Ambas mujeres eran obligadas a prostituirse por Tomás N. en febrero de 2019 fueron detenidas, cuando Dolores defendió a Rosita Marimar, al negarse a hacer una serie de servicios sexuales; la Fiscalía de Puebla no indagó el contexto como víctimas de trata
GUADALUPE JUÁREZ | @lupjmendez
Dolores y Rosita Marimar están encarceladas desde hace cuatro años por defenderse de Tomás N., quien las golpeaba y obligaba a prostituir en el municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla.
El 2 de febrero de 2019, cuando las dos se negaron a hacer una serie de servicios, Tomás comenzó ahorcar a Rosita Marimar, Dolores intervino, tomó un cuchillo y lo privó de la vida.
El Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social tomó la defensa de Dolores, ya que consideró que la Fiscalía General del Estado ha hecho una investigación deficiente.
Lo anterior, ya que no investigó el contexto de violencia que vivían ambas mujeres y el 25 de abril iniciará el juicio de Dolores, quien podría ser condenada por homicidio calificado.
Dolores tiene 25 años de edad, cuatro hijos, vivía en Tabasco, cuando fue contactada por una mujer en Facebook, quien le ofreció trabajo en un local y aceptó. Había veces que no tenía para comer ni para sus cuatro hijos, y ella le dijo que le mandaría dinero para llegar a Puebla y trabajar juntas.
Así lo hizo, llegó a Puebla, al municipio de San Matías Tlalancaleca, ahí conoció a Rosita Marimar, una mujer hondureña. El trabajo no era como le había prometido, Tomás la había utilizado para engancharla y obligarlas a ambas a prostituirse en una pulquería y en un local frente a la presidencia municipal.
Dolores intentó escapar en dos ocasiones, pidió ayuda a las autoridades municipales, pero la misma policía la retuvo y la devolvió al lugar, además de regresarla a donde era explotada contra su voluntad, la golpearon y la obligaron de nuevo a prostituirse.
Cuando no quería hacer algún servicio sexual, Tomás N. golpeaba a Rosita Marimar; ambas mujeres crearon un lazo, debido a su situación.
Karla Micheel Salas, directora de Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y abogada de Dolores, acusó que en este caso hubo una cadena de complicidades, desde las autoridades municipales que fueron omisas aunque Dolores denunció que estaba ahí contra su voluntad como la Fiscalía General del Estado que no indagó más.
A esto se suma que el juicio lo han dilatado por más de cuatro años, situación que señaló es inusual, ya que en otras entidades a pesar del COVID-19 han desarrollado los juicios.
Impulasan una petición en Change.org para el Tribunal Superior de Justicia, ya que este martes 25 de abril inicia el juicio en la capital poblana contra Dolores y piden que sea juzgada con perspectiva de género.
En este sentido, Karla Micheel Salas exigió que Dolores sea liberada, ya que se trata de una víctima de trata de personas que actuó en legítima defensa.
Adelantó que una vez que termine el juicio y logren la libertad de Dolores, van a denunciar a los servidores públicos que ayudaron a Tomás N. a retenerla contra su voluntad, mientras que a la Fiscalía de Puebla le exigirán que pague la reparación del daño, ya que se trataba de una víctima de trata de personas.
