* A Sergio Rivera Hernández lo desaparecieron en agosto de 2018. Indígena nahua, de oficio mecánico y padre de cinco hijos, se transformó en defensor del territorio al enterarse de las intenciones de construir un proyecto hidroeléctrico que generaría energía para la Minera Autlán.
* Eso sucedió en la Sierra Negra de Puebla, región del centro-sur de México en donde los ríos dan vida al territorio y en donde las radios comunitarias han sido una herramienta para la defensa del ambiente y el reclamo de justicia por la desaparición de Rivera.
* Cinco años después, no hay detenidos por la desaparición del defensor. El proyecto hidroeléctrico se detuvo, pero no se ha cancelado. Aún está vigente la concesión para el uso del agua del río Coyolapa que las autoridades entregaron a la empresa.
José sostiene el micrófono con firmeza cuando lanza su mensaje por la radio comunitaria: “En este país cada vez va en aumento la situación de desapariciones. Todos debemos de ser conscientes de lo que pasa. El día de ayer fue lamentable ver que las fichas de búsqueda de personas desaparecidas, que luego vemos pegadas, hayan sido tapadas o arrancadas”.
En la cabina de Radio Altépetl Zoquitlán, José, cuyo nombre real no es publicado por cuestiones de seguridad, pide a la gente que respete los carteles con los rostros de los desaparecidos, porque pueden ayudar a encontrar a alguien, porque son una forma de recordar que una persona está desaparecida.
En las fichas de búsqueda colocadas en paredes y postes de esta comunidad de montañas y ríos ubicada en el estado de Puebla, al centro-sur de México, se ven caras de mujeres y hombres jóvenes, pero no aparece el rostro de Sergio Rivera Hernández. Seguramente, la ficha de búsqueda con su nombre también fue arrancada.
Todavía en febrero de 2022, en la comunidad de Ventanillas, en un poste junto al arco de entrada que anuncia la llegada al municipio de Zoquitlán, había una ficha de búsqueda con la fotografía del indígena de 33 años: mirada seria, ceño fruncido, cabello negro y corto; el brazo derecho levantado a un lado de su rostro.
En la cabina de Radio Altépetl Zoquitlán, José recuerda que el 23 de agosto de 2018 desaparecieron a Sergio Rivera Hernández, su amigo y compañero en la defensa de los ríos que serpentean por la Sierra Negra de Puebla, región cafetalera ubicada en el centro-sur de México, en la zona limítrofe con Oaxaca y Veracruz.
Sergio Rivera Hernández encabezó en Coyolapa, su comunidad natal en el municipio de Zoquitlán, la formación de los comités de resistencia en contra del proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala, del Grupo Ferrominero al cual pertenece la Minera Autlán, que pretende usar las aguas de los ríos Coyolapa, Atzalan y Huitzilatl en la generación de energía eléctrica. Este proyecto afectaría un territorio que abarca los municipios de Zoquitlán, Tlacotepec y Coyomeapan; una región en donde habitan casi 90 000 personas.
Cuando lo desaparecieron, Rivera vivía con su esposa y sus cinco hijos y se dedicaba a la mecánica. En cuanto se enteró de la existencia del proyecto hidroeléctrico y las afectaciones al territorio, fue una de las principales figuras de referencia en la organización comunitaria. Quienes participaron en el movimiento en contra de la hidroeléctrica lo describen como muy reservado, pero también recuerdan que su personalidad era magnética: su voz y su presencia invitaban a escuchar sobre la lucha, a sumarse, a informarse.
La voz de Rivera se escuchó en algunas de las transmisiones de las radios comunitarias que se fundaron en el marco de la oposición al proyecto hidroeléctrico. En 2016, Radio Tlacuache (zarigüeya), comenzó a sonar en el municipio de San Pablo Zoquitlán. Pocos meses después, en el municipio vecino de Tlacotepec de Díaz, Radio Tlayoli (maíz, en la variante del náhuatl que se habla en la zona) seguiría los mismos pasos.
