En esta columna invitada, cuatro estudiantes reflexionan sobre las implicaciones de la propuesta de algunos congresistas de Estados Unidos para declarar a los cárteles asentados en México como grupos terroristas.
POR ESTEFANÍA HUERTA ALCOBAS | IRAÍS MORENO CRUZ
SEBASTIÁN CASTRO OLEA | LUIS ENRIQUE DIAZ SILVA*
“Tienen muchos bad hombres ahí abajo. No estás haciendo lo suficiente para pararlos. Yo creo que tu ejército tiene miedo. Nuestro ejército no lo está, puede que los mande ahí abajo para que se encarguen” (Donald Trump, 2017)[1].
La propuesta que recientemente desató la molestia del presidente López Obrador, bautizada como Resolución 18, fue promovida por los congresistas Dan Crenshaw y Mike Waltz, dos antiguos miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y ambos senadores del conservador Partido Republicano de Estados Unidos. El documento argumenta que el fentanilo mata en promedio a 80 mil ciudadanos estadounidenses al año y que es la principal causa de muerte entre hombres de 18 a 45 años.
El documento señala que “los cárteles mexicanos son responsables del tráfico de la droga hacia Estados Unidos, así como de precursores y sustancias relacionadas.”[2] Expone, además, un listado de eventos de violencia en los que han estado implicados los cárteles y que, según la iniciativa, provocan inestabilidad en la frontera con México.
La estadística sobre el impacto de los cárteles en México y Estados Unidos es un tema muy complejo y multifacético, que abarca una amplia gama de factores económicos, sociales y políticos.
Recientemente, el presidente Andrés Manuel se opuso firmemente a que el Gobierno de Estados Unidos califique a los cárteles como grupos terroristas. El Ejecutivo señala que la iniciativa es un acto de intervencionismo y propaganda estadounidense para facultar a Estados Unidos a usar a las Fuerzas Armadas en el combate del tráfico de fentanilo desde México, especialmente por parte de los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG). Aunque la iniciativa también apunta a organizaciones criminales con actividades que causan “desestabilización regional en el hemisferio occidental”.
Tal y como apunta Zedrick Raziel, en El País: López Obrador ha criticado la “manía” y “mala costumbre” de Estados Unidos de “considerarse el gobierno del mundo” e interferir en asuntos que conciernen internamente a los países y que “[…] es peor que quieran utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país. O sea, invadir a otro país con la excusa de que van sobre narcotraficantes terroristas”.[3]
También, el mandatario federal comentó que no es aceptable que se indique si hay o no hay terrorismo en un país, señalando que: “¿Quién les da esa facultad? […] Si te alineas, si haces caso, si te sometes tu palomita. Si te quieres sentir independiente, soberano, tache pero bueno ya se les va a ir quitando esa mala costumbre”.[4]
Cuando se sitúa en nuestras mentes la posibilidad de que México, país libre y soberano, tenga que hacer frente a una intervención extranjera, resulta imprescindible considerar los impactos que estos actos tendrán, suponiendo los posibles efectos examinando la realidad de la Constitución mexicana, y los principios que en ella se privilegian, como lo es la supremacía y soberanía Nacional.
Una consecuencia no improbable es la invocación de la figura de la suspensión de garantías prevista en el artículo 29 constitucional, bajo el argumento y justificación de proteger “la supervivencia del estado y de sus instituciones”[5].
De igual forma, la soberanía exterior hace referencia a la independencia que “mira principalmente a las relaciones internacionales; desde este punto de vista el poder soberano de un Estado existe sobre bases de igualdad con relación a los demás Estados soberanos”[6].
Por lo anterior, y de aprobarse medidas que permitan la injerencia extranjera para ejecutar acciones de seguridad pública y lucha contra el terrorismo trasnacional, habría un menoscabo hacia este concepto, pues supone estar en un plano de desigualdad, donde Estados Unidos asumirá una posición de supuesta superioridad.
El menoscabar la soberanía nacional podría conllevar a una situación en donde se ponga en riesgo la supervivencia del Estado mexicano como fue concebido según nuestra Constitución, es decir, los fines teleológicos de creación del sistema jurídico mexicano entrarían a una ficción que contraviene el ideario nacionalista constituyente.
