Lucha social, clave en despenalización del aborto y Ley de Movilidad

lucha social puebla

La lucha social a través del activismo de organizaciones civiles, gobernantes asumidos de izquierda y órdenes judiciales han sido factores para que algunas leyes sean aprobadas por el Congreso de Puebla, a pesar de la polémica que generaron

Paola Macuitl Gallardo | @Paola_Macuitl

La LXI Legislatura logró la aprobación de reformas como la despenalización del aborto y la expedición de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, pero desde el activismo se considera un logro colectivo en el que sociedad civil insistió hasta el último momento.

En entrevista con la activista y consejera del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lizeth Mejorada, consideró que el Congreso local sacó adelante dichas aprobaciones por la presión que colectivos y la sociedad civil ejercieron sobre las y los diputados.

“A lo largo de los años y el movimiento social de Puebla ha sido un gran ejemplo de perseverancia y sobre todo de crecimiento”, dijo.

Comentó que en la entidad poblana, el feminismo ha crecido en los últimos 14 o 15 años, lo anterior ha sido evidente con las marchas de cada 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, cuyas cifras crecen año con año.

Por ello, leyes como la Ley Monzón, para retirar la patria potestad a los padres feminicidas o la Ley Vicaria, para castigar la manipulación y uso de los hijos para lastimar a la madre, fueron el resultado de peticiones que la sociedad civil hizo en reiteradas ocasiones.

En el caso del aborto, también fue necesario que tres organizaciones ganaran un amparo ante la justicia federal para que poblanas accedieran a una interrupción del embarazo.

Se trató del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (CAFIS), Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Feministas tomando el Congreso de Puebla
Fotografía: Daniel Chazari

En 2021 se realizó la toma pacífica del Congreso y posteriormente se llevaron a cabo foros y conversatorios, como parte del parlamento abierto que se debía llevar a cabo en un tema tan polémico.

Como parte del colectivo Manu Vive, Lizeth Mejorada también compartió que lograr la Ley de Movilidad y Seguridad Vial llevó un proceso largo, en el que diputadas de Movimiento Ciudadano también colaboraron.

Por ejemplo, primero se tuvo que reformar el artículo 4 constitucional, después hacer la Ley General de Movilidad y después se obligó hacer una ley estatal, fue entonces como se expidió en Puebla.

“Son logros colectivos que no necesariamente, podemos decir que hubo una varita mágica, sino que hubo muchos esfuerzos (…) es una lucha colectiva, no hay dueñas de las agendas, ni nada por el estilo”, dijo.

La exdiputada Yolanda Gámez Mendoza de Morena, una de las promoventes de la despenalización del aborto, también consideró que la presión de colectivas terminó por surtir efectos en las y los legisladores para despenalizar el aborto: “Las presiones de la sociedad eran altísimas, siempre lo fueron”.

Detalló que el tema se habló varias veces, incluso se llevó a cabo un sondeo para saber quienes podrían votar a favor.

“Yo vivo en Atlixco, cuando yo iba a Atlixco veía una lona grandísima que decían que ya era hora de que se despenalizara la interrupción del embarazo, yo me quedé con los ojos abiertos”, dijo.

Con su experiencia como litigante y activista de izquierda, Yolanda Gámez comentó que la presión social es muy importante para generar el movimiento de los poderes políticos: “Un Ministerio Público no soporta a 200 personas afuera, exigiendo que se apure con la carpeta”, dijo.

La izquierda con mayoría en el Congreso, otro factor determinante

Lizeth Mejorada añadió que el aborto fue despenalizado por las posturas de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, así como la opinión de Alejandro Armenta, quien reiteró que la Suprema Corte de Justicia de a Nación (SCJN) ya había declarado inconstitucional criminalizar a las mujeres.

De igual forma Yolanda Gámez explicó que algunas diputadas y diputados señalaron que el verdadero costo político sería que la izquierda gobernara y aún así estos temas no fueran legislados. 

“Fue muy difícil aguantar la vara de que siendo de izquierda, no iba a trámite la reforma, ni siquiera la hayan llamado a comisiones para decir está mal”.

Cabe señalar que el mismo día que el Congreso local aprobó la despenalización del aborto, fue aprobada la Ley de Voluntad Anticipada, con la que enfermos terminales pueden solicitar no ser sometidos a tratamientos que alarguen su vida y en cambio recibir medicamentos paliativos que reduzcan el sufrimiento.

En ese sentido, consideró que fue aprobada esa reforma como un efecto colateral de la despenalización de la interrupción del embarazo, fue una manera de refrendar que el Legislativo no le daría rodeos a temas polémicos, toda vez que dicha ley puede ser confundida erróneamente con la eutanasia.

Congreso, obligado por mandatos judiciales a legislar

Si bien el Congreso aprobó reformas para las que fue necesaria la presión social, también tuvo que trabajar en legislar otros temas por mandato judicial. Por ejemplo, la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Puebla, para que el gobierno indemnice a la población por sus malas prácticas.

La expedición de esta ley fue necesaria porque el Congreso ya sumaba diez amparos, donde se señala la falta de legislación en la materia.

La Ley de Responsabilidad Patrimonial debió ser expedida por el Congreso de Puebla en 2004, para estar en concordancia con la legislación federal. Ya que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial fue promulgada en dicho año.

Otro tema que el Congreso deberá aprobar es el reconocimiento de las infancias trans. Se busca que en Puebla las y los menores de edad puedan hacer su cambio de identidad en las actas de nacimiento. 

Esto se logró solo para mayores de edad con la llamada Ley Agnes, pero la Corte determinó que es inconstitucional que solo aplique para mayores de edad.

En 2022 fue declarada la inconstitucionalidad y desde entonces el Congreso ha sido omiso, fue hasta el pasado 28 de julio, cuando tuvo que sesionar la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para rendirle cuentas a la Corte sobre los avances en la materia.

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