Por Guadalupe Juárez / @lupjmendez

A dos años del inicio de la estrategia impulsada desde el gobierno del estado para combatir el robo de hidrocarburos, todo sigue igual: los niños halcones, los jóvenes huachicoleros, las tomas clandestinas, la presencia de militares en las comunidades cercanas a los ductos de Pemex, la venta de gasolina y diésel en el mercado negro.

El exgobernador José Antonio Gali Fayad asumió como un logro de su gobierno —que duró menos de dos años— el combate contra el robo de combustible, pero los detenidos que presentó han salido libres, a quienes señalaron como capos huachicoleros se encuentran prófugos y, en el terreno legal, incluso han recurrido a amparos para evitar su captura.

Y la recuperación de los 9 millones de hidrocarburos que el gobernador hizo en 22 meses —según los datos oficiales de su administración— es apenas el 60% de lo que se roban en todo el país durante un solo día.

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en México se extraen ilegalmente 15 millones de hidrocarburos diariamente; y Puebla, junto a otros seis estados más, concentra el 80% de esa cantidad.

En su gestión, Gali Fayad informó sobre la detención de 980 personas vinculadas a este delito. Sin embargo, un informe de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) publicado en 2017 reveló que no había sentencia condenatoria contra ninguno de los detenidos.

En 2018, el exgobernador reconoció que sólo había logrado vincular a proceso a 450 personas presuntamente dedicadas al robo de hidrocarburos.

Y aunque Puebla dejó de encabezar la lista de los estados con más robo de combustible, la rapiña no cesó: el 2018 cerró con más tomas clandestinas que durante el año anterior, cuando Gali Fayad inició su gobierno.

Este es el panorama del estado a dos años del inicio de la guerra contra el huachicol.

El huachicol no cede

Los esfuerzos de la guerra contra el huachicol han sido estériles. A lo largo de dos años, entre 2016 y 2018, en Puebla hubo un aumento del 35% en el registro de tomas clandestinas a ductos de Pemex.

Al rendir protesta al cargo, José Antonio Gali dirigió todos los esfuerzos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para tratar de controlar la ordeña de ductos, centrada —hasta entonces— en el llamado “triángulo rojo”, un corredor de 21 municipios.

El 2016 había terminado con un total de mil 533 tomas clandestinas y Gali Fayad tenía ante sí la tarea de contener el avance. Y lo hizo… al menos durante el primer año de su mandato, pues 2017 cerró con un registro de mil 443 tomas clandestinas.

Y, sin embargo, Puebla seguía siendo el estado del país con más problemas de huachicol, pues en aquel año ocupó el primer lugar nacional en registro de tomas clandestinas.

El temporal triunfo del gobernador dio resultados en el Triángulo Rojo durante los primeros meses de 2018, pero la ventaja duró poco. A finales del año pasado de nueva cuenta se registró actividad de los huachicoleros en esta zona, y el huachicol creció exponencialmente.

En suma, a lo largo del año pasado en el estado se registraron 2 mil 72 tomas clandestinas, lo que representó un incremento del 43% en relación a 2017.

Se esfuman peces gordos

El empresario gasolinero Othón Muñoz Bravo, a quien se le conoció con el sobrenombre de El Cachetes, y Alejandro Martínez Fuentes, El Toñín, no sólo libraron cualquier juicio en su contra, sino que incluso han tratado de limpiar su imagen mediante cartas aclaratorias enviadas a las dos cadenas televisivas más grandes del país.

Muñoz Bravo rechazó que su detención en 2017, durante el gobierno de Gali Fayad, haya sido por robo de combustible. Y, a través de redes sociales, aseveró que no hay ninguna investigación en su contra por parte de autoridades federales o estatales, y dijo que sus negocios se encuentran en regla.

“Manifiesto que con lo que afirma que fui puesto a disposición de las autoridades por ser huachicolero (…) nunca he sido investigado por ser líder huachicolero y mucho menos por la venta de combustible robado, toda vez que mis empresas se encuentran en regla y sin ninguna investigación por parte de las autoridades”, dice en el texto que presentó como derecho de réplica ante TV Azteca Puebla.

El empresario amagó con demandar por daño moral al principal noticiero de la televisora por haber utilizado su imagen en un reportaje de presuntos huachicoleros, además de señalarlo como uno de los líderes de este delito.

La historia de El Cachetes se remite a agosto de 2017. Ese mes, el entonces gobernador Gali Fayad anunció que habían capturado a un líder huachicolero, en medio de un fuerte operativo dirigido por la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, en el fraccionamiento El Secreto, ubicado en Lomas de Angelópolis.

