Ocho de cada 10 personas que son víctimas de corrupción en Puebla optan por no denunciar debido a que creen que sería inútil o una pérdida de tiempo.
GUADALUPE JUÁREZ | @LupJMendez
En Puebla, ocho de cada 10 personas que son víctimas de corrupción al hacer un trámite no lo denuncian, según el Inegi. El 52% cree que sería inútil y no se le dará seguimiento, lo consideran una “pérdida de tiempo” o no saben dónde denunciar.
Esto a pesar de que Puebla es de los 14 estados en el país que cuenta con todos los comités, consejos, una fiscalía, un tribunal y planes y programas anticorrupción vigentes, de acuerdo con un análisis difundido por el Inegi a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora el 9 de diciembre.
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Sin embargo, en la entidad poblana sólo el 22.6% de los municipios tienen un programa anticorrupción o éste se encuentra en proceso; el 69.6% no cuenta con uno y el 7.8% restante “no se sabe”.
De 2013 a 2019, las personas a las que les pidieron un soborno al realizar trámites o al estar en contacto con alguna autoridad municipal, estatal o federa, incrementó de 11.15% a 15.7%.
Puebla se ubicó en el lugar 10 a nivel nacional entre los estados donde más aumentó la prevalencia de corrupción en los últimos seis años, por debajo de Durango, Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo, Morelos, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca y Guerrero.
El soborno –dice el Inegi— es el indicador de la prevalencia de la corrupción, ya que implica que el servidor público, por sí mismo o por medio de otra persona, solicite o reciba indebidamente para sí u otro, cualquier dádiva a cambio de la promesa de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones.
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La corrupción cuesta. El año pasado, el que una persona fuera víctima de corrupción al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios, costó 12 mil 770 millones de pesos, un estimado de 3 mil 822 pesos por persona.
Si la persona dio un soborno, éste alcanzó los 11 mil 775 pesos, mientras que en el contacto con personal de seguridad pública significó un gasto de mil 294 pesos por cada víctima.
