Desde que fue tomada hace un año, más de mil familias de distintas partes del país han llegado a la Glorieta de los desaparecidos para poner las fotos de sus seres queridos ausentes. Con sus actos han legitimado un espacio de denuncia y memoria que las autoridades capitalinas se niegan a reconocer.
Eliana Gilet para A dónde van los desaparecidos
Desde que fue tomada hace un año, más de mil familias de distintas partes del país han llegado a poner las fotos de sus seres queridos ausentes. Con sus actos han legitimado un espacio de denuncia y memoria que las autoridades capitalinas se niegan a reconocer
El sitio luce yermo desde que quitaron la palma. Las mujeres entran al círculo caminando despacio, pero sin pedir permiso. Llevan, como siempre, las fotos de los suyos pegadas en el pecho. Es el 8 de mayo de 2022 y van a tomar la glorieta.
Ese día, las vallas aún no habían sido instaladas para privarles el paso, tampoco estaba el ahuehuete que llegaría un mes más tarde, en un acto encabezado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, para renombrar el lugar. Ese día comenzó una disputa por cómo representar la memoria de las y los desaparecidos en el corazón de la Ciudad de México.
La toma de la Glorieta de las y los Desaparecidos en el Paseo de la Reforma abrió un espacio de lucha política para los familiares en búsqueda de todo el país. Negado el reconocimiento por las autoridades, las familias llevan un año en la pelea por lograr que sea aceptado su derecho a recordar, en el centro financiero y cultural de la capital, los rostros y los nombres de las personas ausentes.
Hasta ahora, el Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) ha rechazado el diálogo. Sheinbaum canceló una reunión prevista para los últimos días de marzo, cuando recibiría —formalmente— la petición de las familias para que les fuera entregado un espacio de memoria que se ha ido construyendo colectivamente, pero que oficialmente es conocido como la Glorieta del Ahuehuete.
Las familias aseguran que el GCDMX ha propuesto que la convivencia entre el ahuehuete —que fue retirado en marzo debido a que no logró adaptarse y será sustituido por otro ejemplar a mediados de mayo— y el reclamo de la gente organizada se resuelva con la instalación de un monolito con un poema sobre la memoria y la desaparición forzada. Para las colectivas, el espacio solo tiene sentido si incluye los rostros y los nombres de las personas desaparecidas.
Con el propósito de conmemorar el primer aniversario de la toma, que suma este lugar a la “ruta de la memoria” inaugurada en abril de 2015 con la instalación en Reforma del antimonumento +43, en recuerdo de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, se convoca a llevar, hoy a las 18:00 horas, veladoras que permitan construir “un faro de esperanza” en la glorieta.
La identidad libertaria que ganó durante su primer año el espacio, al que más de mil familias de distintas partes del país llegaron a poner fotos, es el centro de la disputa. En una zona planificada acorde con los intereses del turismo internacional, la existencia de un oasis popular, caótico y abierto, que no depende de ningún mediador para su intervención, revela otro conflicto: ¿a quién corresponde la construcción de los espacios de memoria?
Genealogía de la ocupación
La idea vino del norte. La toma de la glorieta en la Ciudad de México tuvo un antecedente: la creación del Árbol de la Esperanza en Torreón, Coahuila, el 30 de agosto de 2015. En la fecha que conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, las familias que integran los colectivos Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (Fuundec y Fundem), y el Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida), decidieron ocupar un árbol en la Alameda Zaragoza para adornarlo con los rostros de sus desaparecidos. Volvieron en diciembre de ese año y colocaron esferas que simbolizaban lo difícil que es pasar la Navidad con un ser querido ausente en la mesa.
Esta iniciativa cobra mayor sentido debido a que este estado ha marcado el ritmo del movimiento nacional de búsqueda: en Coahuila se gestó el primer colectivo de familiares en 2009 y se denunciaron públicamente casos como el de Fanny Sánchez Viesca, desaparecida el 5 de noviembre de 2004 a los 16 años, cuando estos crímenes aún no eran siquiera reconocidos como tales. También fue la primera entidad en apelar a la Corte Penal Internacional, en 2017, solicitando su intervención en la investigación de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en su territorio, en un informe respaldado por cien organizaciones civiles de derechos humanos.
La imagen que nació en Torreón se replicó en Sinaloa. Colectivas de familiares tomaron distintos árboles, incentivando a otras a hacerlo y, para la mitad de 2020, ya había cuatro árboles de la esperanza en Culiacán, capital del estado. En Coahuila se creó un segundo árbol en la capital, Saltillo, en 2021, frente a la sede del Palacio de Gobierno, y un tercero en Arteaga.
