Aseguran que, tras escuchar voces a favor y en contra del aborto, no hay pretextos para que los diputados aplacen la votación en el pleno.
CARLOS GALEANA | @CarlosGaleanaB
Tras el cierre del parlamento abierto sobre aborto, organizaciones feministas exigieron a la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado, Nora Merino Escamilla, citar a una sesión extraordinaria para discutir en el pleno la Interrupción Legal del Embarazo a más tardar el 7 de mayo
A través de una rueda de prensa, integrantes de CAFIS, REDefine, Coatlicue Siempre Viva y la Coordinadora Feminista de Puebla argumentaron que no existen pretextos para continuar aplazando el tema debido a que durante el parlamento abierto se escucharon voces a favor y en contra del aborto.
“Recordemos que fueron 14 días de discusión abierta y pública, esa es una cosa muy importante señalar porque ha sido una discusión amplia, lo suficientemente amplia como para ya tener argumentos al respecto del tema. Además se incluyeron las voces de grupos diversos, incluidos los que se manifiestan en contra de la despenalización del aborto”, dijo Natalí Hernández, directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (CAFIS A.C.).
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Asimismo, las feministas celebraron la realización de los foros, aunque recordaron que éstos se realizaron fuera de las fechas establecidas y derivaron de los acuerdos firmados por la Jugocopo —en ese entonces presidida por Gabriel Biestro— durante la toma de la sede legislativa que se realizó del 24 de noviembre al 18 de diciembre del 2020.
“Esta toma respaldada por el plantón marcó un impulso en esta lucha por la autonomía de nuestros cuerpos que se viene dando desde hace años (…) en los acuerdos firmados la discusión en pleno de la interrupción legal del embarazo debió suceder a más tardar el 15 de abril del año en curso en una sesión extraordinaria, lo cual no sucedió”, recalcó la vocera de REDefine Puebla, Cinthya Ramírez.
Jessica Pérez, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (DDESER), agregó que de acuerdo con lo firmado por los legisladores durante el levantamiento de la toma, el parlamento abierto tuvo que haberse realizado durante febrero y marzo, por lo que instó a las comisiones del congreso a sesionar a más tardar el 30 de abril.
Durante más de una década, el aborto en Puebla ha sido criminalizado. En marzo del 2009, el Congreso del Estado aprobó una iniciativa propuesta por el diputado priista José Othón Bailleres, en la que se estipula que “la vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural”.
A lo largo de los años, legisladoras y activistas han exigido a diversas legislaturas dejar de sancionar esta práctica. En 2011, los diputados despenalizaron el aborto únicamente cuando se trate de una violación, sin embargo, las mujeres continuaron siendo procesadas con hasta cinco años de cárcel por criterios sexistas como el que no tuvieran “mala fama”.
Ocho años después, la diputada Rocío García Olmedo propuso discutir la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación pero el Congreso dominado por Morena detuvo la reforma.Durante esa discusión los legisladores aprobaron reducir las penas por abortar dejándolas a un año de prisión.
