Desaparecer lejos de casa: Brayan Fernando Mesa Santos desapareció el lunes 4 de marzo de 2024 en un hotel de Palenque. En su búsqueda, Estela Santos, su madre, ha viajado desde Puebla, donde reside, para seguir pistas que han resultado falsas, como que su hijo estaba preso en un penal o había sido víctima de reclutamiento forzado. Hasta la fecha, la fiscalía estatal no tiene avances sobre el caso

Aranzazú Ayala Martínez | A DÓNDE VAN LOS DESAPARECIDOS

Un hombre vestido de negro pasa frente a una reja del hotel Villas del Carmen, en Palenque; voltea unos segundos hacia la cámara de seguridad, parece hacer una señal. Antes, el video registra la entrada de varios vehículos; luego sale una camioneta seguida de una motocicleta que pertenece a Brayan Fernando Mesa Santos, pero no es él quien la conduce. Desde las primeras horas del lunes 4 de marzo de 2024, el estudiante de 29 años está desaparecido.

Ese mismo día, a 675 kilómetros, en su casa de la ciudad de Puebla, Estela Santos supo que algo le había pasado a su hijo cuando no respondió sus llamadas. “El 3 de marzo, a las 10 de la mañana, me marcó por teléfono. Yo tenía un compromiso ese día y me dice: ´Mamita, haz tus cosas, ya te marco en la noche’. Y pues ya no me habló. El lunes, a las 6:30 de la mañana, le marqué, no me contestó; le mandé mensajes, nada. Ahí dije: a mi hijo algo le pasó. Y ya fue cuando el miércoles decidimos viajar a Chiapas”, recuerda.

Desde 2020, las desapariciones en Chiapas se han multiplicado. Ese año se registraron 65 casos, mientras que en 2024 la cifra aumentó a 495, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), un crecimiento del 661%. Hasta el pasado 16 de julio, el estado registraba 1,582 desapariciones. Con 58 casos, Palenque es el quinto municipio con mayor número de víctimas, después de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Frontera Comalapa y Comitán. 

Palenque, una de las principales ciudades mayas del periodo clásico (250-900 d.C.) y Patrimonio de la Humanidad desde 1987, es conocida por su zona arqueológica, que en 2024 recibió más de 308,000 visitantes. Apenas un tercio del número de personas que la visitaron en 2017 —cerca de un millón (920,470)—, debido, entre otras razones, a que la violencia en el estado ha impactado también a este destino turístico.

Aunque existen indicios de quiénes pudieron llevarse a Brayan, por los vehículos captados por la cámara de seguridad del hotel, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha seguido ninguna pista ni tiene líneas de investigación claras, asegura Estela. Las entrevistas con el personal del hotel y de la Facultad  Maya de Estudios Agropecuarios de la Universidad Autónoma de Chiapas, donde el joven estudiaba agronomía, no han aportado información que permita dar con su paradero, lamenta. Al principio, dice, le abrieron las puertas a la familia, pero eso fue solo unos días; después dejaron de responderles. 

Del video, que contenía horas de grabación, solo se pudo rescatar un par de minutos, que muestran a los vehículos entrando y saliendo del hotel, y al hombre de negro, que no ha sido identificado. La familia de Brayan investigó por su cuenta y descubrió que, a las tres de la mañana, justo en los momentos finales registrados en el video, el celular del joven se desconectó del wifi y se activaron los datos. La última geolocalización del teléfono, antes de que fuera apagado, corresponde a un área cercana a la fiscalía de Palenque. 

“La desaparición de mi hijo fue en la madrugada, a las 3 de la mañana se llevaron a mi hijo. Como que ahí sí me entra mucho la desesperación, porque yo digo, imagínate, fue en la madrugada. A esa hora mi hijo ya estaba durmiendo. Imagínate que lo hayan ido a sacar. ¿Qué habrá sentido? Yo digo, ¿cómo abrieron la puerta? Alguien les tuvo que haber abierto”.