“Están en lugares muy públicos, donde las familias llegan, los toman y colocan fotos en ellos como una forma de decirles a las autoridades: ´Aquí estamos´; pero lo que ha pasado es que mucha más gente se acerca y lee los nombres, ve las fotos. Creemos que han ayudado a que haya más conciencia y han abierto la discusión del tema”, explicó María Eugenia Arriaga, encargada de comunicación del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que ha acompañado la creación de estos espacios en Coahuila, y también de la glorieta.
Arriaga explicó que la triste, pero inminente cifra, hace un año, de más de 100,000 casos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, fue el detonante que cuajó la misma idea en muchas personas: es necesario llegar a la capital del país.
Así comenzó la planeación y se decidió que la toma del espacio ocurriera dos días antes del 10 de mayo, la fecha en que se celebra a las madres y que, desde hace una década, ha sido marcada por quienes están en búsqueda como su día de lucha. Este año, la doceava Marcha de la Dignidad Nacional: Madres Buscando a sus Hijas e Hijos, Verdad y Justicia, agregó la consigna: “No conocemos fronteras para buscarles”.
Lourdes Herrera del Llano fue la encargada de leer la proclama en la glorieta el Día de las Madres. “Participé en la marcha del 10 de mayo y me tocó dar el mensaje de por qué las familias tomaban la glorieta como un espacio para nuestros hijos”, recordó. “Porque las madres no celebramos, salimos a luchar y a reclamar por la deuda que el gobierno tiene con nosotras y nuestros hijos, de acceso a la verdad y la justicia, de garantía de no repetición. Por eso decidimos tomar este espacio como memoria viva y con la exigencia de que ninguna otra familia tenga que vivir estos crímenes”.
Originaria de Coahuila, Herrera está en búsqueda desde el 29 de agosto de 2009, cuando su hijo de 8 años, Brandon Esteban Acosta Herrera, fue desaparecido junto con su padre Esteban y sus tíos Gualberto y Gerardo Acosta Rodríguez en las afueras del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, en Ramos Arizpe, Coahuila.
“Para nosotras es muy importante que estén sus rostros y sus nombres, porque estamos combatiendo el olvido. Que ni la sociedad ni el Estado se olviden de ellos, de los que no están. Que no olvide [el gobierno] su responsabilidad de buscarles, encontrarles, investigar qué pasó y darnos paz a las familias”, agregó.
Memoria: calle versus ley
Aunque Yoltzi Martínez Corrales tardó en sumarse al movimiento de búsqueda después de que su hermana Yatzil fuera desaparecida el 27 de abril de 2010 en Acapulco, Guerrero, actualmente carga un denso bagaje cosechado en las actividades de lucha que ha vivido. Incluso con esa experiencia, el pasado 8 de mayo fue la primera vez que participó en una ocupación por la memoria.
“La glorieta fue el primer espacio en el país en tomarse como [parte del] movimiento nacional, [para] que represente a todas las familias de la república y esté abierto para ellas. Así iniciamos, el día que la tomamos éramos familias de distintos estados de acuerdo en hacerlo”, explicó Martínez.
Todo se hizo rápida y colectivamente: clavando con cemento en el suelo unas estructuras que permitieran colgar los primeros rostros, que con el correr del año llegarían a mil. Así lo contabilizó en diciembre de 2022 el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que junto con el Fray Juan de Larios de Coahuila, colabora, por solicitud de las familias, en la defensa del espacio y les ayuda a generar herramientas que les permitan conservarlo, vinculadas al respeto del derecho a la protesta.
La sorpresa fue la respuesta del GCDMX, que quitó las fotos y las lonas colocadas el primer día y, a la fecha, no las ha devuelto. Lo impactante es lo complicado que ha sido consolidar el lugar bajo un gobierno de izquierda, consideró otro de los promotores de la toma, Jorge Verástegui, quien busca a su hermano Antonio y a su sobrino Antonio de Jesús desde el 24 de enero de 2009, cuando fueron desaparecidos en Parras, Coahuila.
“Pensamos que no iba a provocar una resistencia tan grande como la que se generó. Pero la respuesta del gobierno de la Ciudad de México ha sido ocultar la problemática, no reconociendo a las familias al inicio y diciendo que eran acciones de un grupo minúsculo, que no podía estar por encima de las decisiones de una encuesta ciudadana”, señaló.
El mismo día de la toma, la jefa de gobierno anunció que, como resultado de dicha encuesta, la antigua palma que ocupaba el espacio sería reemplazada por un ahuehuete, que según la historia de la conquista fue el árbol junto al que Hernán Cortés lloró su derrota frente a los mexicas en la llamada Noche Triste. Los familiares respondieron que podrían adoptar al majestuoso árbol como el “guardián de las y los desaparecidos”, pero a un año del hecho no se han logrado reunir con Sheinbaum para debatir este asunto.
