Cómo un pueblo expulsó a un gigante minero de su territorio: Apenas 129 personas de la comunidad nahua de Tecoltemic, en la Sierra Norte de Puebla, lucharon durante años para que se cancelaran dos concesiones otorgadas por el gobierno, sin consultarles, a la minera canadiense Almaden Minerals, que amenazaban con desgajar cerros, envenenar el agua y borrarlos del mapa. Emprendieron una batalla legal y, contra todo pronóstico, ganaron

Aranzazú Ayala / Periodismo de lo Posible

Tecoltemic no tiene un letrero de “bienvenidos” ni señalamientos que indiquen su nombre. Para llegar hay que recorrer caminos que, desde lejos, parecen angostas serpientes abriéndose paso por el monte. Entre arbustos y magueyes, brotan algunas casas sobre la tierra y bajo el azul de un cielo despejado. Ahí, en la Sierra Norte de Puebla, casi invisible, se ubica esta pequeña comunidad nahua de apenas 129 habitantes que logró lo impensable: expulsar a un gigante minero de su territorio. 

Era el 22 de marzo de 2022, día en que las comunidades celebraron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de cancelar las concesiones 219469 y 233434, correspondientes a los lotes mineros Cerro Grande y Cerro Grande 2, otorgadas a la empresa canadiense Almaden Minerals para explotar los minerales de la región en un proyecto que afectaba a Tecoltemic y a otras once comunidades vecinas del municipio de Ixtacamaxtitlán. 

Las palabras de Itzel Silva, abogada de la organización Fundar, sonaron en la cancha de usos múltiples del ejido, cuyos alrededores están cubiertos de magueyes y manzanos, y de milpas entre marzo y septiembre: “Esto sienta un precedente para Tecoltemic y para las comunidades de Ixtacamaxtitlán, pero también para otros pueblos y comunidades indígenas de México que han estado en pie de lucha por su territorio”. 

El litigio inició siete años antes, en 2015, cuando el ejido de Tecoltemic, respaldado por comunidades del municipio de Ixtacamaxtitlán y de la región, apoyado por las abogadas de Fundar y el Consejo Tiyat Tlali, interpuso un amparo para cancelar las licencias. Minera Gorrión, la filial mexicana de Almaden Minerals, tenía dos concesiones de más de 14 mil hectáreas en terrenos y cerros en los que, aseguran, hay un gigantesco yacimiento de oro y plata. Pretendían establecer una mina a cielo abierto para obtener el metal. Desde su llegada, la empresa empezó a contratar a gente del lugar, a convencer a habitantes de vender sus terrenos y a difundir las supuestas bondades del proyecto.

La gente mayor del ejido recuerda que, ya desde finales de la década de 1990, sobrevolaban helicópteros en la zona y se decía que “eran mineros que estaban explorando” el área.  Después, se enteraron de que la Secretaría de Economía había otorgado dos concesiones a la minera en 2003 y 2009. Para 2012, la empresa ya tenía presencia en Villa de San Francisco Ixtacamaxtitlán, la cabecera municipal, con oficinas y personal. 

El origen de la resistencia

Thania Marreros, habitante de Tecoltemic, defensora del territorio y comunicadora comunitaria de 26 años, dice que la presencia de la mina atravesó toda su vida. Cuenta que aún no había nacido cuando la empresa ya hacía las primeras visitas de exploración y comenzaba a establecerse en las comunidades. 

“La Secretaría de Economía dio los dos permisos o concesiones, como ellos les llaman. ¿Qué iba a pasar con nosotros o con nuestras tierras? ¿Quiénes eran esas personas que no se parecían a la gente de la región? Altos, blancos, moviéndose en camionetas blancas 4×4, siempre en grupo”, recuerda Thania.

Narra que desde un principio se violaron los derechos de la comunidad: nunca se realizó una sesión informativa y se transgredió el derecho constitucional a la tierra y al territorio, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que define las responsabilidades de los Estados para proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, incluida la obligación de realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades sobre medidas que les afecten. 

Tampoco hubo un acercamiento con los 129 habitantes para explicarles las consecuencias de un megaproyecto de explotación de oro y plata, que utiliza una sustancia tóxica como el cianuro para separar los metales preciosos de la roca. Por el contrario, la minera fue introduciéndose en la vida cotidiana de los casi 26 mil habitantes del municipio serrano de Ixtacamaxtitlán.

La comunidad comenzó a notar su presencia sin tener información. Almaden Minerals negoció con el gobierno e inició trabajos sin advertir a los pobladores sobre los riesgos de una mina a cielo abierto: contaminación del agua y la tierra, afectaciones a la salud de humanos y animales. Para la explotación se utilizan alrededor de 38 mil toneladas de explosivos, que generan gases de efecto invernadero y violan normas de seguridad por la cercanía con las viviendas; además, la mina necesitaba, para operar, 5 millones 300 mil litros de agua diarios durante los primeros cuatro años, que aumentaban a 11 millones de litros diarios durante los diez años siguientes.

Los químicos usados en la barrenación son altamente peligrosos, pues se emplean para el lavado de metales y luego se escurren hacia las barrancas, ríos y veneros; además, la perforación contamina los acuíferos, altera el curso de los manantiales y deja a la comunidad sin agua disponible para el riego y el cultivo.

