Por Alejandra Guillén, Mago Torres y Marcela Turati
El 20 de febrero de 1943 la comunidad purépecha de Angahuan observó atónita cómo se abrió la tierra, expulsó humo negro de su interior y comenzó a parir al Paricutín, el volcán más joven del mundo. Más de 60 años después, ese mismo municipio michoacano, fue sitio de otro hallazgo: al cavar la tierra, la policía encontró seis hombres maniatados, semi desnudos, con los ojos vendados y la yugular cortada. Era el 7 de septiembre de 2006.
La primera fosa clandestina del año acababa de ser descubierta en ese boscoso paraje turístico, a sólo media hora de la próspera ciudad de Uruapan. Ocurrió después de que lugareños dijeron haber visto pasar una camioneta de lujo; al asomarse detectaron tierra removida.
Angahuan volvió a honrar uno de los significados que dan a su nombre en purépecha: “En medio de la tierra”.
El hallazgo de estos cuerpos marcó el comienzo de la barbarie. Desde entonces, y mientras se desplegaba la “guerra contra las drogas”, a los asesinos ya no les ha bastado matar; ahora se esmeran en ocultar los cuerpos.
Así es como las fosas clandestinas se multiplicaron.
Una investigación iniciada hace año y medio por un equipo de periodistas independientes, y que a medio camino encontró respaldo financiero y editorial de Quinto Elemento Lab, revela que prácticamente en todo el país se han encontrado casi 2 mil fosas clandestinas entre 2006 y 2016, a un ritmo de vértigo: una fosa cada dos días, en uno de cada siete municipios de México.
Fueron, al menos, mil 978 entierros clandestinos en 24 estados del país. Esta cifra supera por mucho la información dada por el gobierno mexicano hasta hoy.
Las fiscalías recuperaron de estos hoyos 2 mil 884 cuerpos, 324 cráneos, 217 osamentas, 799 restos óseos y miles de restos y fragmentos de huesos que corresponden a un número aún no determinado de individuos.
Del total de cuerpos y restos, en todos estos años, y de todas estas fosas, sólo mil 738 de las víctimas han sido identificadas, según documenta la investigación hecha a partir doscientas solicitudes de acceso a la información a las autoridades de cada uno de los 32 estados.
Este es el mapa, al menos parcial, de la dimensión de la barbarie.
El fenómeno creció a niveles de catástrofe si se toma en cuenta que el año 2006 fueron descubiertas sólo 2 fosas, y que en los años siguientes subió a varios cientos el número de ellas.
En 2007 el número de escondites de cuerpos descubiertos bajo tierra trepó a diez, extendidos en cinco estados. En 2010 la cifra anual ya era de 105 fosas, en 14 entidades; en 2011 fue en 20 estados y saltó a 375, equivalente en promedio a una por día.
A partir de 2012 los hallazgos de entierros clandestinos, por año, no han bajado de 245.
Las inhumaciones ilegales se convirtieron en uno de los sellos de agua de los dos sexenios, al grado de que en uno de cada siete municipios mexicanos personas criminales cavaron hoyos en la tierra para ocultar los cadáveres de sus víctimas y, en algunos casos, también quemarlos.
En por lo menos 372 municipios de México hubo personas que desaparecieron a sus víctimas de esta manera.
“Esta investigación permite conocer los municipios donde el crimen organizado tiene capacidad de asesinar personas y hacer fosas para desaparecerlas; permite ver nuevas formas de operación y de gobierno donde la gente no se atreve a denunciar. Sería interesante saber cuánta gente vive en este 15 por ciento de los municipios con fosas y que nos dan indicios de esquemas de gobernanza criminal”, reflexiona Sandra Ley, profesora-investigadora del CIDE experta en criminalidad y violencia, al conocer los resultados de esta investigación.
Esta cifra inédita de casi 2 mil fosas en 11 años está sustentada en las respuestas que proporcionaron las fiscalías de 24 estados a las solicitudes de acceso a información pública que realizamos.
Aun cuando estos datos superan todas las cifras dadas antes por cualquier autoridad, la información todavía está incompleta.
Ocho estados no están incluidos en el mapeo porque respondieron que en esos 11 años no encontraron fosas: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Yucatán.
Sin embargo, Yucatán es el único estado donde nadie -ni la fiscalía local, la PGR, la CNDH o la prensa- había registrado hasta esa fecha el hallazgo de algún entierro clandestino.
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Fotografía de portada: Mónica González.
