueroa Becerril, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal exigió al gobierno de Puebla garantizar el derecho a la protesta

GUADALUPE JUÁREZ | @LupJMendez

La Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal condenó las agresiones contra la familia de Zyanya Figueroa Becerril, asesores jurídicos y reporteras cometidas por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

A través de un comunicado, exigió a las autoridades a garantizar que no se repitan estas acciones y pidió una investigación oportuna del caso y la adopción de medidas preventivas.

Fotografía de mujeres protestando tras recibir agresiones.
La tarde del 21 de mayo personal de la Fiscalía violentó y roció con gas pimienta a familiares de víctimas de feminicidio, activistas y asesores que pretendían protestar en la sede del órgano de procuración de justicia.
Fotografía: Daniel Chazari | @dannychazari

Recordó que todas las autoridades tienen la obligación constitucional de garantizar el derecho a la libre manifestación de ideas y el derecho a la protesta social pacífica de quienes reclaman justicia y esclarecimiento de crímenes.

“Reiteramos que es obligación de las autoridades de todos los niveles de gobierno, contribuir a la no discriminación o estigmatización de cualquier forma de protesta o manifestación pacífica”, dice el comunicado.

Además, recordó que se debe buscar el diálogo para atender los reclamos sociales y construir las condiciones adecuadas para que todas las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ejerzan de forma segura su labor.

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La Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas está integrada por la Secretaría de Gobernación (Segob) federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Consejo Consultivo Ciudadano.

Fue el viernes 21 de mayo, cuando Patricia Becerril y Martin Figueroa junto a sus asesores legales del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la activista Irinea Buendía, se manifestaron de manera pacífica en la Fiscalía en busca de una audiencia con el fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal.

Tras la agresión a la familia de Zyanya Figueroa Becerril, autoridades exigieron al gobierno de Puebla garantizar el derecho a la protesta

Sin embargo, personal de la Fiscalía los agredió al intentar impedir la manifestación, por lo cual rociaron gas a los manifestantes, los empujaron y golpearon.

El lunes 24 de mayo, el gobernador Miguel Barbosa Huerta se pronunció sobre el tema, pero se limitó a pedir respeto para las autoridades. 

Tras los hechos ocurridos, la Fiscalía de Puebla y el OCNF acordaron extender la investigación por el feminicidio dde Zyanya Figueroa Becerril.

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