MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
Imagen de portada: Amador Montalvo | Cultural Survival
La exoneración de tres de los presuntos responsables de la desaparición forzada del activista Sergio Rivera Hernández, cuyo caso se convirtió en el primer juicio en su tipo en todo el país, ha hecho que las autoridades federales soliciten al Poder Judicial del estado una nueva revisión sobre la sentencia.
A través de un pronunciamiento, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas —que reúne a algunas de las principales instituciones federales, como la Segob, la CNDH y la FGR— llamaron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a garantizar el acceso a la justicia para la familia del activista.
En el documento, las instituciones aseguran que Rivera Hernández fue víctima de desaparición el 23 de agosto de 2018, a consecuencia de su papel como defensor de derechos humanos y de su activismo, que consistía en formar parte de un movimiento indígena que se opone a la construcción de un proyecto hidroeléctrico en Zoquitlán y dos municipios más de la Sierra Negra de Puebla.
Al tratarse del primer juicio en México por la desaparición de un defensor de derechos humanos, detectamos con suma preocupación el peligro que corren los testigos del caso, sus familiares, quienes exigen verdad y justicia, así como el entorno de la comunidad”, recalcaron.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Probación y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, hizo su llamado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para reconsiderar la sentencia y priorizar “el goce del derecho de las víctimas al acceso a la justicia y trato justo, al resarcimiento de los daños, a una indemnización” para la familia de Rivera Hernández.
“Externo mi preocupación por dicho fallo y hago un llamado al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla para que en la instancia que competa, se reconsidere esta sentencia”, manifestó.
Por la madrugada del viernes 11 de septiembre, el juez Mario Cortés Aldama exculpó a Rogelio N., Victorino N. y Antonio N. como presuntos responsables del crimen, a pesar de que dos personas fueron testigos oculares del momento en que estos sujetos privaron de la libertad a Rivera Hernández.
A decir del abogado David Peña, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, el fallo fue la culminación de un juicio plagado de irregularidades, sospechas de corrupción y racismo.
