En Puebla se ha identificado interés de atender problemas en materia de combate a la corrupción. En esta columna la organización Gobierno Abierto nos cuenta por qué.
ANAID GARCÍA TOBÓN | Gobierno Abierto
Enfrentar verdaderamente los problemas públicos, federales y locales, que tiene México indiscutiblemente requiere de la participación ciudadana. Actualmente nuestro país atraviesa por varias dificultades: cuenta con alto índice de corrupción, atraviesa por una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos, encabeza la lista de países del continente americano con el más alto índice de impunidad de delitos, sumado al aumento de la pobreza generada por los impactos de la pandemia. ¿Cuáles son las alternativas para que la participación de la ciudadanía impacte en la resolución de problemas públicos? ¿Cómo se puede materializar la participación ciudadana y pasar de la norma a la práctica?
Existen diversas formas de participación ciudadana que van desde los ejercicios de contraloría social en la prestación de servicios públicos en los que las personas vigilan y monitorean la entrega efectiva de estos servicios, consejos consultivos y foros de consulta, hasta ejercicios más complejos como la construcción de planes de acción entre gobierno y sociedad civil. Sobre este último en años recientes México ha acumulado experiencia.
Desde 2011 México participa en la Alianza para el Gobierno Abierto, una iniciativa de carácter multilateral, actualmente integrada por más de 78 países, en la cual los gobiernos buscan trabajar de manera conjunta con la sociedad civil con el fin de coconstruir políticas públicas. El surgimiento de este espacio formal fomentó una nueva relación entre actores sociales y de gobierno, en donde la sociedad civil inicialmente contó con el mismo poder de decisorio que el gobierno para construir planes de acción. En nuestro país se creó modelo inédito de toma de decisiones, el secretariado técnico tripartita, compuesto por un representante del poder ejecutivo, uno del órgano garante de la transparencia y un representante de las organizaciones de la sociedad civil.
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Con estos antecedentes, a nivel subnacional en 2015 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) lanzó la iniciativa Gobierno Abierto co-creación desde lo local en el que participan varias instancias -agencias de gobierno, órganos públicos autónomos, organizaciones de la sociedad civil, así como ciudadanas y ciudadanos-. Como resultado de esta acción actualmente 30 de las 32 entidades federativas del país se han comprometido mediante la firma de una declaratoria de formar parte la plataforma de cocreación local del INAI. Esto coloca a México como un referente regional al institucionalizar este ejercicio en todos los niveles de gobierno. Sin embargo, la experiencia de México no ha sido fácil, es difícil lograr una representatividad de la sociedad civil amplia y diversa.
Hace unos años el INAI intentó que Puebla se integrará a los ejercicios de gobierno abierto locales con la petición de realizar una extensa convocatoria para incluir a varias organizaciones de la sociedad civil y no sólo a un grupo reducido de personas y asociaciones. Ante la falta de esta amplia convocatoria la entidad no pudo formar parte de los ejercicios de gobierno abierto locales. Esta es una de las razones por las cuáles Puebla es, al igual que Tamaulipas, las únicas dos entidades que no forman parte de la plataforma del INAI. Sería interesante que en un corto plazo Puebla se integrara a los ejercicios de gobierno abierto locales y desarrollará planes de acción para resolver las problemáticas. Hasta el momento se ha identificado interés de atender problemas en materia de combate a la corrupción, así como ejercicios de contraloría social a nivel municipal.
Es imprescindible apostar a una participación ciudadana sustantiva en donde la intervención de la ciudadanía se realice en torno a la toma de decisiones. La finalidad de la coconstrucción de las políticas públicas es potenciar su efectividad para que verdaderamente se resuelvan problemas que tengan un impacto en la calidad de vida de las y los ciudadanos.
