La comunidad nahua Tecoltemi logró el retiro de dos concesiones a la minera canadiense Almaden Minerals en Ixtacamaxtitlán, Puebla. Sin embargo, los ministros declararon constitucional la Ley Minera, a pesar que vulnera a las comunidades indígenas.
GUADALUPE JUÁREZ | @lupjmendez
La comunidad Tecoltemi, en la Sierra negra de Puebla, obtuvo un triunfo parcial, al lograr que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidiera a la Secretaría de Economía el retiro de dos concesiones mineras que tenía la firma canadiense Almaden Minerals en el municipio de Ixtacamaxtitlán, pues no hubo una consulta previa al pueblo para la explotación de oro y plata en su territorio.
Sin embargo, tras siete años de lucha, este miércoles 16 de febrero de 2022, los ministros de la Primera Sala declararon constitucional la Ley Minera.
Además, dejaron abierta la puerta para que la empresa pueda volver a conseguir los permisos de explotación en dicha zona, aunque con consulta previa a las comunidades, lo que sienta un precedente a nivel nacional.
Esto ocurrió al analizar el amparo 134/2021, interpuesto por Nicéforo Lobato, Fidencio Romano y Leoncio Lobato, integrantes del Comisariado Ejidal de Tecoltemi.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propuso en su proyecto ordenar a la Secretaría de Economía federal “dejar insubsistentes” los permisos de concesión de la minera en los lotes Cerro Grande, entregada el 5 de marzo de 2013, y la “Cerro Grande 2” que comenzó a operar el 23 de febrero de 2019.
“Si bien la Ley Minera no regula el procedimiento a seguir, existe la obligación convencional para todas las autoridades mexicanas de llevar a cabo los mecanismos o procedimientos necesarios que hagan efectivo el derecho a la consulta previa”, dijo.
Intacta, Ley Minera en México
No obstante, la SCJN dejó intacta la Ley Minera y declaró constitucionales los artículos 6, 15 y 19 que los inconformes pedían modificar, al señalar que los derechos de las comunidades indígenas en donde había recursos minerales estaban sujetos a “ciertos límites y restricciones”.
Sin embargo la comunidad nahua consideraba que esos tres artículos violan de manera directa derechos de pueblos indígenas y ejidos.
En 2015 , habitantes del Ejido de Tecoltemi demandaron a la Secretaría de Economía por haber otorgado a la minería canadiense Almaden Minerals dos concesiones sin consulta ni consentimiento.
Dicha decisión los ha llevado por una larga ruta jurídica, pues en 2019 un Juzgado de Amparo declaró las concesiones como ilegales por violación al derecho a la consulta y al consentimiento indígena, pero no abordó un análisis de la Ley Minera.
En 2021, un Tribunal Colegiado se declaró incompetente y envió el caso a la SCJN, en julio de ese año el amparo llegó a manos del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
