En su último informe, la presidenta municipal de Puebla dijo que se han detectado más de 250 descargas contaminantes en el río Atoyac, y que funcionarios y empresas ocultan esta “crisis ambiental”.
STAFF MANATÍ | @MANATIMX
El ayuntamiento de Puebla ha detectado más de 250 descargas ilegales de aguas negras en la cuenca del río Atoyac, que contaminan el agua que emplea la población de la capital, aseguró la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco.
En su último informe de labores, acusó que funcionarios estatales han sido cómplices de la empresa Agua de Puebla para Todos, que posee la concesión del servicio de agua potable en la capital, para ocultar “una crisis ambiental de salud pública”.
“Los muestreos realizados por el gobierno municipal indican una elevada presencia de contaminantes en el agua que emplea la ciudadanía, además de infiltraciones en el subsuelo y pozos de Puebla”, insistió.
Rivera Vivanco dijo que el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y. Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap) se ha convertido en un “escudero” de la empresa Agua de Puebla para Todos.
Un dictamen realizado por la asociación civil “Dale la Cara al Atoyac” en 2016 señala que el agua del río contiene arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, fósforo, aluminio, grasas y aceites, coliformes fecales, cianuros, cobre y zinc.
En este documento se indica que existe un 1313% de excedente de DBO5 en los límites permitidos de la declaratoria del Atoyac.
Además, datos del Sistema Nacional de Información del Agua (SNIA) exponen que el río tiene una clasificación de “fuertemente contaminado”, como muestran los indicadores de calidad del agua de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Una llave inagotable de recursos
Los datos oficiales de sanciones por descargas ilegales demuestran que ni el gobierno federal ni el estatal han procurado la cancelación de las fuentes contaminantes del río Atoyac, aunque sí se ha convertido en una llave inagotable de inversión de recursos.
El Instituto de Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) detectó, a través de solicitudes de información, que ambos estados destinaron desde 2013 a 2019 un total de mil 175 millones de pesos —más de medio millón de pesos al día— para recuperar las plantas tratadoras y realizar labores de saneamiento y alcantarillado en las comunidades.
Esto contrasta con la labor para censurar las fuentes contaminantes. En seis años, de 2014 a 2020, sólo se aplicaron 103 sanciones por descargas de aguas residuales ilegales, de las cuales 77 fueron aplicadas en el estado de Tlaxcala y 26 en el estado de Puebla.
De acuerdo con información proporcionada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a través de la solicitud de información 1613100018921, promovida por el observatorio Con los ojos abiertos, estas multas han ascendido en total a 41 millones 330 mil 86.65 pesos.
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En 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a las autoridades federales y a los gobiernos de Tlaxcala y Puebla por la contaminación de la cuenca del río.
Pero, tres años después, los avances eran prácticamente nulos. Por eso, en septiembre de 2013, se firmó un convenio entre la Conagua, la Semarnat, la Profepa, la Cofepris, los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala, y las administraciones municipales de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros.
El convenio, según Con los ojos abiertos, obliga a “conjuntar acciones y recursos” para elaborar un programa integran de restauración ecológica y saneamiento del Atoyac, mediante un grupo de trabajo.
Pero, hasta el 14 de abril de 2021, este grupo de trabajo no se había conformado.