Ambas radios comunitarias nacieron como herramientas sonoras para la defensa del territorio: desde ahí se transmitían noticias sobre el avance del proyecto, se convocaba a asambleas, se informaba sobre los impactos de la hidroeléctrica y se invitaba a informarse para defender el territorio, combatiendo la desinformación de la empresa y del gobierno.
Enterarse por el periódico
Sentada afuera de su casa en la comunidad indígena de Pozotitla, en el municipio de Zoquitlán, Flor recuerda cómo comenzó la defensa de los ríos en este rincón de la Sierra Negra de Puebla. Sus palabras, que por seguridad pide que sean citadas bajo un nombre ficticio, son acompañadas por el sonido de las aves y del viento que anuncian la lluvia.
Era 2016 y ella tenía 14 años. Su padre, campesino y sembrador de café como muchos de los que viven en estas tierras, trabajaba en su cafetal ubicado a un kilómetro del cauce del río Coyolapa, cuando se encontró a dos hombres foráneos. Al preguntarles para qué hacían una brecha en un terreno privado, sólo respondieron con excusas.
Días después, un periódico local publicó la noticia: Minera Autlán planeaba construir el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala. La empresa es propiedad de José Antonio Rivero Larrea, primo de Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, al que pertenece la mina Buenavista de Cobre que en 2014 provocó un derrame de sulfato de cobre y metales pesados en el Río Sonora, al norte de México, y considerado como uno de los mayores desastres ambientales en el país.
Hasta ese momento ninguna autoridad se había acercado a las comunidades de la Sierra Negra de Puebla para informarles de qué se trataba el proyecto de la hidroeléctrica, recuerda Flor, que hoy tiene 21 años. “La empresa, cuando llegó, no explicó las afectaciones que va a causar (la hidroeléctrica). Sólo prometió empleos y dijo cuántos, por cuánto tiempo y que iba a haber un desarrollo en la comunidad, porque consideran que esta comunidad es de máxima pobreza”.
Flor tiene muy claro por qué los habitantes de las comunidades de la zona baja del municipio de Zoquitlán comenzaron a organizarse en contra del proyecto hidroeléctrico: “Nosotros nacimos aquí, crecimos aquí, pues ha sido la importancia de seguir conservando todo lo que existe”.
La familia de Flor y sus vecinos en la comunidad de Pozotitla preguntaron a los integrantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), organización social que trabaja en la zona desde hace décadas, si sabían algo sobre el proyecto hidroeléctrico.
En 2016, Omar Esparza, actual dirigente de MAIZ, organización que forma parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), junto con otros de sus compañeros, empezaron a investigar. Consiguieron la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que la empresa Proyectos Hidroeléctricos de Puebla presentó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Ese documento de 270 páginas detalla que el Proyecto Sistema Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan plantea la generación de energía, a través de dos subsistemas que afectarían a tres ríos de la Sierra Negra: Coyolapa, Atzalan y Huitzilatl. Su construcción implica obras en tres municipios de Puebla: Coyomeapan, San Sebastián Tlacotepec y Zoquitlán, la tierra de la familia de Flor.
Este proyecto contempla, además, construir una cortina de 22 metros de altura en el río Coyolapa, otra de 4.5 metros en el río Atzalan y una más de un metro en el río Huitzilatl. También incluye la construcción de varios túneles para conducir agua de los afluentes.
Todo esto en una región donde es posible encontrar bosque mesófilo de montaña, selva alta y bosque de pino y encino, de acuerdo con los datos de la MIA. En ese documento también se reconoce que hay presencia de varias especies de flora y fauna protegidas, entre ellas ocelotes y armadillos.
La organización MAIZ informó a los habitantes de comunidades vecinas, entre ellos a Sergio Rivera y la familia de Flor, lo que se planeaba hacer en su territorio. Poco tiempo después, los pobladores descubrieron que las autorizaciones para el uso de suelo y construcción de una parte del proyecto hidroeléctrico ya estaban firmadas y aprobadas por Fermín González León, en ese momento presidente municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de Zoquitlán.
