PALOMA FERNÁNDEZ | @PalomaPEN
MARIO GALEANA | @MarioGaleana_

El primer asesinato por razones de odio del que se tiene registro en Puebla ocurrió el 9 de enero de 1996. La víctima se llamaba José Antonio Vergara Limón, tenía 22 años, era homosexual, y sus homicidas le desfiguraron el rostro, según las páginas del periódico La Prensa.

Ese mes fue especialmente violento contra la comunidad LGBT. El 27 de enero le dispararon a José Manuel Torres Pardo, de 59 años, homosexual, y el 30 de enero fue asesinada Erika, travesti, de edad desconocida, quien fue hallada en su departamento con heridas punzocortantes en la espalda.

Este registro hemerográfico de crímenes de odio compila 64 crímenes en un lapso que va de los primeros días de 1996 a los primeros días de 2019, y fue elaborado por la organización Vida Plena Puebla (No Dejarse es Incluirse A.C.) para dimensionar la situación de la diversidad sexual en el estado.

Compilar cada caso resultó complejo para la organización, que resalta un incremento de los crímenes a partir de 2012. Sobre todo porque en el interior del estado, según Vida Plena Puebla, “no existe información sobre sexualidades, género, construcción de las identidades de género y el respeto a las orientaciones sexuales”.

A nivel nacional, Puebla despunta entre los estados con más asesinatos de odio. Un informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBT posiciona a Puebla como la quinta entidad del país con más casos, al registrar 18 asesinatos entre 2014 y lo que va del año en curso.

Valga aquí una aclaración: la organización calcula que, por cada asesinato que se hace público y queda documentado, en realidad hay tres casos más que se encuentran invisibilizados. Eso da una idea de la frecuencia con la que ocurren estos crímenes.

Además, la organización destaca que, especialmente en Puebla, hay momentos en los que “existe una especie de veto a este tipo de notas que impide que los casos se den a conocer”.

Exhiben casos extrema violencia

El informe elaborado Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBT detalla que la mayoría de los homicidios a nivel nacional son perpetrados con armas de fuego y armas blancas, representando un 26% y 24% de los casos, respectivamente.

Las cuatro causas más bajas son la muerte por golpizas a las víctimas que no sólo son a puñetazos (se tiene conocimiento del uso de objetos) asfixias, tortura y atropellamiento.

La tortura, que es uno de los factores más bajos, incluye prácticas como lapidación, desollamiento o el uso de productos químicos contra las víctimas. Esto exhibe “la violencia, degradación y deshumanización que enfrentan las víctimas previo y posterior a los homicidios”, según el observatorio.

Además, en el 54.7% de los crímenes las víctimas tuvieron un historial de agresiones previas.

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En el 44% de los casos las víctimas fueron personas trans y en el 40% se trataba de homosexuales. Según el observatorio, esto se vincula a su vez con los oficios que ejercían antes de ser asesinadas y asesinados: el 44.6% eran trabajadores o trabajadores sexuales, o bien, se dedicaban a la estética y la belleza.

Los casos registrados mostraron que 21 víctimas eran defensoras de los derechos de su comunidad o trabajaban en organizaciones dedicadas a la lucha. Esto significa, para el observatorio, una pérdida a la causa, pero también, desde lo simbólico, un castigo contra las personas que se atreven a luchar por sus derechos.

La invisibilización desde las instituciones

El último crimen de odio en el registro hemerográfico realizado por Vida Plena Puebla es el de Hugo Méndez Chávez, 48 años, homosexual, asesinado el 31 de enero de 2019 con un arma punzocortante.

Entre enero de 1996 y enero de 2019 hay un hiato que compila más de una década de violencia en contra de la comunidad LGBT. Un tipo de violencia que no cesa: en junio, un grupo de mecánicos disparó en contra de Víctor Hugo Amador Hernández, de 32 años, por su orientación sexual. Víctor Hugo no falleció, pero su estado era grave.

Por este hecho, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar el ataque con base en el Protocolo de Actuación en Casos que Involucren la Orientación Sexual o Identidad de Género.

En este hiato mencionado, las autoridades han diseñado esquemas de investigación y protocolos por crímenes de odio, pero al mismo tiempo, se resisten a reconocer todos los derechos de la comunidad LGBT.

En julio de 2013, el Congreso local reformó el Código de Defensa Social para incluir el odio y la discriminación como agravantes en los delitos de homicidio y lesiones.

Lo hizo, sin embargo, cuatro meses después del asesinato de la activista transexual Agnes Torres, quien promovió una iniciativa para igualar los derechos de las personas transgénero y transexuales, mediante la concordancia sexogenérica en documentos de identidad legal.

Hasta ahora, el Congreso de Puebla se ha negado a legalizar el cambio de identidad para las personas transgénero y transexuales, a pesar de que desde entonces se han presentado tres iniciativas más en el mismo sentido.

Tampoco ha reformado el Código Civil para legalizar las uniones entre parejas del mismo sexo, a pesar de que la Corte ya ha considerado que los artículos que aluden al matrimonio como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer son inconstitucionales.

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En ese sentido, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBT resalta en su informe que ha encontrado dificultad para reunir a las autoridades del estado de Puebla en una audiencia interinstitucional.

Ilustración de portada: Valeria Bautista