El gobierno del estado se negó a permitir el acceso de Grupo Pro Niñez, que en los últimos seis años acompañó y veló por el bienestar de los menores que viven con sus madres en la cárcel de la ciudad de Puebla.
GUADALUPE JUÁREZ | @lupjmendez
Es jueves 22 de julio, Ana Acevedo y Alejandra Acevedo –cofundadoras de Grupo Pro Niñez- anuncian que después de seis años han decidido suspender el programa al interior del Centro de Reinserción Social de San Miguel, con el que ayudaban a los menores que vivían con sus madres en prisión.
La decisión –lamentan- se da luego de que las autoridades penitenciarias y el gobierno estatal les han cerrado las puertas para que ingresen al reclusorio a entregar kits sanitarios.
Sin embargo, también les han impedido operar la ludoteca con la que ayudaban a aminorar el impacto en los menores que pasaban parte de su infancia recluidos.
En Puebla, una mujer que está presa y es madre, puede tener a su hijo con ella hasta que cumple los tres años de edad, después puede salir y vivir con sus familiares.
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En 2015, la asociación se encontró con cuatro niños que vivían en condiciones deplorables en la cárcel, quisieron cambiarlo, pero poco han podido avanzar en este tiempo y con los nuevos obstáculos que se encontraron este año, creen que ya es imposible.
Ahora son 26 menores de edad recluidos con sus madres, han sufrido una serie de vejaciones, la última que los han privado por dos meses de los apoyos que la asociación juntaba para ellos y las mujeres adultas mayores y las del área de salud mental.
A pesar del apoyo que dan, los especialistas que entran a revisar la salud de los menores es insuficiente, ya que no cuentan con medicamentos y era la asociación la que se encargaba de buscarlos.
Productos de higiene personal como toallas sanitarias, shampoo, jabón, cepillos de dientes, pañales y toallitas húmedas, también corrían a su cargo, porque son artículos a los que no pueden acceder las internas de manera fácil.
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“El reclusorio lo que les da es desayuno, comida y cena, pero no hay toallas femeninas, papel higiénico y las fuentes de empleo son pocas y ganan muy poco. Hay quienes no tienen para lavarse los dientes, o sea, sí necesitan estos kits”, dice Alejandra.
Han hecho cuentas, y con lo que ellas hacían en el penal, el gobierno estatal necesitaría una inversión de entre 80 mil y 100 mil pesos al mes; tan sólo de los 25 kits para bebés gastaban hasta 30 mil pesos y los 45 kits de higiene personal gastaban entre 22 mil pesos.
Gobierno cierra las puertas
A pesar que el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo de manera pública el miércoles 30 de junio que atendería las peticiones de la asociación, y de una reunión con representantes de la Secretaría de Gobernación y la de Seguridad Pública, el convenio que pedía Grupo Pro Niñez para continuar con el programa al interior del Cereso no se firmó.
El convenio era necesario para que las integrantes de la asociación pudieran entrar a la ludoteca que se encuentra en el área de maternidad y ayudar a los menores a desarrollar habilidades psicosociales y afectivas.
Las dependencias estatales les pidieron una serie de requisitos que aseguran han cumplido, sin embargo, siguen sin dejar que continúen acciones como la visita de voluntarios, talleres, terapias y consultas.
“El programa no es asistencialista, no regalamos cosas, generamos una intervención integral”, sostuvieron.
Además de los niños que viven en el Cereso, hay 80 niñas y niños entre cero y 12 años que reciben apoyo de la asociación, a veces los ayudan a la compra de útiles escolares.
Hay 400 mujeres internas en el Cereso de San Miguel, siete de ellas embarazadas, por lo que serán más niños los que tengan que vivir dentro del penal, en medio de las condiciones deplorables del lugar y ahora sin la presencia de la asociación que los ayudaba.