En Palenque se tiene evidencia de la colusión de autoridades en delitos de desaparición. El 17 de marzo de 2024, Félix Sánchez Altunar, quien trabajaba en el Distrito Selva de la FGE en esa ciudad, fue desaparecido por un grupo de sujetos armados tras salir de su domicilio. El pasado 23 de diciembre fueron detenidos nueve policías municipales —incluido el director, Édgar “N”—, y un comandante regional de la Policía de Investigación de Palenque, Rodrigo “N”, acusados de desaparición forzada; una de sus víctimas sería Sánchez Altunar. Tras estas detenciones se reportó el hallazgo de una fosa clandestina en la comunidad de Nueva Esperanza, en el mismo municipio.

Brayan, quien trabajaba en la construcción a la vez que estudiaba, era beneficiario de la Beca para el Bienestar Benito Juárez, un apoyo del Gobierno federal a estudiantes, pero las autoridades no han investigado si ha habido movimientos bancarios en su cuenta, ni tampoco han buscado su motocicleta, asegura Estela. Fue hasta el 11 de junio de 2024, tres meses después de la desaparición, cuando el Ministerio Público organizó una primera brigada de búsqueda en Palenque, en la que entrevistó a personal del hotel.  

Para poder dar seguimiento al caso, la familia de Brayan se trasladó desde Palenque a Villahermosa, donde tienen parientes. A diferencia de las 11 horas de viaje desde Puebla, aquí el trayecto es de dos horas y media. “Se hacía más fácil para nosotros, un poco más”, cuenta Estela. “Así estuvimos mucho, mucho tiempo. Y de ahí nos tuvimos que trasladar a Tuxtla Gutiérrez para pedir más ayuda, para que vieran el caso de mi hijo. Pero pues fue lo mismo. En Palenque, definitivamente [en la fiscalía] se declararon incompetentes, que no pudieron averiguar nada. Lo único que nos dijeron es que habían ido supuestamente al hotel [durante la brigada de búsqueda], pero nada más. Nunca nos dijeron: saben qué, ya investigamos en el trabajo, en la escuela. Nada”.

Casi dos meses después de interponer la denuncia por la desaparición de Brayan, el 30 de abril de 2024, la fiscalía regional de Palenque se declaró incompetente para investigar el caso, que fue turnado a la Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares de la FGE, en Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado.

La realidad del reclutamiento forzado

En febrero de este año, Estela pensó que su hijo podía haber sido víctima de reclutamiento forzado. En una fotografía de varios hombres detenidos por la FGE de Chiapas, presuntamente involucrados con el crimen organizado, vio uno que podía ser Brayan; eso pensó al comparar la imagen una y otra vez con las fotos del menor de sus tres hijos —dos mujeres y un hombre—. Fue el abogado de oficio asignado a la familia Mesa Santos por la fiscalía estatal quien, días después, pudo ver a los acusados en persona y descartar que fuera Brayan.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) señala en su informe Tocar el vacío (2023) que las desapariciones en Chiapas ya no se relacionan únicamente con motivos políticos, como sucedió por décadas, cuando estaban ligadas a las acciones contrainsurgentes desplegadas tras el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Actualmente, agrega, responden también a la lucha de los grupos de la delincuencia organizada por el control del territorio, que se acentúa en las zonas fronterizas. El municipio de Palenque, que conecta con el vecino Tabasco, forma además parte de una importante ruta de tráfico de personas, principalmente migrantes.

Victorico Gálvez Pérez, abogado del Frayba, explica que fue en 2021, en el contexto de las elecciones para los gobiernos estatal y municipal, cuando inició la disputa entre las distintas organizaciones criminales —principalmente el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación—, que ha provocado cientos de asesinatos y desapariciones, y miles de personas desplazadas.

En el informe Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal (2025), el Frayba afirma que, a través de testimonios, han podido determinar que en las comunidades los jóvenes son reclutados tanto mediante el ofrecimiento de sueldos y bienes como de manera forzada; también han recibido denuncias de casos de abuso sexual contra mujeres y de víctimas de trata. 

El 20 de julio de 2024, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), el Frayba y otras tres organizaciones emitieron una acción urgente en la que solicitaron al Estado mexicano la protección de la población ante el aumento de la violencia en Chiapas. Denunciaban el reclutamiento forzado de civiles en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista y Siltepec.

Unos días después, el 1 de agosto, actualizaron esta información dando a conocer que el crimen organizado había reclutado a la mitad de los hombres que habitaban en varios ejidos y barrios de Frontera Comalapa, obligándolos a concentrarse en las casetas de las salidas de esta ciudad y de Chicomuselo. 

