Entre octubre de 2019 al 2022 la Secretaría de Salud de Puebla atendió 10 casos de trata, pero solo en seis avisaron a las autoridades correspondientes.

GUADALUPE JUÁREZ | @lupjmendez

La Secretaría de Salud en Puebla atendió a 10 víctimas de trata de personas en diferentes hospitales entre octubre de 2019 al 2022, de los cuales sólo en seis casos avisaron al Ministerio Público, de acuerdo con datos del informe Situación de la trata de personas en Puebla 2015-2022.

En el documento elaborado por las investigadoras de la Ibero Puebla, María del Rosario Arrambide, Shanik David y Ana Laura Gamboa, explican que al no avisar a las autoridades es una irregularidad, al tratarse de un delito grave.

En los datos obtenido por las académicas, la dependencia estatal admite haber atendido a siete mujeres y tres hombres como parte del Protocolo actualizado para proteger y asistir a víctimas de trata de personas en el estado de Puebla.

Sin embargo, el caso una menor de 13 años de edad atendida en un hospital estatal con síndrome del maltrato no fue notificado al ministerio público.

Otro caso fue el de una mujer de 31 años de edad, también con síndrome del maltrato y cuya situación no fue reportada ante las autoridades.

El cuarto caso fue de una mujer de 57 años de edad con el mismo síndrome y otra de 62 años con traumatismo de regiones no especificadas en el cuerpo.

Los casos en los que el personal de salud sí dio aviso a las autoridades, atendieron a las víctimas por efectos tóxicos de sustancias, síndrome del maltrato, heridas en la muñeca y de la mano, heridas en la cabeza y hasta fractura de la pierna.

Pocas sentencias

Las investigadoras de la Ibero Puebla detallaron que, de 2015 a 2022 periodo que abarcó su análisis sólo el 25 por ciento de las 257 carpetas de investigación por trata de personas llegaron a sentencia.

Además, de las 280 víctimas de trata rescatadas, sólo en 33 casos las víctimas les ofrecieron protección.

Por otra parte, lamentaron que no haya una sistematización de la información, en la que no detallan edad de las víctimas, la modalidad de explotación, lo cual consideraron de preocupante, pues al no medirse es díficil la creación de las políticas públicas al respecto.

El documento abarca un análisis del delito a nivel nacional, el incumplimiento de las obligaciones de diversas autoridades y la falta de articulación entre instituciones.

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