Los permisos de cambio de uso de suelo y una firma avalando la MIA se dieron sin que existiera una consulta a las comunidades indígenas de la región. Esa información detonó asambleas, movilizaciones dentro y fuera de Zoquitlán y el fortalecimiento de la resistencia en los tres municipios.
“Van a secar esa agua (la del río), porque lo van a encerrar. Todo ese río que corre, va a quedar un volumen del 10 %. En partes puede que hasta se seque… El café que está floreando en esta temporada, puede que ya no se dé el café. La milpa ya no se dé”, explicaba Sergio Rivera, durante una de las conferencias de prensa que los habitantes de las comunidades dieron en la ciudad de Tehuacán, el centro urbano más grande de la región.
Hay un video realizado por Radio Zapote en donde se rescata una de esas conferencias; ahí a Sergio Rivera se le mira serio, y muy firme, convencido de la importancia de defender el territorio y de no dejar pasar el proyecto hidroeléctrico. El indígena nahua estaba convencido de la necesidad de proteger la vida.
Ríos que dan forma al territorio y a la vida
El río es esencial en la vida de los pueblos nahuas de la Sierra Negra. En el municipio de Zoquitlán, por ejemplo, la comunidad principal y más grande está en la parte alta y todo el camino hacia abajo, hacia el río Coyolapa —también conocido como río Tonto o Paso— está salpicado de comunidades que en el área son conocidas como zona baja o tierra caliente por su clima cálido y húmedo.
La cercanía del río otorga las condiciones necesarias para que la zona sea habitada por cafetales y árboles frutales. En estas tierras en donde casi todos son campesinos, el río también es el lugar de recreación, a donde van las familias a refrescarse en los días festivos y fines de semana. El cuerpo de agua está muy cerca de donde vivía Sergio Rivera.
El antropólogo Alejandro Castaneira, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), explica que las comunidades indígenas de la región (que se ubican desde los 200 hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar) tienen un sistema social que aún conserva dinámicas como el trueque y “un altísimo grado de preservación de la lengua”, una variante dialectal del náhuatl.
Castaneira explica que la cultura nahua de la Sierra Negra establece diálogos con las entidades no humanas, como los ríos. Para ello, los habitantes de la región realizan ceremonias y rituales en los manantiales. En los alrededores de Coyolapa, la comunidad donde Sergio creció, se encuentran varios de esos sitios ceremoniales.
Flor sintetiza lo que en estas tierras representa el río: “La vida de todas, de todos y de todo lo que existe en este territorio. El río es parte de nosotros, porque sin el agua no vamos a vivir y sin el agua no vive todo lo que existe”.
Por eso, cuando en Pozotitla, Coyolapa y otras comunidades se enteraron que el río iba a ser entubado y que construirían una cortina que impediría el paso libre del agua, la gente comenzó a realizar asambleas y foros para informar en qué consistía el proyecto hidroeléctrico. En todas estas movilizaciones la figura de Sergio Rivera era central: siempre alentando a que la gente escuchara.
Esparza, de MAIZ, recuerda que cuando las comunidades empezaron a organizarse y a inconformarse, la Secretaría de Energía (Sener) promovió una consulta exprés para avalar el proyecto, pero “los nacientes comités de resistencia insistieron en que primero se tenía que informar a los habitantes del territorio”. Y de esos comités, Sergio Rivera era el líder de su comunidad, Coyolapa.
En la región comenzó a darse una fuerte división entre quienes estaban a favor y en contra del proyecto hidroeléctrico, entre quienes pensaban que la obra daría trabajo y aquellos que defendían a los ríos.
Flor recuerda que las autoridades municipales decían que las obras llevarían empleos y desarrollo. Esas promesas entusiasmaron a más de uno. Y es que las comunidades de la zona baja de la Sierra Negra aparecen en los mapas nacionales dentro de las áreas con alta marginación. En el municipio de Zoquitlán, por ejemplo, 47.8 % de la población vive en pobreza extrema, de acuerdo con el “Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022”, de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal.
Si quieres leer el material completo da clic aquí.
* Defensores desaparecidos es un proyecto periodístico realizado por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos. * Ilustración: Tobías Arboleda
