Mientras el titular de la Fiscalía de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, comparecía ante los diputados locales, los familiares de desaparecidos exhibían las deficiencias del personal y la falta de recursos en la búsqueda de personas.
GUADALUPE JUÁREZ | @lupjmendez
MARIO GALEANA | @mariogaleana_
Joel Merino rompe en llanto cuando relata que ha sido él quien con sus propios medios ha buscado a Analí Merino, su hija de 23 años, quien desapareció en octubre de 2021 en Tecamachalco. Es el mediodía del lunes 14 de febrero, a las afueras de la Fiscalía de Puebla.
A unas cuantas calles, desde el Congreso de Puebla, el fiscal general Gilberto Higuera Bernal dice frente a los diputados locales que de las mil 461 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, encontraron a mil 171.
Pero entre esas mil 171 personas no está Analí. Las únicas pistas de su paradero fueron encontradas por su padre, quien revisó videos en donde veía como su hija se subió al automóvil de su novio.
Cuando interpuso la denuncia por su desaparición, Alex –quien era novio de Analí—negó conocerla y luego dijo que habían discutido y que la dejó en la carretera. Ella es originaria de la capital poblana.
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“Yo investigué más que la Fiscalía, porque ellos no pueden hacer nada, que tienen que tener una orden y a nosotros que nos traen a la vuelta y vuelta, porque tienen muchos casos, pero no avanzan en ninguno”, denuncia Joel.
La familia de Analí es abrazada por el Colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla, a quien han recurrido porque piensan que sólo con una movilización, al menos, el personal de la FGE los recibirá.
Y así es, después de recorrer la ciudad desde el Zócalo hasta la 31 Oriente, frente a la Fiscalía, los recibe personal que antes se negó a hacerlo.
Todo esto es algo que, en su comparecencia frente a los diputados de Puebla, el fiscal general no dice. Hay un vago manifiesto de empatía: “Como responsable de esta institución, al revisar nuestra información sobre la desaparición de personas no podemos menos que imaginar el drama que implica cada uno de estos delitos”. Y los diputados aplauden.
Falta personal y papelería
A pesar del incremento al presupuesto de la FGE cada año, el personal y los recursos son insuficientes para desahogar las 2 mil 500 carpetas sobre desaparecidos que se acumulan.
María Luisa Núñez Barajas, fundadora del Colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla, acusa que sólo hay seis agentes del ministerio público para investigarlos. Mientras que los agentes investigadores encargados de los casos carecen de vehículos suficientes y tienen que turnarse para trasladarse e indagar.
A esto se suman problemas que arrastran desde hace años, pues no tienen tinta para las impresoras ni papelería suficiente para que funcione la Fiscalía Especializada para la Investigación de Desaparición de Personas.
Y aunque el Instituto de Ciencias Forenses es de los únicos certificados en el país –y que según María Luisa Núñez cuenta personal calificado y con calidad humana— su carga de trabajo los rebasa.
Apenas –denuncian– tienen una arqueóloga y una antropóloga forense para atender todos los cientos de cuerpos sin identificar que llegan.
“Por eso es imposible que hagan su trabajo como lo marcan los protocolos”, lamenta Núñez Barajas, al señalar que en ocasiones tardan entre uno o dos años en lograr identificar a las personas que llegan sin vida.
Los integrantes del Colectivo entregaron dos oficios tanto al Congreso de Puebla como a la FGE atender estas deficiencias. Y aunque reconocieron que las cifras del fiscal corresponden a lo que ellos calculan, exigieron no minimizarlas, ya que eso estima que son tres casos al día.
Fiscal reconoce desaparición de mil 461 personas en 2021
El fiscal Gilberto Higuera Bernal reconoció que en 2021 desaparecieron mil 461 personas, pero sólo fueron localizadas el 80%.
Además, aseguró que entre las mil 171 personas localizadas, 84.3% son “ausencias voluntarias”, personas que abandonaron sus hogares por violencia y abusos.
“Lamento compartir que tenemos muchos casos de menores que se ausentan de sus domicilios por violencia familiar, por violencia contra ellos, por sus padres. Y tenemos casos de personas adultas mayores que se ausentan por esa misma razón”, afirmó.
Sin embargo, dijo que en 125 casos fueron denunciados en un inicio como desaparecidos, pero luego fueron encontradas sin vida.
Higuera Bernal evitó precisar cuántos casos de las personas localizadas fueron víctimas de delitos, como violencia familiar, secuestro, violaciones o abuso sexual.
En enero de 2022, informó que han abierto 119 carpetas por la presunta desaparición de 130 personas, de las cuales han localizado a 70. “Nos alienta que muchas de ellas sean encontradas con vida”, dijo.
