¿Qué está pasando en la UDLAP? ¿Por qué hay alumnos y alumnas protestando sobre la recta a Cholula? Aquí te contamos.
GUADALUPE JUÁREZ | @lupjmendez
El primer escenario es la sala de audiencias 8 en la Casa de Justicia de Puebla, la jueza Magally Escamilla Ramírez sólo asiente cuando Rodrigo Gurza –quien se ha presentado como el apoderado legal de la fundación Mary Street Jenkins– lee una lista de nombres a quienes culpa de no impartir clases, aunque el campus de la UDLAP “está abierto”.
Entre los nombres se encuentra el de Cecilia Anaya, quien es considerada por alumnos y personal académico como la rectora interina de la universidad, pero en la audiencia la identifican sólo como vicerrectora.
Después de dos horas, la jueza sólo repite lo que ya había dicho Gurza: “los alumnos son los más afectados con el cierre de las aulas”, “el campus está abierto desde octubre de 2021”, “son los docentes y administrativos quienes no quieren regresar”.
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Y entonces emite un exhorto para que reanuden las clases, basado en un acta notarial que específica que el campus estaba abierto, pero sin personal.
Los encabezados de los portales de noticias señalaban que el Tribunal Superior de Justicia ya “había resuelto” el regreso a clases presenciales, pero eso estaba lejano a la realidad.
De hecho, el mismo Rodrigo Gurza dijo que era responsabilidad de los académicos y de administrativos el no volver a clases, ya que era un exhorto y no se les podía obligar.
Horas antes, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Nora Escamilla –cercana al gobernador Miguel Barbosa Huerta– había retado durante la comparecencia del secretario de Educación Melitón Lozano a la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Mónica Rodríguez Della Vecchia, a ir al campus y comprobar que estaba abierto.
Escamilla sólo replicó el discurso que ha impulsado el mandatario estatal tras la toma del campus en junio del año pasado, por lo que la legisladora panista llegó al campus, y las entradas estaban cerradas, custodiadas por personal de seguridad privada.
Entonces, un grupo de alumnos llegó a las instalaciones de la UDLAP con carteles en mano, cerraron la Recta a Cholula como protesta y exigieron la apertura del campus.
Por la noche, las puertas se abrieron como si el exhorto de la jueza –que sólo pedía reanudar las clases al margen del proceso judicial entre los dos patronatos de la fundación– fuera una orden para abrirlo.
Los estudiantes que se manifestaban rechazaron entrar, pues creían que con ello legitimaban a Armando Ríos Piter como rector, por lo que afirmaron que sólo regresarían a clases si se reconocía a Cecilia Anaya como única rectora.
Cecilia Anaya –quien es reconocida por la familia Jenkins como rectora interina– emitió un mensaje en redes sociales en el que califica como representantes espurios al nuevo patronato y sus representantes legales y aunque celebró la intervención del Tribunal Superior de Justicia acusó que fue un intento de legitimar a Ríos Piter como rector.
Siguen protestas
Un grupo de estudiantes amanecieron este miércoles 2 de febrero afuera del campus con la misma exigencia: regresar a clases con Cecilia Anaya como rectora.
Los manifestantes pidieron la solidaridad de otros universitarios, al recordarles que ellos los apoyaron en la manifestación en marzo de 2020 tras el asesinato de estudiantes de la UPAEP y la BUAP.
En su conferencia matutina, el gobernador Miguel Barbosa pidió prudencia a los estudiantes y optar por el diálogo para evitar cierres viales.
El mandatario afirmó que el campus está libre y puede “ser ocupado por estudiantes y maestros”. Además, acusó a los legisladores panistas de oportunismo político, al intervenir en el conflicto de la UDLAP.
Más tarde, Carlos Robledo, el abogado de la fundación UDLAP –que identifica a Cecilia Anaya como rectora interina—afirmó que un juez federal dictó una orden de suspensión definitiva que obliga a regresar el control de la institución a la familia Jenkins.
Por tanto, desconoció cualquier acción judicial de la jueza local, pues –dijo—no tiene competencia ya que el caso está con el juez 60 de Ciudad de México.
Más tarde, los alumnos se trasladaron a las inmediaciones del Museo Regional de Cholula, para pedir la intervención del canciller Marcelo Ebrard, quien acudió a un evento junto al gobernador de Puebla.
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