Durante mucho tiempo, la minera se dedicó a comprar la simpatía de la gente, dividiendo a familiares, vecinos y comunidades. La empresa otorgaba becas a estudiantes, daba material para obras públicas e incluso organizaba viajes recreativos para las familias; a eso se sumaba la expectativa de los habitantes de conseguir empleo. Por esto, muchos insistían en apoyar el proyecto. Pero en 2016, un grupo de pobladores, que ya se habían convertido en defensores, visitó Carrizalillo, Guerrero —ubicado a más de 400 kilómetros de la Sierra Norte de Puebla—, donde está Equinox Gold, una de las minas de oro más famosas del país, y ahí se disiparon sus dudas. 

“En Carrizalillo vieron lo que podría ser nuestro futuro si no hacíamos algo”, dice Thania. “La minería a cielo abierto no se ve como la minería tradicional subterránea. Hoy se utiliza una gran cantidad de explosivos para fracturar los cerros desde dentro, volando árboles, animales, la vegetación, todo. Donde había un cerro, solo queda un profundo hoyo”.

“¿De qué sirve que nos adoquinen nuestras calles, nos las pongan bien, nos hagan casas? Si de aquí a mañana se van a quedar pueblos fantasmas, ¿por qué?”, se preguntaba Alejandro Marreros, líder del movimiento en Tecoltemic y tío de Thania. 

Poco a poco, más gente entendió la importancia de defender la tierra. Así, recuerda Alejandro, en 2013, los 12 pueblos de Ixtacamaxtitlán conformaron la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua. Tener un colectivo les permitió contar “con una estructura, un comité y personas que pudieran dinamizar el trabajo organizativo y de defensa en las comunidades”, dice Alejandro.

“Empezamos a sentirnos acompañados en una lucha que muchos pensaban que sería imposible”, recuerda Thania.

La batalla en tribunales

Fue en 2015 cuando la comunidad nahua de Tecoltemic, respaldada por otros pueblos y organizaciones, decidió llevar la batalla al ámbito legal para retirar los permisos a la empresa y terminar con la amenaza al territorio. El ejido presentó una demanda de amparo contra la Secretaría de Economía por haber otorgado las dos concesiones sin una consulta previa, libre e informada, por violar los derechos del pueblo indígena al no respetar su derecho a decidir sobre el territorio que habitan, y argumentaron además la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley Minera, por considerar que privilegia a las empresas por encima de las personas y el medio ambiente.

En palabras de la abogada Diana Pérez, “estas dos concesiones, que no son más que una simple hoja de papel, otorgan derechos sobre el uso del agua y de la tierra, y dan preferencia a la minería por encima de cualquier otra actividad”. Desde que la empresa recibió los permisos, realizó diversas actividades de exploración; por esto, se abrieron investigaciones por delitos ambientales y se condicionó a la minera a respetar los derechos de los pueblos indígenas de la Sierra Norte de Puebla, particularmente del municipio de Ixtacamaxtitlán, explica.

La reacción de la empresa fue ampararse para no cumplir con la obligación de respetar sus derechos, lo cual, según Pérez, “demuestra su incapacidad de mirar la importancia de la tierra y el territorio para los pueblos originarios de la Sierra Norte de Puebla. Pero no es sorpresa”.

El conflicto con Almaden Minerals escaló ante la incertidumbre de la resolución legal. La tensión crecía en el municipio: mientras quienes apoyaban el proyecto acusaban a los pobladores que se oponían de frenar fuentes de empleo, en los medios la narrativa se inclinaba a favor de la empresa y se criminalizaba a los defensores de la tierra.

En febrero de 2022, la Primera Sala de la SCJN concedió el amparo a Tecoltemic, que en ese momento tenía registrados 129 habitantes. En julio, la Secretaría de Economía declaró las concesiones “insubsistentes”, lo que significaba que habían sido canceladas. Al año siguiente, en febrero de 2023, la secretaría estableció que no era posible otorgar las concesiones a la empresa canadiense por no ajustarse a la Ley Minera. Meses después, en abril, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en Puebla confirmó el cumplimiento de la sentencia de la SCJN.

Para celebrar el fallo, se organizó un gran festejo en Tecoltemic, al que llegaron pobladores de comunidades vecinas e integrantes de organizaciones aliadas como Fundar, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder) y el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (Imdec). 

“Fue también para reconocer la labor de quienes articularon la lucha, tanto a nivel comunitario como en la defensa legal. La banda preparó unos reconocimientos para entregarle a las organizaciones, y a Itzel y a Diana como nuestras abogadas. Hubo barbacoa, mole, música, danzas; se bailó mucho, hubo mucho pulque. Fue un momento muy emotivo que permitió reencontrar a toda la banda”, recuerda Thania.

Después de ser expulsada de Ixtacamaxtitlán, Almaden Minerals inició un proceso de demanda contra el Estado mexicano, al que reclamó una indemnización de 200 millones de dólares por la cancelación del proyecto, por lo que el gobierno federal inició un peritaje en la zona donde estaban ubicadas las concesiones. Pero la comunidad de Tecoltemic y todos los pueblos unidos han insistido en que su lucha no es contra la empresa canadiense, sino para preservar la vida y el territorio. 

Como dijo la abogada Diana Pérez el 22 de marzo de 2022, día en que celebraron el triunfo de la lucha comunitaria: “La ley la hacen los pueblos y es para defender la vida. ¡Gracias, compañeros!”.

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Esta historia es la versión escrita del pódcast “Puebla: La lucha de un pueblo por existir”, cuya investigación y guion fueron realizados por Radio Tsinaka. Forma parte de la serie “Periodismo de lo Posible: Historias desde los territorios” —proyecto de Quinto Elemento Lab, Redes A. C., Ojo de Agua Comunicación y La Sandía Digital—, que también puede ser escuchada aquí: https://periodismodeloposible.com/.