El Árbol de la Esperanza vuelve a crecer con dolor y resistencia en el zócalo de Puebla.
GUADALUPE JUÁREZ | @lupjmendez
Nada ha cambiado desde el 2019, año en el que instalaron el Árbol de la Esperanza frente al zócalo de Puebla, dice María Luisa Núñez Barojas, fundadora del Colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla.
Los padres y madres de las personas desaparecidas siguen año con año colocando las fotografías de sus seres queridos con el deseo de encontrarlos pronto y que vuelvan a casa.
“Este árbol como ustedes saben no va a medir 10, 20 o 30 metros, este árbol no va a brillar con luces de la temporada, este árbol no se ve bonito, no luce espectacular… este árbol sigue y seguirá reflejando la cruda realidad de por lo menos 3 mil familiares de personas que siguen buscando en el estado”, agrega.
La activista recuerda que la instalación del árbol es una exigencia al Estado de justicia y de verdad y el derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas.
En este sentido, reprochó que en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se invisibilizó la desaparición de personas, cuando atraviesa todo el tipo de violencias contra las mujeres, como la económica para las buscadoras, la laboral y la estructural.
En esta ocasión, buscadoras tapizaron sus cuerpos con fichas de búsqueda, ya que en días pasados hicieron un performance en el que se percataron que la sociedad todavía es indiferente con el tema de la desaparición.
La activista Minerva González compartió que en su búsqueda a sus casi 82 años pudo encontrar a su hijo en el Semefo, donde permaneció desde los primeros días que desapareció.
Acusó que aunque acudía a pedir informes, el personal de la Semefo le negaba revisar si estaba su hijo ahí, por lo que cuando el mes pasado consiguió que le mostraran fotografías y lo identificó, le hicieron pruebas para corroborar que se trataba de José Martín y los resultados fueron positivos.
El dolor de no haberlo encontrado fue mayor cuando le dijeron que debido a los años que estuvo ahí, tenía que pagar entre 3 mil a 4 mil pesos.
Minita, como la conocen sus compañeras buscadoras, dice que pidió apoyo de las autoridades en la mesa con el gobernador Alejandro Armenta, quien al final pidió acelerar los trámites y ya no pagó nada.
Sin embargo, reprocha el trato que sufrió y aseguró que pese a su avanzada edad, volverá a las calles a buscar a más desaparecidos junto a otras madres que como ellas buscan a sus seres queridos.
