El primer dictamen sobre la Ley en materia de desaparición en Puebla pondera más las propuestas del gobernador Miguel Barbosa, y no las demandas de las familias de víctimas de desaparición forzada.
GUADALUPE JUÁREZ | @LupJmendez
El Congreso de Puebla perfila la aprobación de una iniciativa de Ley en materia de desaparición en Puebla que reduce la participación de las familias de las víctimas en los procesos de búsqueda.
Durante este viernes 20 de agosto las comisiones de Derechos Humanos y de Procuración y Administración analizaron las dos iniciativas presentadas en la materia: una, promovida por el gobernador Miguel Barbosa Huerta; la otra, por las familias de las víctimas, la academia y la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval.
Y aunque los diputados arguyeron que usarían el principio de concentración para tomar lo mejor de ambas iniciativas, mantuvieron en gran parte la enviada por el gobernador del estado.
En el dictamen que será presentado al Pleno en los siguientes días, se limita la participación de las familias en el Consejo Ciudadano de Búsqueda a sólo cuatro familiares de las víctimas.
En cambio, la iniciativa promovida por el colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla, en conjunto con la diputada Rodríguez Sandoval y los académicos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana de Puebla, incluía seis representantes en este consejo.
Te interesa leer: Organizaciones del país denuncian fallas en iniciativa de Barbosa sobre ley de desaparición en Puebla
En cuanto al fondo estatal de 0.05% del presupuesto anual que impulsaban las familias, en el dictamen atribuyen a la Comisión de Búsqueda estatal como la encargada de gestionar recursos.
En el documento indican que sea a través de un fondo de ayuda, asistencia y reparación del estado de Puebla y un fondo alterno, los gastos de ayuda, ayuda inmediata y asistencia urgente cuando lo requieran los familiares.
La ley también incluye un estudio de evaluación de riesgo, un plan de contingencia en casos de riesgo, el sistema estatal de búsqueda de personas sin incluir a integrantes del Poder Judicial del Estado.
Durante la discusión del dictamen, la legisladora Estefanía Rodríguez Sandoval propuso cambiar el nombre a Ley en materia de búsqueda y desaparición de personas del estado de Puebla, pero lo rechazaron.
La ley aprobada en comisiones se llama Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla. También desecharon propuestas a que se agreguen a familiares sujetos a sociedades de convivencia, al nombramiento de un suplente de un integrante del sistema estatal.
Además, desecharon que el nombramiento de un comisionado de búsqueda sea previo consenso con familiares.
Familias acusan simulación; diputadas aplauden al gobernador
Integrantes del Colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla manifestaron a través de redes sociales que la aprobación de la ley en comisiones fue una simulación.
También desaprobaron desde el nombre de la ley hasta el ser relegados a sólo cuatro espacios en el Consejo Ciudadano.
En cambio, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Nora Merino Escamilla, consideró que en el dictamen integraron observaciones de la sociedad civil, “las sistemáticamente viables”, así como lo propuesto por Barbosa Huerta.
Puedes leer: CNDH dará seguimiento a casos de desaparecidos en Puebla
Justificó su ausencia a las reuniones con las familias de víctimas al señalar que no ha querido politizar más la discusión.
“Si bien me he mantenido el margen, mi intención no ha sido politizar, ni protagonizar ni dividir más de lo que ya se ha hecho, porque aquí creo que no hay buenos ni malos, de los que estamos buscando de la forma correcta, sino una bien que pudiera ser viable en su aplicación”, dijo.
La presidenta de la Comisión de Procuración de Administración y Justicia, María del Carmen Cabrera Camacho aduló al mandatario poblano por impulsar una de las leyes que se analizaron.
“Hemos tratado de respetar los ámbitos de cada una de las leyes, hay una ley general que ya incluye ciertas disposiciones en las que nosotros tenemos que basarles y protocolos internacionales que ya existen y que son aplicables y jurídicamente consultables, de ahí nace ese dictamen”, agregó.