Familias de escasos recursos denunciaron que la Fiscalía de Puebla detuvo de forma arbitraria a siete personas en el Fraccionamiento La Guadalupana, a quienes acusan de ser responsables del secuestro de Sandra Elizabeth Portillo, en Amozoc.
GUADALUPE JUÁREZ | @lupjmendez
Isabel estaba en su casa la noche del 29 de abril en la colonia La Guadalupana, cuando unas personas llamaron a su puerta y le dijeron que los dejara pasar porque buscaban a un ladrón. Ella se asustó y les dijo que no podían entrar, pero entonces ellos sacaron un tubo con el que derribaron puerta.
Al intentar defender a sus hijos y a su marido que también estaba sometido, a Isabel la patearon en en el muslo, que le dejó un moretón. Cuando volteó hacia su casa, ya habían entrado más hombres con armas, quienes les apuntaron a los menores de edad que se encontraban ahí, bajo la amenaza de que si no dejaban de llorar, les iban a disparar.
“Nos dijeron que si abríamos la boca, alguien iba a morir. Nos dijeron que somos delincuentes y que estamos coludidos con los colombianos”, dice.
Isabel no lo sabía entonces, pero después se enteró que, al decir “los colombianos”, los hombres se referían a un hombre que años atrás fue detenido y torturado por la policía, en aras de tratar de vincularlo con un robo a una joyería.
Al día siguiente, Isabel buscó a sus hijos y quiso denunciar lo que sucedió, pero el personal de la Fiscalía General del Estado con el que platicó, le dijo que no podían hacer nada, ya que si sus compañeros determinaron que los golpes eran necesarios, así era.
Esa misma noche, José Miguel vio cómo unos hombres entraron por la fuerza a su casa. Cuando su hijo de 33 años se asomó para saber qué ocurría, estas personas sin identificarse lo tomaron y lo subieron a una camioneta. José Miguel intentó perseguirlos en bicicleta, pero no los alcanzó.
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Por la mañana, en cuanto pasó la primera unidad del transporte, público fue a la Fiscalía General del Estado para denunciar lo que creía que era el secuestro de su hijo. Pero en cuanto se preparaba para relatar lo sucedido vio pasar a su hijo Raúl detenido: lo acusaban de un secuestro.
Ahí mismo, en la sede de la Fiscalía y de forma separada, Isabel y José Miguel se enteraron que entre las 23:00 horas del 29 de abril y las 3:00 horas del 30 de abril, los agentes ministeriales habían irrumpido en las casas de otras cinco personas más, sin orden de aprehensión o cateo de por medio.
A los siete los acusaron de presuntamente estar vinculados con el secuestro de Sandra Elizabeth Portillo, quien por la noche del 27 de abril fue secuestrada mientras volvía a su casa, en la junta auxiliar de San Salvador Chachapa, en Amozoc.
El plagio de Sandra quedó plasmado en el video de una cámara que circuló en redes sociales, y que fue utilizado para alertar sobre una supuesta serie de intentos de “levantones” contra mujeres en el municipio.
Las familias de las siete personas se enteraron que la Fiscalía de Puebla los acusó de haber cobrado, en dos momentos distintos, parte del rescate que los presuntos plagiarios de Sandra exigieron a su familia.
Los siete detenidos son María de los Ángeles N. de 28 años de edad, Gustavo Ángel N. de 24 años y su hermano Alexis Jonathan N. de 25 años, Raúl N. de 33 años, Verónica N. de 33 años, Adrián N. de 37 años y Alejandro N. de 31 años.
Sin embargo, sus familias aseguran que ellos no son responsables del crimen, y que se trata de la fabricación de culpables.
En una conferencia que organizaron el 4 de abril en el Zócalo de Puebla, las familias aseguraron que ni siquiera cuentan con los recursos para trasladarse hasta el Cereso de San Miguel, donde se encuentran recluidas las siete personas.
El secuestro de Sandra en Amozoc
Sandra Elizabeth Portillo fue interceptada por unos sujetos en un vehículo la noche del 27 de abril, cuando volvía del trabajo. Desde que ocurrió su secuestro, los pobladores de Amozoc se han organizado para realizar búsquedas por su cuenta en predios, barrancas y por las calles del municipio.
Al principio, las autoridades minimizaron el caso y, de hecho, su búsqueda formal inició casi cuatro días después de su desaparición.
Horas después de la detención de las siete personas, la Fiscalía de Puebla envió un boletín a la prensa en donde dijo que eran parte de una banda que había exigido 50 mil pesos por el rescate de Sandra.
El comunicado señala que el rescate se dividió en varias partes. Un primer pago por 10 mil pesos se habría realizado en la Colonia 18 de marzo de la ciudad de Puebla. El dinero, según la fiscalía, fue recogido por Adrián, quien fue detenido junto con dos personas que lo acompañaban, Alejandro y Verónica.
Después, según el órgano de procuración de justicia, se realizó n un segundo pago por 10 mil pesos en el Fraccionamiento La Guadalupana, donde fueron detenidos Alexis Jonathan, Gustavo Ángel, María de los Ángeles y Raúl.
La fiscalía no explicó cómo ocurrió este segundo pago ni cómo se desarrolló la captura de las cinco personas, pero en cambio mostró como material probatorio cuatro teléfonos, dinero y un cable.
A pesar de presumir la aprehensión de las siete personas, la joven de 32 años sigue sin ser localizada; en tanto, en Amozoc vecinos se han organizado para hacer rondas y acompañar a quienes llegan de trabajar por la noche.
Una colonia con más historias de fabricación de culpables
Hercilia Pinto también habita en el Fraccionamiento La Guadalupana y, hace cuatro años, vivió lo mismo que las familias de las siete personas dicen estar atravesando: la fabricación de delitos por parte de la fiscalía.
En octubre de 2018, su hijo fue aprehendido tras ser señalado por el robo a una joyería, delito del que fue absuelto tras comprobarse que los elementos municipales lo habían torturado. Es él el hombre colombiano al que los agentes hicieron alusión cuando irrumpieron en la casa de Isabel.
Por la detención del hijo de Hercilia, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla emitió la recomendación 10/2020, en la que se acreditó que había sido torturado y le habían fracturaron la clavícula.
Sin embargo, desde esa fecha y aunque su hijo fue liberado, carga con el estigma de haber estado detenido. Los policías municipales la han hostigado a ella y al resto de su familia, acusándola de estar involucrada en actos delictivos.
Hercilia ha pedido a la Fiscalía de Puebla que pida una disculpa pública y gire un oficio donde reconozca que su hijo fue inculpado, pero no ha sucedido. Por eso, Hercilia vincula las siete detenciones de este año con su caso, al vivir en la misma colonia.
“Yo vivo en la misma colonia en la que sus hijos fueron detenidos, son mis vecinos, ya le pedí a la Fiscalía que me dé un informe si hay una carpeta de investigación contra mi familia, porque son cuatro años de acecho de la Policía Municipal, en los retenes le dicen a mi hijo que él es ‘el colombiano'”, dijo en la conferencia del 4 de abril, junto al resto de las familias.
Piden regular actuación policial
Ángel Manuel López, coordinador de la Unión de Asociaciones Civiles del Estado de Puebla A.C. urgió a que el Congreso de Puebla regule la actuación policial en la entidad, ya que varias detenciones arbitrarias desencadenan violaciones a derechos humanos y a la tortura o tratos crueles.
Por tanto, una de sus propuestas es la de considerar el uso de geolocalización y cámaras de videos a los cuerpos policiales, para registrar cada una de las detenciones que lleven a cabo.