Según la Fiscalía General del Estado (FGE), había sido encontrado con armas de fuego de alto calibre, vehículos blindados y drogas.

Los primeros informes lo relacionaron con El Toñín, quien de acuerdo a reportes de inteligencia tiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, por lo cual varias de sus gasolineras ubicadas en la capital poblana fueron cerradas e investigadas por los diferentes órdenes de gobierno.

Sin embargo, meses después —y tras ser relacionado con diversos actores políticos—, fue liberado;  las estaciones de servicio a su nombre cambiaron de imagen y reabrieron con una marca propia.

El caso de Antonio Martínez Fuentes no es tan distinto: con la protección de amparos federales, demandó por daño moral a Televisa, después de un reportaje que lo señalaba como líder huachicolero. Su defensa dijo contar con pruebas documentales a su favor con las cuales se deslindó de cualquier investigación por robo de hidrocarburos.

Martínez Fuentes fue señalado en diversas ocasiones como una de las cabecillas del crimen organizado dedicado a la perforación de ductos.

De acuerdo con las declaraciones del ex secretario de Seguridad Pública Jesús Morales Rodríguez, El Toñín contaba con una red ciudadana de protección en Palmarito Tochapan, Quecholac.

En su momento, se aseguró que El Toñín era hermano de Alejandro Martínez Fuentes, electo el pasado 1 de junio como presidente municipal de Quecholac, después de haber sido propuesto por el partido Pacto Social de Integración (PSI). Sin embargo, el alcalde negó que su hermano fuera huachicolero y aseveró que simplemente se trataba de un homónimo.

Otro de los objetivos del gobierno del estado fue Roberto de los Santos de Jesús, El Bukanas, quien fue policía estatal en Veracruz y, más tarde, parte del cártel de Los Zetas.

A El Bukanas lo responsabilizaron de la muerte de tres agentes de la Fiscalía Especializada de Delitos de Secuestro y Alto Impacto (Fisdai) en abril de 2017.

Desde entonces se ha mantenido prófugo, pese a la recompensa de 5 millones de pesos del gobierno de Veracruz para quien brinde información sobre su captura.

Con la persecución de capos, inició también la investigación de autoridades presuntamente cooptadas por el crimen. Pablo Morales Ugalde, ex alcalde de Palmar de Bravo —postulado también por el PSI— y dueño de varias gasolineras, fue detenido en 2017 por presunto lavado de dinero, pero en la actualidad se encuentra libre.

Otro alcalde señalado en su momento por tener vínculos con grupos criminales fue el ex presidente de Atzitzintla José Isaías Velázquez Reyes, detenido en marzo de 2017 —en un operativo en donde supuestamente se escapó El Bukanas—, y, como casi todos, liberado el año pasado.

Afloja guerra contra el huachicol

En las últimas semanas de la administración de Gali el gobierno estatal abandonó todo esfuerzo.

En 21 meses, las autoridades poblanas recuperaron, en promedio, 13 mil 529 litros de combustible robado al día. Pero durante las últimas tres semanas no hubo más avance: el indicador de hidrocarburo recobrado se mantuvo en 9 millones 200 mil litros.

De acuerdo con información otorgada por el grupo Puebla Segura —como se denominó al esquema de coordinación entre fuerzas federales, estatales y Pemex— desde el 28 de octubre no se recuperó un solo litro.

Tampoco se realizó un solo operativo. La cifra de recuperación de vehículos robados se mantuvo igual —en 1,300 unidades—, lo mismo que el registro de tomas clandestinas —con 2,600 reportes de ellas—.

Los últimos operativos para recuperar el combustible sucedieron entre el 21 y el 28 de octubre de 2018: de 8 millones 812 mil 587 litros pasaron a 9 millones 200 mil. Es decir, en una semana consiguieron arrebatarle al mercado negro 387 mil 413 litros de hidrocarburo.

Se trataba de una tendencia, pues durante todo octubre se reflejó un aumento en la recuperación del combustible robado: entre el 7 y el 14 de octubre, el indicador pasó de 8 millones 668 mil 272 litros a 8 millones 740 mil 378 litros incautados.

Luego, del 14 al 21 de octubre la cifra creció a 8 millones 812 mil 587 litros.

Los niños huachicoleros

Al llegar a Casa Puebla, Gali Fayad aseguró que había detectado desde su campaña —es decir, a principios de 2016— que los huachicoleros utilizaban a menores de edad como halcones a cambio de sueldos de hasta 8 mil pesos al mes, por lo cual abandonaban sus estudios.

