Nunca antes nos había quedado tan clara la necesidad que tenemos sobre contar con máxima publicidad, datos oportunos, accesibles, confiables y con rigor pues en los últimos meses

MELISSA CHAIDEZ | Gobierno Abierto

El acceso a la información pública es una de las llaves más utilizadas por la sociedad civil y por la ciudadanía para exigir múltiples derechos, transparencia, rendición de cuentas y espacios de participación a los gobiernos.

A partir de la entrada en vigor de la legislación en materia de transparencia en 2002, la información puesta a disposición de la ciudadanía en formatos particulares (poco accesibles y fáciles de comprender), ha representado una oportunidad para que la sociedad pueda: organizarse en la exigencia de sus derechos, informarse sobre el papel y desempeño de las autoridades en mayor o menor medida e incluso, tomar decisiones individuales e importantes como el acceso a servicios  públicos y básicos para la supervivencia.

Muchas veces escuchamos y nos afirman que la información es poder. Este dicho cuenta con múltiples ejemplos que permiten confirmar cómo la información puesta a disposición de la sociedad ha permitido la organización de grupos que basados en datos y fuentes, han salido a exigir demandas a gobernantes y autoridades. Incluso hemos sido testigos de cómo el acceso a la información ha permitido el desarrollo de investigaciones periodísticas que han puesto al descubierto redes de corrupción, desvíos millonarios de recursos públicos y conflictos de intereses dentro de gobiernos y administraciones públicas en todo el país.

En los últimos meses, hemos corroborado que la información dota de poder a la ciudadanía para la toma de decisiones colectivas ante los problemas públicos que nos aquejan pero también para la toma de decisiones individuales. Ante contextos adversos y de emergencias, la información se vuelve una pieza clave e indispensable para comprender los fenómenos a los que nos enfrentamos y responder preguntas básicas como: ¿qué pasó? ¿cuándo? ¿cómo ocurrió? ¿qué sigue? ¿quién puede ayudarme? ¿A quién puedo ayudar y cómo?

En septiembre de 2017, los sismos que causaron grandes daños en estados como Puebla y Oaxaca sentaron un precedente sobre la forma de responder y publicar información que fuera de utilidad para enfrentar las pérdidas humanas y materiales mediante ejercicios de inteligencia colectiva para atender las demandas de información, como la geolocalización de derrumbes, zonas de riesgo, disponibilidad de refugios, entre otros. Tan solo en el estado de Puebla, derivado del sismo del 19 de septiembre, 122 de 217 municipios fueron declarados en emergencia y desastre por la Secretaría de Gobernación (Segob).

Lamentablemente las emergencias y contextos adversos no son eventos aislados pues siempre estamos expuestos a enfrentarlos. El 2020 fue un año complejo a nivel mundial que nos ha enseñado la urgente necesidad de contar con datos, estadísticas, esquemas, gráficos así como cualquier otro tipo de información clara y certera para poder entender la magnitud y riesgo de la crisis que seguimos enfrentando.

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En México en marzo de 2020 se declaró como emergencia sanitaria a la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Durante más de un año, hemos presenciado el aumento de cifras de contagios, muertes, carencias en los hospitales, estrategias de atención mal ejecutadas, así como la agudización de problemas estructurales como la pobreza, el impacto al mercado laboral y de oportunidades, la violencia, entre otros.

Nunca antes nos había quedado tan clara la necesidad que tenemos sobre contar con máxima publicidad, datos oportunos, accesibles, confiables y con rigor pues en los últimos meses, la disponibilidad de información ha marcado una diferencia importante entre preservar o no la vida de las personas. La crisis sanitaria, económica y social provocada por el COVID-19 ha puesto sobre la mesa, la urgencia con la que las dependencias gubernamentales y los órganos garantes del acceso a la información deben actuar para mostrar mayor proactividad.

Atender las demandas de información de la ciudadanía requiere que las autoridades sepan implementar estrategias no solo para escuchar lo que la sociedad necesita saber, sino para crear de manera conjunta soluciones y acciones de respuesta. Como se mencionó anteriormente, los sismos del 2017 activaron diversos ejercicios de cocreación e inteligencia colectiva pero con un mismo fin: apoyar, informar y atender a la población afectada y en situación de riesgo. Es aquí donde podemos afirmar que no es suficiente con que las autoridades y dependencias publiquen información, sino que es igual de indispensable que se abran canales de colaboración multiactor para construir propuestas basadas en la diversidad de perspectivas que integran a la ciudadanía.

Resulta alarmante como la pandemia, entre sus múltiples efectos, puso en pausa la plataforma de ejercicios locales de Gobierno Abierto implementada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Durante la emergencia sanitaria, los ejercicios de cocreación local que se llevaban a cabo en las entidades federativas que forman parte de esta estrategia fueron dejados de lado por las dependencias y organismos garantes.

En contextos de crisis es indiscutible que los espacios de participación no deben detenerse ya que la cocreación significa una oportunidad para que la experiencia de diferentes grupos sociales represente la voz y demandas de la ciudadanía en la creación de soluciones y acciones de respuesta. Detener y suspender este tipo de ejercicios, refleja una clara resistencia pero sobre todo desinterés que tienen las autoridades por establecer, poner en marcha y mantener activos espacios de participación ciudadana.

Dicho esto, una de las fórmulas para dar respuesta a contextos adversos como el que vivimos es contemplar dos aspectos clave: la máxima publicación de información y la participación ciudadana por medio de ejercicios de cocreación. Mientras las autoridades a cargo de dar respuesta ignoren ambos elementos, cualquier estrategia implementada será percibida como incompleta, ineficiente e incluso difícil de comprender… algo muy similar a lo que hemos presenciado en los últimos meses.