La propuesta de declarar a los cárteles como organizaciones terroristas y permitir la intervención en México es una medida precipitada que puede tener consecuencias graves e impredecibles, tomando en consideración los daños de la militarización, y de la falta de capacitación de las fuerzas armadas, que en su caso, intervendrían en dichas labores, tal y como lo señalaron Data Cívica, EQUIS Justicia para las Mujeres e Intersecta en su estudio “Falsas Salvaguardas”.
En lugar de buscar soluciones militares, es necesario abordar las causas subyacentes del problema y buscar que las autoridades mexicanas, en conjunto con las estadounidenses, trabajen para encontrar soluciones duraderas y efectivas.
La violencia relacionada con el narcotráfico en México está profundamente arraigada en problemas estructurales como la pobreza, la corrupción y la falta de oportunidades.
Una intervención militar puede tener un efecto temporal en la disminución de la violencia, un tanto mediática y con fines políticos, pero no aborda las causas fundamentales del problema: falta de presupuesto destinado a labores de capacitación a fuerzas armadas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género; falta de oportunidades laborales; una política migratoria eficaz, y el funcionamiento integral del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales.
Además, es importante mencionar que la declaratoria de una organización como terrorista, implica una serie de sanciones y medidas extremas en el que los cárteles mexicanos no encajan con precisión. Aunque es cierto que estos grupos criminales son violentos y peligrosos, no comparten los mismos intereses y objetivos de grupos terroristas en sí.
Esa lucha contra los “bad hombres” es una lucha contra un sujeto indefinido, cuando ni siquiera los que quieren lidiar directamente con ellos saben quiénes son.
No se ha logrado entender el problema como algo que va más allá de la distribución de drogas y la violencia que esto trae como consecuencia, buscando impulsar el intervencionismo en nombre de la seguridad, ignorando la inseguridad que se puede expandir en los países en lo que se busca ingresar.
Esta propuesta, es una justificación ad hoc para intervenir en el país en busca de “bad hombres” denominados así por un país externo, no para erradicar la desigualdad estructural y la violencia cotidiana que fomenta la delincuencia.
[1] Associated Press (2017, 1 de febrero). Trump threatens Mexico over ‘bad hombres’. Político. https://www.politico.com/story/2017/02/trump-threatens-mexico-over-bad-hombres-234524
[2] Elverdin, J. P. (2023, 27 marzo). AMLO rechaza los comentarios de Blinken sobre que cárteles dirigen partes de México. CNN. https://cnnespanol.cnn.com/2023/03/24/amlo-rechaza-los-comentarios-de-blinken-sobre-que-carteles-que-dirigen-partes-de-mexico/
[3] Raziel, Z. (2023, marzo 6). López Obrador condena la propuesta del Congreso de EE UU para que su Ejército actúe contra el tráfico de fentanilo en México. Ediciones EL PAÍS S.L. https://elpais.com/mexico/2023-03-06/lopez-obrador-condena-la-propuesta-del-congreso-de-ee-uu-para-que-su-ejercito-actue-contra-el-trafico-de-fentanilo-en-mexico.html?outputType=am.
[4] Arista, L. (2023, marzo 7). AMLO rechaza iniciativa de EU que propone combatir a cárteles mexicanos. Expansión News. https://politica.expansion.mx/presidencia/2023/03/06/amlo-rechaza-iniciativa-eu-combatir-carteles-mexicanos
[5] Ugarte Salazar, P. Ed: Mac-Gregor Poisot E.F., Caballero Ochoa, J.L. y Steiner, C. (2013). Estado de excepción, suspensión de derechos y jurisdicción. Derechos Humanos en la Constitución: 1
[6] Tena Ramírez, F. (2022). Derecho Constitucional Mexicano. (40a ed; p. 6). Editorial Porrúa; Ciudad de México.
*Estefanía, Iraís, Sebastían y Luis Enrique son estudiantes de la Licenciatura en Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana de Puebla.
