Explicaron que la propuesta de ley en materia de desaparición forzada enviada por el gobernador Barbosa al Congreso de Puebla limita la participación de las familias y no incluye principios avalados a nivel internacional.
MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
Un grupo de 60 organizaciones, colectivos y consejos ciudadanos en el país emitieron un pronunciamiento para advertir sobre las fallas en la iniciativa de ley en materia de desaparición forzada que el gobernador Miguel Barbosa Huerta envió al Congreso de Puebla.
El documento confirma lo informado por Manatí en días previos: la iniciativa del gobernador limita la participación de las familias en la vigilancia de las instituciones dedicadas a las labores de búsqueda, ni garantiza los recursos necesarios para estas acciones.
El pronunciamiento fue difundido por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) de la Universidad Iberoamericana de Puebla, que trabajó con familias de personas desaparecidas y la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval una ley en la materia que por más de un año ha sido ignorada por los diputados locales.
Por lo anterior, los colectivos demandaron al Congreso de Puebla que tanto la iniciativa del gobernador de Puebla como la presentada por la sociedad civil sean revisadas en conjunto, para que “puedan rescatarse las bondades de ambos proyectos”.
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Las 60 organizaciones denunciaron que la iniciativa enviada por Barbosa Huerta “no garantiza la participación de las familias en las acciones realizadas por los grupos de trabajo para la búsqueda de personas y el análisis del fenómeno de desaparición”.
Además, no reconoce los derechos de las víctimas directas —como ser buscadas de forma independiente— ni de las familias como víctimas indirectas —como supervisar el trabajo de las autoridades, recibir un trato digno, ni ser incluidos en los planes de investigación y búsqueda—.
Las organizaciones recalcaron que la propuesta del mandatario tampoco considera la creación de un Fondo Estatal de Búsqueda de personas, que sí estaba incluido en la iniciativa presentada por la sociedad civil, con un presupuesto anual que no podía ser menor al 0.05% del presupuesto de egresos.
Si se tomara en cuenta el presupuesto de 2020, el fondo habría contado con alrededor de 47 millones 500 mil pesos en este ejercicio fiscal.
Iniciativa de Barbosa no considera estándares internacionales
Por otra parte, las organizaciones señalaron que la propuesta del mandatario debilita al Sistema Estatal de Búsqueda por no sujetarse a los principios rectores del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU.
Además, limita su integración —pues excluye a la Secretaría de Finanzas y Administración, e incluso a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) local—, y tampoco incluye mecanismos para obligar a las autoridades a informar en tiempo y forma sobre sus acciones al Consejo Estatal Ciudadano.
También consideraron que la iniciativa vulnera las capacidades de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla porque no establece un proceso transparente e inclusivo para designar a su titular; y tampoco garantiza una estructura necesaria para su funcionamiento ni obliga a que la información que genere esté sujeta a las reglas de acceso a la información.
La propuesta “contiene menos estándares en materia de identificación humana con pautas científico-forenses de carácter multidisciplinario” y no reconoce “condiciones de preferencia sexual y de orden social, económico, histórico y cultural” como parte del enfoque de búsqueda y análisis.
Además del Idhie, el desplegado está firmado por los consejos ciudadanos de búsqueda del país, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y de los mismos integrantes del Consejo Ciudadano de Búsqueda de Puebla: María del Rocío Maldonado, Omar Esparza y María Luisa Núñez.
La iniciativa enviada por el gobernador Barbosa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia la mañana de este lunes 16 de agosto. Los diputados, que primero renegaron de discutir la ley, se han emplazado para que el 30 de agosto avalen la propuesta.
