MARIO GALEANA | @MarioGaleana_*
Los linchamientos en Puebla se han triplicado durante los últimos años, y desde que empezó el 2020 se ha registrado un intento de linchamiento cada dos días y medio.
Entre 2017 y 2018 se documentaron 330 casos, que representan el triple de este tipo de incidentes ocurridos en el estado entre los años 1988 y 2016, según una investigación del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana de Puebla.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal, en lo que va del año se han presentado 108 casos de linchamiento e intentos de linchamiento en 36 municipios. Cinco personas fueron asesinadas en estos hechos, mientras que 160 fueron rescatadas.
Aunque los linchamientos son asesinatos tumultuarios, las autoridades han mostrado una actitud más bien permisiva frente a estos crímenes.
El último linchamiento, ocurrido la noche del 9 de julio en la junta auxiliar de San Marcos Tlacoyalco, en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, no ha ameritado ninguna acción penal por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque se tienen identificadas a tres personas por incitar al acto.
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La parte más oscura de la ‘justicia por mano propia’ es cuando se equivoca. Cuando desvela, con toda su indecible brutalidad, que puede convertirse en una injusticia irreversible.
Y eso justamente fue lo que ocurrió en San Marcos Tlacoyalco. La turba —que durante algún momento de aquella noche llegó a congregar a mil personas, según la Segob— masacró a Manrique Mezquita Tadeo, de 35 años, empleado de una constructora subcontratada por Megacable.
Manrique fue acusado del supuesto rapto de un menor, aunque las investigaciones de la Fiscalía de Puebla señalan que el rapto no ocurrió. Pero por esa acusación fue encarcelado en la comandancia de la junta auxiliar, que más tarde fue allanada por un grupo de pobladores que utilizó una patrulla para derrumbar el portón.
Luego vino la humillación que acompaña a cada linchamiento, y luego la brutalidad del asesinato que era grabado con los teléfonos celulares de la turba.
Dos días más tarde, frente a las cámaras de una televisora, la madre de Manrique, Ana María Tadeo, pidió justicia por su hijo: “Mientras no se castigue a esa gente como se le debe castigar seguirán pasando casos así… ahorita fuimos nosotros, al rato van a ser otros”.
El asesinato de Manrique fue similar a los de Rey David y José Abraham Copado Molina, quienes el 19 de octubre de 2016, mientras realizaban una encuesta en Ajalpan, fueron asesinados por un grupo de pobladores que los acusó de ser secuestradores. Otra acusación que, a la postre, resultó ser falsa.
Rey David tenía dos hijos. Y, por ello, más de un año después de su asesinato, la Comisión Nacional de Derechos Humanos aconsejó a las autoridades la creación de un fideicomiso para garantizar la educación universitaria de ambos.
El origen de los linchamientos
Para Tadeo Luna de la Mora, responsable del programa de Seguridad y Justicia del IDHIE, los linchamientos vislumbran el descontento social por el aumento del índice delictivo y la impunidad, la desigualdad social.
Las investigaciones del IDHIE revelan una relación directa entre el aumento de los linchamientos y el aumento de delitos de robo a casa habitación, robo a negocio y robo de vehículos.
Hay otras razones estructurales o de fondo, como que las personas linchan porque saben que los delincuentes no van a recibir una sanción (…) Mientras la cifra negra siga siendo del 98% y las instituciones resuelvan sólo el 2% del total de la delincuencia, no podremos avanzar en esto”, afirma.
Este desencanto frente a las instituciones, y los linchamientos como su alternativa, tiene un respaldo estadístico.
En la Encuesta de Percepción sobre Seguridad Ciudadana y Convivencia Vecinal (Encove) 2017, el 63.8% de los habitantes de Puebla consultados se pronunciaron de acuerdo y totalmente de acuerdo en que tomar “justicia por propia mano” contra presuntos delincuentes debe ser aceptado por las autoridades.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en un informe sobre linchamientos, advierte que la inexistencia de consecuencias jurídicas por los delitos genera una percepción de impunidad que perpetúa la “falsa creencia de que es válida y permitida la justicia de la gente”.
Con información de Paloma Fernández*
Ilustración de portada: Valeria Bautista