Sin embargo, los titulares de Educación Pública lo desmintieron ante los medios. Primero lo hizo Patricia Vázquez del Mercado —secretaria a principios de su gobierno—, y luego Ignacio Alvízar Linares —secretario en la recta final de la administración—. Ambos declararon a los medios que no contaban con una cifra oficial que indicara que la deserción escolar fuera por estos motivos.

Pese a ello, el exmandatario informó que de los 3 mil menores que se encontraban en estas redes de halconeo, por lo menos 1,500 habían regresado a las aulas. A la fecha, sin embargo, no hay información oficial que acredite tal declaración.

Durante su administración se llevaron a cabo una serie de caravanas en donde las dependencias estatales de salud y la Secretaría General de Gobierno, además del Ejército mexicano, acudían a los municipios con mayor índice de robo de combustible para otorgar servicios médicos y dar pláticas en las escuelas públicas sobre valores y el riesgo de delinquir.

No obstante, el impacto en las comunidades no se puede medir, ya que no existe una base de datos oficial que indique cuáles fueron los beneficios de estas acciones, ni tampoco la inversión económica y material para ello.

¿Siguen vendiendo combustible robado?

A inicios de 2017 y de la gestión del gobierno estatal anterior, el precio por litro del combustible robado oscilaba entre los seis y ocho pesos.

El año pasado, el precio del huachicol por litro alcanzó los 14 pesos, lo que fue tomado como una ligera victoria para Gali Fayad, pues el encarecimiento del combustible robado permitía competir a las empresas gasolineras establecidas de manera legal.

Pero a unos meses de distancia, la realidad es otra: en la capital del estado la distribución de la gasolina extraída ilegalmente se mantiene; ahora los centros de distribución son más discretos y la compra del combustible es un pacto con la delincuencia.

Fuentes anónimas señalaron que los huachicoleros piden a sus “clientes” total discreción a cambio de las gasolinas y diésel a bajo costo. Una amenaza sella el acuerdo: si revelan dónde se distribuye el combustible robado, ellos asesinarán a sus familias.

“Es un contrato con la muerte, pero un alivio en el bolsillo”, dice un transportista que recurre a comprar huachicol al norte de la ciudad de Puebla, pues asegura con el ahorro de cargar el tanque de su microbús, puede destinar más dinero a los gastos familiares.

¿En qué consistió la estrategia Puebla Segura?

• El gobierno estatal signó convenios con la Sedena, la Semar, la SHCP, Pemex y la Policía Federal para que apoyaran su estrategia. A este grupo de dependencias se le denominó Puebla Segura.
• En febrero de 2017, Antonio Gali anunció la presencia de 500 militares en el Triángulo Rojo como parte de su estrategia frente al crimen. El Triángulo Rojo era el corredor de 21 municipios en donde se registraban las tomas clandestinas.
• Para “reconstruir el tejido social”, el gobierno del estado anunció las Caravanas de Acciones de prevención en esta región. Las caravanas consistían en dar servicios médicos, psicológicos y pláticas sobre la prevención de la violencia y la delincuencia.
• También les daban pláticas de prevención social sobre la violencia y de la delincuencia, bolsas de trabajo, ofertas educativas
• Los beneficiarios fueron pobladores de Acajete, Acatzingo, Amozoc, Chalchicomula de Sesma, Coronango, por mencionar algunos.
• En 2017, la caravana informó haber registrado 101 mil 404 atenciones, sin datos de evaluación o de beneficios positivos.

La situación actual por el robo de combustible *

2016: 1,533  tomas clandestinas (Así recibió Gali el estado)

• Tepeaca, Palmar de Bravo, Acajete, Quecholac, Acatzingo, San Matías Tlalancaleca, San Martín Texmelucan, Esperanza, Coronango y Amozoc son los primeros lugares por robo de combustible en el estado

2017: 1, 443 tomas clandestinas. Puebla se convierte en el primer lugar nacional en robo a ductos.

• San Martín Texmelucan, Tepeaca, Quecholac, San Matías Tlalancaleca, Tlahuapan, Acajete, Palmar de Bravo, Coronango, Acatzingo y Huejotzingo, encabezan la lista de municipios con más tomas.

2018: 2, 072 tomas clandestinas. Puebla es el segundo lugar a nivel nacional en robo de combustible

• Municipios con más casos en 2018: San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, Tlahuapan, Puebla, Coronango, Huejotzingo, San Salvador El Verde, Huauchinango, Ahuazotepec y Cuautlancingo

En los primeros 20 días de enero de 2019, Pemex detectó 12 casos. Puebla ocupa el octavo lugar en tomas clandestinas

*Cifras: Pemex / Gobierno Federal/ Coordinación Puebla Segura/ Segundo informe de José Antonio Gali Fayad

Fotografía de portada: Sin Embargo