Por Aranzazú Ayala Martínez de Lado B
Aurelio Alfonso Solís Castañeda tenía 20 años el 8 de septiembre de 2016, cuando salió al centro de Xicotepec, donde vivía, a comprar unas cosas con su amiga África Quiroga Castro. Pero ninguno de los dos regresó. A los pocos días, su familia se enteró que habían desaparecido junto con su maestro Roberto Hernández Sánchez, de 29 años.
Dos años y medio después no hay ninguna pista de los tres y para Patricia Solís, hermana de Aurelio, no es fácil seguir con la investigación porque tiene que trasladarse más de tres horas desde Xicotepec de Juárez hasta Puebla capital para insistir a la Fiscalía que busque a su hermano. A pesar de esto, el miércoles 27 de febrero Patricia está en uno de los salones de la planta alta de Casa Aguayo, sede de la Secretaría General de Gobierno del estado de Puebla, junto con familiares de al menos otras 9 personas desaparecidas de diferentes municipios.
Todos tienen algo en común: llevan fotos, hojas y pancartas con un rostro, una fecha, un teléfono y una petición: “Ayúdame a regresar a casa”. “Te estamos buscando”.
Los familiares de personas desaparecidas acudieron al foro “Rumbo a la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Puebla”, este pasado 27 de febrero, convocados por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del gobierno del estado. El evento se dio como un primer paso para, por fin, instalar la Comisión Estatal de Búsqueda que lleva cerca de un año de atraso.
La mayoría de los familiares era integrante del colectivo “Voz de los desaparecidos en Puebla”, que apenas va a cumplir un año de existencia. La organización se articuló obligada por la falta de atención de las autoridades y por el nulo seguimiento a los casos. Todos los familiares comparten el mismo camino que han denunciado sin parar: se convierten ellos mismos en ministerios públicos e investigadores y tienen que hacer el trabajo que le tocaría a la Fiscalía.
En este contexto, Puebla tampoco tiene una Comisión Estatal de Búsqueda –que debería estar ya instalada junto con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas–, y hace falta el pleno funcionamiento de una Fiscalía especializada en atender la desaparición de personas.
Ante la falta de apoyos, las familias tienen que organizarse para investigar y dar seguimiento a sus casos; tarea que es mucho más difícil para quienes viven lejos de la capital.
Ese es el caso de Gloria Elena Camarillo Viveros, cuya hermana, Olivia Cristina, lleva alrededor de tres años desaparecida.
Olivia Cristina Camarillo tiene tres niñas. La menor tenía cinco años cuando su madre desapareció el 16 de agosto de 2016 en Tehuacán, cuando salió por trabajo. Gloria cuenta que su hermana era cobradora en una financiadora. Ese día estaba cocinando con su hija cuando recibió una llamada; apagó la estufa y le dijo a la niña que no tardaba, que una persona que buscaba en la mañana le había hablado y que iba a salir por trabajo. Nunca regresó.
La familia de Olivia tiene que viajar, al menos dos horas de ida y dos más de regreso para ir hasta las instalaciones de la FGE y asegurarse de que las investigaciones avancen. Gloria denunció que en una ocasión tras entregarle al agente encargado del caso unas fotos de las cámaras de seguridad del trayecto por donde pasó su hermana, semanas después fue a verlo y las fotografías seguían guardadas en su escritorio: las cámaras no fueron revisadas, ninguna orden fue girada. Aunque Gloria y su familia le dieron pistas a la FGE, aseguran que las autoridades nunca las investigaron y daban menos seguimiento si no iban a Puebla a insistir en los avances.
Rosario Arrambide, encargada del área de Orientación Jurídica del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, dijo que Puebla pasó “desapercibida” a nivel nacional por el ocultamiento que se le dio al tema de desaparecidos. Pero hoy en día, siendo una de las entidades con más personas sin localizar, el fenómeno ya no puede ser ignorado por el Estado.
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