GUADALUPE JUÁREZ | @lupjmendez

A pesar de que hay una serie de anomalías en la investigación en torno a la muerte de Zyanya Figueroa Becerril y se necesitaba mantener el aseguramiento de la casa donde vivía para preservar los indicios y la escena del posible feminicidio ­­―que fue investigado como suicidio―­, la ministerio público encargada del caso notificó a la familia que entregarían el inmueble a los dueños y tenían que entregarles sus pertenencias.

Así empezó otro martirio para los deudos. Los citaron a las 10 de la mañana del viernes 27 de noviembre, su madre Patricia Becerril, su padre Martín Figueroa y su hermano Martín Figueroa Becerril llegaron al fraccionamiento que habitaba la médica residente del Hospital del Niño Poblano en el fraccionamiento Real de Zavaleta, la carga emocional de recoger sus pertenencias a casi tres años de su muerte era difícil.

Se hizo más complicado cargar con todo cuando pasaron más de 12 horas, sentados en una banqueta bajo el sol, mientras esperaban que les entregaran las cosas de Zyanya, pero la ministerio público no llegó a la cita.

La familia junto a sus asesores legales le pidieron que les confirmara si regresarían o no la casa, ya que temían que desalojaran sin que ellos estuvieran presentes.

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De acuerdo con sus asesores legales del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, durante un año Martín Figueroa pagó la renta de la casa, porque la Fiscalía General del Estado ya no aseguró el inmueble.

Ante la insistencia de la familia, además de los 70 indicios que ya habían recolectado en el lugar, en una segunda revisión hallaron 20 más, lo que supone que hubo más omisiones.

“Es una burla la forma en la que nos están tratando, son capaces de obstruir la investigación, no quieren preservar la escena del crimen y los indicios, porque lo que aspiran hacer es borrar las negligencias que han cometido y por eso es la premura”, acusó el padre de Zyanya.

El maltrato a la familia

Al ver que la ministerio público se limitaba a decirles que en cinco minutos les regresaba la llamada, porque tenía que llenar unas fichas técnicas, se trasladaron al Centro de la ciudad, a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres para pedir una reunión con su titular María Eugenia Calderón Olimán.

Pero desde la puerta se encontraron con un trato hostil por parte del personal de seguridad, que amenazantes les advirtieron que la fiscal de género no los iba a atender.

Entonces, la familia y los asesores se fueron a la Fiscalía General del Estado para pedir una reunión con el Fiscal General, Gilberto Higuera Bernal, pero tampoco los recibió, por lo que buscaron el apoyo de activistas y de personal de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y sólo así accedieron.

Sin embargo, a la reunión sólo llegó la fiscal de género, aunque se había negado a recibirlos, y con el Fiscal General nada más tuvieron contacto con su secretaria y con personal que intentó disuadir a la familia de contar con los asesores del OCNF y de optar por otros que pertenecen a la Fiscalía General del Estado.

En la reunión, Calderón Olimán negó que hubiera omisiones en el proceso y la investigación y que la suspensión de regresar el inmueble a sus dueños se debió a un amparo, aunque ese fue el recurso que promovió la defensa legal de la familia de Zyanya.

Aunque le pidieron copias del expediente a la fiscal, que les han negado en varias ocasiones, también ella se las negó y les pidió que le enviaran un oficio para solicitarlas de nuevo.

“Ha sido un día muy desesperante, en la incertidumbre total y una vez  más se evidencia el trato inhumano hacia nosotros”, señaló Patricia Becerril.

El caso

El martes 15 de mayo de 2018, Patricia Becerril y Martín Figueroa recibieron una llamada telefónica en la que les avisaban que su hija de 26 años de edad se había suicidado.

Sin embargo, en la carta póstuma que la Fiscalía les mostró notaron que las palabras no eran de Zyanya y pidieron un peritaje en grafoscopía, el dictamen del análisis arrojó que el documento era una falsificación por imitación.

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Además de esto, los ministerios públicos encargados del caso han perdido evidencias, como muestras hemáticas que encontraron en el lugar y que al no analizarlas a tiempo se echaron a perder, el celular de su hija fue encendido y utilizado aunque estaba resguardado, además de que evitaron investigar a más testigos y cotejar otras evidencias encontradas en el departamento.

Desde la muerte de Zyanya sus padres han recurrido a varias instancias para que investiguen el caso con perspectiva de género, al sospechar que a su hija la asesinaron. 

Fotografía de portada: Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio / Nos van a ver juntas