El 5 de junio de 2022, Día Mundial del Medio Ambiente, cuando el gobierno capitalino organizó un gran evento para recibir el ahuehuete, las familias forzaron la seguridad y volvieron a tomar el espacio, que había sido vaciado de sus fotos. Fue sintomático cómo la jefa de gobierno se acercó a dialogar con las familias presentes y publicó su apoyo en Twitter —“nuestro corazón está con ustedes y del lado de la justicia”—, mientras que en la nota de la Secretaría del Medio Ambiente sobre el evento ni siquiera se les mencionó, aunque se encontraban paradas tras el podio.
“Es natural que en la capital del país se den este tipo de protestas, porque aquí está el poder político y es donde confluyen las grandes demandas sociales de México. Frente a una crisis humanitaria de las dimensiones que vivimos, el discurso de esta administración no se corresponde con la realidad. Incluso considerando que hay diferencias al interior del partido Morena [al que pertenece Sheinbaum], el cual, por otro lado, está promoviendo una Ley de Memoria a nivel federal”, apuntó Verástegui.
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó el pasado 15 de marzo, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, un proyecto de Ley General de Memoria, surgido de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. Según afirmó Encinas, la ley busca “establecer las obligaciones del Estado para garantizar el ejercicio de este derecho”, mediante acciones que incluyen la creación de un Centro Nacional de la Memoria en Puebla.
La respuesta de las familias llegó en un texto firmado por Angélica Orozco Martínez, integrante del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, que se opuso tajantemente al proyecto: “Desde noviembre [de 2022] les dijimos que abrir este proceso para crear una ley de la memoria era un error, que esta ley no es un tema prioritario y que el Estado mexicano tiene muchos otros temas pendientes que solucionar antes de querer imponer una ley que reglamente nuestra memoria”.
Esta postura fue respaldada por una veintena de colectivos y familiares de personas desaparecidas a título individual, vinculados a la defensa de la glorieta, que hicieron suyas las palabras de Orozco.
Las fuentes consultadas para este texto respondieron en el mismo tenor, señalando que la falla del Estado en sus obligaciones es lo que ha derivado en la crisis humanitaria de 112,078 personas desaparecidas y no localizadas, según cifras del 4 de mayo. A las familias, en cambio, les bastó su intuición para saber cómo había que reclamar la aparición de los que faltan; y respondieron, naturalmente, igual que los cientos de personas que llevaron de forma anónima sus fotos y las pegaron con engrudo o con cinta a los muros que les privan el paso a la glorieta.
Lo supo Verónica Rosas Valenzuela, que eligió la glorieta para conmemorar el séptimo año de la desaparición en Ecatepec, Estado de México, de su hijo Diego Maximiliano, el pasado 4 de septiembre, un día antes de que se instalara la valla de protección alrededor del ahuehuete; lo supo también Sandra Luz Román, quien al cumplirse diez años de la desaparición de su hija Ivette Melissa, en Iguala, Guerrero, vino a manifestarse por primera vez a la Ciudad de México, deteniendo la marcha junto a la glorieta en la mañana del último 24 de octubre para decir unas palabras.
Y lo supieron, el domingo 22 de enero de 2023, los familiares de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, defensores de derechos humanos desaparecidos una semana antes tras salir de una asamblea en Aquila, Michoacán, en la que se abordó la lucha legal que mantienen los comuneros contra la minera Ternium.
Apenas hace dos semanas, la intuición llevó también a que cuatro familias se organizaran por sus propios medios para imprimir cuadro a cuadro las fotos de sus desaparecidos durante el gobierno actual: Leonel Báez Martínez, Jesús Armando Reyes Escobar y Ángel Gerardo Ramírez Chaufón, tres jóvenes que faltan de sus casas desde que salieron de trabajar de un Sanborns, el último viernes de noviembre de 2019 a las diez de la noche, en el ajetreado Eje 5 Norte, frente a la vista de todos. Junto a sus rostros, quedó la imagen de otra joven madre, hija, hermana: Jael Monserrat Uribe Palmeros, desaparecida el 24 de julio de 2020, tras abordar un automóvil a media tarde en el cruce de Eje 5 Sur y Calzada de la Viga.
Para el artista Alfredo López Casanova, del colectivo Huellas de la Memoria, que trabaja junto a las familias desde 2016 apoyando estos procesos, la toma de la glorieta “es un paso cualitativo en las estrategias de denuncia y visibilización de las familias. Pasar de una marcha y de ir a oficinas, a tomar un sitio físico en el espacio público, significa que hay una maduración de las familias en la reflexión de la importancia de la lucha por la memoria”.
Este texto fue publicado originalmente en www.adondevanlosdesaparecidos.org, sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
