Representantes de organizaciones de la sociedad civil consideraron que la CNDH debe investigar el caso de Tadeo, el bebé localizado en el penal de Puebla.
MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
Organizaciones de la sociedad civil e institutos de derechos humanos solicitaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e incluso la Fiscalía General de la República (FGR) atraigan la investigación por el hallazgo sin vida de Tadeo, un bebé que fue localizado en el penal de San Miguel, en Puebla, a 140 kilómetros de Iztapalapa, en Ciudad de México, donde fue enterrado.
A través de una conferencia de prensa, representantes de las organizaciones Reinserta, México Unido contra la Delincuencia, Artículo 19, Red por los Derechos de la Infancia (Redim) y de 70 organizaciones más señalaron que debe garantizarse el acceso a la justicia para Tadeo y su familia.
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, dijo que frente a la falta de voluntad política de las autoridades de Puebla y Ciudad de México para esclarecer el caso, deben involucrarse la FGR y la CNDH.
“Hay dos entidades federativas, esto amerita que se pueda dar una atracción inmediata por la CNDH (…) esto permitiría tener un panorama más completo. Lo mismo pasa con la FGR, es pertinente la atracción toda vez que estamos previendo escenarios de crimen organizado. Es lamentable la poca voluntad que se ha mostrado hasta ahora, iniciando por el gobernador Barbosa”, señaló.
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Por su parte, académicos de la Universidad Iberoamericana de Puebla y del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) coincidieron en que el hallazgo del cuerpo de Tadeo evidencia una grave violación a los derechos humanos que permite a la CNDH atraer la investigación.
“Sin dejar de insistir en la posibilidad en que la CNDH atraiga el caso, nuestro llamado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla es que a investigue los acontecimientos con absoluta independencia, debida diligencia, y con un enfoque diferenciado, orientado por el interés superior de la niñez”, demandó Roberto Ignacio Alonso Muñoz, coordinador en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Ibero Puebla.
Como se sabe, el ombudsperson en Puebla y titular de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado, José Félix Cerezo Vélez, bloqueó a la CNDH para que se abstuviera de atraer la investigación, al aducir que no era de especial de gravedad ni había un interés nacional en el caso.
Por su parte, Rosario Arrambide González, directora del IDHIE, denunció que desde 2019 un informe de la CNDH alertó sobre las deficiencias en el control y gobernabilidad del penal de San Miguel, y sin embargo no se adoptaron medidas para evitar que ocurrieran hechos como el traslado y hallazgo de Tadeo.
“Las autoridades competentes tenían conocimiento de la existencia de un riesgo real e inminente frente a la seguridad y derechos humanos de personas al interior del centro penitenciario (…) No obstante, los recientes y lamentables hechos muestran la falta de acatamiento de tales medidas de prevención por parte de las autoridades”, señaló.
Activistas denuncian amenazas de Barbosa
Por su parte, la directora de la organización Reinserta, Saskia Niño de Rivera, dio a conocer que demandarán al Senado de la República que exhorte al gobernador Miguel Barbosa Huerta para que aclare las presuntas amenazas que dirigió en contra de los activistas y periodistas que han dado cobertura al caso de Tadeo.
En su conferencia de prensa del viernes 21 de enero, el mandatario señaló:
“Activistas que se dedican en estos asuntos a protagonizar y a hacer aseveraciones sin sustento, sólo para ganar protagonismos… ¿Qué va a pasar cuando se esclarezcan los hechos? Se van a callar, como de costumbre. Sólo se van a callar (…) Vuelvo a repetir: todos los que dijeron cosas nomás van a silenciarse. Van a silenciarse, porque así han actuado siempre. Tengan cuidado también, en el desempeño de la noble profesión del periodismo”.
Tanía Ramírez, representante de la Red por los Derechos de la Infancia, dijo que el hallazgo del cuerpo de Tadeo en el penal de San Miguel, en Puebla, podría ser “una de las más profundas expresiones de crueldad contra la niñez”, un caso en el que “el límite delirante son las declaraciones amenazantes del gobernador Barbosa”.
En ese mismo sentido, Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, recalcó que Puebla es uno de los estados del país más peligrosos para activistas y periodistas. Consideró que los gobiernos de Barbosa Huerta, Rafael Moreno Valle y Mario Martín han constituido un terreno fértil para agresiones contra este sector.
