Por Abayubá Duché / @AbayubaDuche
La ineptitud técnica y la corrupción sistematizada de los gobiernos priistas y panistas, le han dado a López Obrador un poder que muchos envidian. AMLO es el único político mexicano capaz de movilizar grandes masas, enfrentar a los medios de comunicación e introducir en la opinión pública la idea de los buenos contra los malos. Una declaración pública le basta para decir qué actores políticos son miembros de la mafia del poder y quiénes son parte de un proyecto alternativo de nación. Él se ha otorgado el nivel moral para condenar o indultar a todo aquel que busca vivir para o de la política.
Es justo lo que ha quedado demostrado en los últimos años y, más en las últimas semanas cuando AMLO, en su intento por desarticular estructuras opositoras y asegurar su victoria presidencial en 2018, insistió en seguir mandando dos señales claras que reflejan su habilidad política, pero también su incongruencia, misma que puede terminar alejando a un sector indeciso del electorado: perdonar a quienes incurrieron en actos de corrupción e incluir en su proyecto a individuos con pasados oscuros.
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No es que yo pugne por el derramamiento de sangre, pero en un estado de derecho, la corrupción se combate eliminando la impunidad. Una virtual absolución a sujetos que han abierto una enorme herida en el país no sería más que la confirmación del regreso a un presidencialismo absoluto, donde en lugar del poder judicial, el ejecutivo es quien, arbitrariamente, dicta sentencia.
Al igual que Jesucristo, Andrés Manuel extiende la mano a los penitentes, dejando en claro que el pecado no es obrar mal, sino negar al salvador que, en este caso, es él. Afirma que el problema no son las bases de los partidos, sino sus cabezas, pero inmediatamente anuncia la integración de individuos como Fernando Manzanilla (secretario general de gobierno durante parte de la administración de Rafael Moreno Valle) y Esteban Moctezuma (secretario de gobernación y de desarrollo social durante el sexenio de Ernesto Zedillo) a su partido, al tiempo que deja abierta la posibilidad de que caciques regionales como Javier López Zavala (íntimo de Mario Marín) se sumen a MORENA, sin mencionar anexiones anteriores como la del exgobernador de Puebla, Manuel Bartlett, socialmente imputado por el “fraude” de 1988.
Todos ellos tienen como común denominador ser parte del establishment político.
Con gran destreza, Obrador ha hecho de las elecciones una batalla entre “la mafia del poder”, representada por el PRI y el PAN; y “la esperanza de México”, materializada en MORENA. Y para cómo van las encuestas, muchos ya decidieron abandonar su lancha para subirse al que parece ser un barco con dirección a los pinos. Miguel Barbosa y José Juan Espinosa fueron de los primeros.
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Esto plantea una pregunta sin respuesta sencilla, ¿Qué alternativa tienen quienes no se sienten atraídos o convencidos por alguna de estas opciones, aquellos que, sin ser parte de la mafia del poder, no ven en Andrés Manuel una esperanza? Algunos aseguran que una opción ciudadana.
Si bien la baja credibilidad y legitimidad de los partidos empujó la aparición de candidaturas independientes, también es cierto que, con contadas excepciones, la vía independiente está siendo explotada por quienes en algún momento militaron en algún partido, ostentaron un cargo de poder y tienen una estructura financiera suficientemente poderosa. Aunque esto no es ilegal, la diáspora de políticos que salen de sus partidos para promoverse como independientes resta credibilidad a las candidaturas sin soporte partidista. Después de todo, las candidaturas independientes fueron introducidas al juego electoral como un mecanismo para renovar a la clase política, y no como una forma de democratizar a los partidos, tarea que le corresponde a estos mismos. Mucho menos para seguir empleando a quienes se acostumbraron a vivir del erario.
Muy probablemente, la sociedad civil se verá cada vez más orillada a organizarse para reclamar una verdadera conversión del sistema político mexicano, un sistema que se resiste al cambio.