En noviembre de 2024, habitantes de la comunidad Ignacio Zaragoza, en el municipio de La Concordia, denunciaron que el Cártel Jalisco Nueva Generación y su aliado, el Cártel de Chiapas y Guatemala, estaban reclutando forzosamente a jóvenes para que realizaran bloqueos carreteros en los territorios que se disputan con el Cártel de Sinaloa. 

Gálvez señala que, en su acompañamiento a familias de varias regiones del estado, han ubicado las desapariciones principalmente en la frontera con Guatemala —en lugares como Tapachula y Frontera Comalapa—, donde hasta diciembre del 2024 se registró el mayor número de enfrentamientos entre cárteles. 

En 2025, el nuevo gobierno del morenista Eduardo Ramírez Aguilar “tomó el control” de los municipios fronterizos, indica, lo que disminuyó temporalmente la violencia, pero empezó a surgir en otras regiones, como en la zona limítrofe con Tabasco.

“[En la región fronteriza con Guatemala] el Frayba tiene registro de al menos 22 personas desaparecidas. Pero se queda corto [respecto] al número real, por el subregistro que hay. Lo que nosotros empezamos a notar este año con el nuevo gobierno es que la situación en esta región ha cambiado; refiriéndome al tema del desplazamiento, se habla de un 85% de personas que ya retornaron. ¿Y qué ha traído eso? El 29 y 30 de diciembre del año pasado fueron localizadas [en los municipios de La Concordia y Palenque] 25 fosas en las que se encontraron 31 cuerpos que a la fecha continúan sin identificar”.

La imposible búsqueda en penales

La primera pista que Estela tuvo del paradero de su hijo era que podía estar preso. Dos personas la contactaron en distintos momentos por las redes sociales para decirle que habían visto a Brayan en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Playas de Catazajá, a 30 kilómetros de Palenque. “Nosotros de inmediato nos fuimos a ver, queríamos ver, pero nunca nos dejaron entrar”.

Hasta la fecha, la familia de Brayan no ha podido acceder al penal. Fue tras la visita de unas compañeras buscadoras al Cereso que Estela pudo descartar, a principios de 2025, que su hijo estuviera preso. 

José Luis Gutiérrez, director de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), organización que brinda acompañamiento a personas privadas de la libertad (PPL), afirma que cada vez resulta más difícil ingresar a los centros de detención.

“Ahora nos ponen más obstáculos que antes. Antes era mucho más fácil hasta para nosotros como organización de la sociedad civil, que ya hemos recorrido los centros penitenciarios, poder acceder, hacer un buen trabajo de observación de condiciones de internamiento. Ahora es casi imposible”.

Buscar a un familiar dentro de las cárceles, explica Gutiérrez, se dificulta porque existe la práctica de fabricar culpables; por ejemplo, cuando detienen a una persona inocente y le fincan un delito, cambiando su identidad, poniéndole el nombre del delincuente que presuntamente lo cometió. También están los casos de personas que, al ingresar al Cereso, declaran otro nombre para no tener antecedentes penales.

Además, los requisitos para las visitas a los Ceresos y Ceferesos (centros federales de readaptación social) se han endurecido; para poder entrar, la persona tiene que comprobar que es un familiar directo, enviar sus documentos al área de trabajo social del penal, y esperar su aprobación para obtener la tarjeta de visita; además, cada PPL solo puede incluir a un número limitado de personas en la lista de visitantes. 

El principal obstáculo para las familias buscadoras, agrega, es la poca colaboración de las autoridades penitenciarias. “Por lo que hemos podido observar al acompañar a las familias y hablar con algunas en otros estados, hay una cerrazón casi generalizada; no diría que en todos los penales, pero en la mayoría es muy complicado que dejen entrar a las familias y, cuando las dejan pasar, les dan una carpeta de fotos en el mejor de los casos”.

La crisis de desapariciones, considera el abogado, debería propiciar que las autoridades sean corresponsables en las acciones de búsqueda, incentivando la colaboración entre las instituciones. Si bien existen las comisiones de búsqueda, a nivel federal y estatal, considera que les falta coordinarse con el sistema penitenciario y, desde un inicio, sensibilizarlos sobre la problemática. 

