Platicamos con Roberto Zataráin, diputado local electo de Puebla que busca impulsar iniciativas sobre salud mental; esto nos contó.
CARLOS GALEANA | @CarlosGaleanaB
Roberto Zataráin Leal es licenciado en Administración Pública, empresario y a partir del 15 de septiembre se convertirá en diputado local por el distrito 19.
Para el morenista, la salud mental será uno de los temas más importantes dentro de su agenda legislativa debido a que existe una crisis de la que pocas veces se habla en espacios como el Congreso de Puebla.
“Ha habido una descomposición acelerada después de la pandemia, hay millones de personas que viven con depresión y no lo saben, hay muchas personas con ansiedad que no están siendo atendidas (…) sin salud mental no hay nada”, dice en entrevista para Manatí.
En un estado donde más de mil 300 personas se suicidaron entre 2019 y 2022, de acuerdo con el INEGI, Zataráin Leal pretende que el Estado pueda brindar de manera gratuita a toda la población diagnósticos dignos, fáciles y prácticos.
“Necesitamos diagnósticos, primero, a los cuales las personas puedan acceder de manera fácil, práctica y gratuita, y por su puesto después de un diagnóstico se debe de proveer de psicoterapias, para eso voy a proponer armar un padrón de psicoterapeutas de odo el estado en el cual se pueda atender a la gente a distancia (…) por su puesto lo ideal va a ser que podamos establecer centros en donde las personas puedan recibir la psicoterapia de manera presencial, pero no nos tenemos que limitar a eso, las tecnologías nos permiten comunicarnos de manera eficaz a distancia, tenemos que legislar eso”, puntualiza.
En la siguiente conversación, el legislador asegura sin pensarlo dos veces, que el exgobernador Miguel Barbosa causó más daños a la salud mental de las y los poblanos que el panista Rafael Moreno Valle.
Asimismo, detalla que aunque ha tenido desencuentros con personajes que dirigen medios de comunicación, la relación que tendrá con la prensa será respetuosa, por lo que también buscará que ni el gobierno estatal ni los gobiernos municipales realicen acuerdos comerciales con periodistas y comunicadores que se encuentren dentro del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género contra las Mujeres.