“El sistema penitenciario no está exento de tener personas con otra identidad que estén siendo buscadas por sus familias”, señala Gutiérrez. “Hemos visto casos donde pasan 10, o 15 años, en que la familia tiene por desaparecida a la persona, y resulta que está en un centro penitenciario. La familia tendría que tener la garantía de saber dónde está, pero no la tiene porque no les avisan, [las autoridades] no actualizan el registro, nunca les dejaron [a los internos] hacer la llamada en trabajo social [a sus familiares], o no se acuerdan del número [telefónico] de su familiar”.

El penal de Catazajá, donde afirmaron que podía estar Brayan, ha sido señalado por el Frayba como un lugar con condiciones de hacinamiento. La organización ha denunciado también un “patrón preocupante” en los penales de Chiapas, donde el autogobierno en complicidad con las autoridades carcelarias genera tortura y malos tratos a los internos. 

‘Ya no quiero plantas’

Estela cuenta que, cuando llegó al hotel Villas del Carmen en Palenque, acompañada del padre de su hijo, el personal les dijo que, el mismo día en que desapareció, vieron salir a Brayan en su moto, pero la puerta de su cuarto se había quedado abierta. 

Cuando pidieron ver la habitación, encontraron todo revuelto y tirado. Eso alarmó a Estela porque Brayan siempre ha sido muy ordenado. Los objetos de valor tampoco estaban: su dron y su computadora. 

“Yo quería entrar para ver sus cosas. La persona de la recepción se metió por una ventanita porque, según, no tenían llaves. Entonces le digo: ‘Oiga, pero ¿por qué está todo tirado?’. Y dice, pues es que don Fernando así tenía el cuarto. Le digo, me vas a perdonar, pero no. ¿Cómo crees que mi hijo iba a vivir así? Y pues sí, ya nosotros sabíamos que a mi hijo le había pasado algo. O sea, le digo, ¿cómo va a tener mi hijo así el cuarto? Y ya en ese momento nos fuimos a la fiscalía”.

Desde hace más de un año, Estela ha tenido que trasladarse no solo a Palenque, sino a la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, para dar seguimiento a la búsqueda de su hijo en un estado donde no tiene familiares ni amigos. Cuenta que Brayan siempre ha sido muy reservado, tenía pocos amigos en su natal Puebla y en Palenque no frecuentaba a muchas personas; su pasión es andar en bicicleta, dar largos paseos, y cuidar plantas, una afición que comparte con su mamá y por la que abandonó la carrera de criminalística. 

“Antes de que se fuera a Palenque”, recuerda, “mi casa la tenía yo llena de plantas; cuando [Brayan] me dijo que quería estudiar agronomía, tomábamos el café y siempre hablando de plantas. [Su desaparición] me vino a cambiar la vida. Algo que me haga sentir bien, ya no. Por eso le digo a mi hija: ya no quiero plantas. Ya no, ya no”.

El aumento de la violencia en Chiapas ha provocado el surgimiento de colectivos como Madres en Resistencia, creado a mediados de 2022. Adriana Gómez, madre de Jade Guadalupe Yuing, asesinada a los 13 años el 14 de enero de 2020, es la fundadora del grupo, que acompaña a familiares de víctimas de feminicidios y de personas desaparecidas. 

Gómez cuenta que, en 2023, llegó el primer caso de desaparición al colectivo. Era el de Cassandra Isabel Arias Torres, desaparecida el 17 de diciembre de 2022 a los 18 años en el municipio de Berriozábal durante la boda de su madre, Isabel. Ella recordaba que los hombres que se la llevaron vestían ropa con las siglas FGE. 

“La señora dice que son de la fiscalía porque llevan chalecos, cascos, con las siglas”, explica Gómez. “Entonces, cuando ellos irrumpen en el hogar dicen que son de la fiscalía. Se llevan a Cassandra, se llevan al músico, al tío de Cassandra y al novio. Después sueltan a dos, cerca de la Torre Chiapas [en Tuxtla Gutiérrez], donde hay muchas oficinas de gobierno. Me quedé con la mamá de Cassandra, marchamos nueve días sin descansar, exigiendo a la FGE que la entregara”.

El 6 de julio de 2023, el colectivo anunció que haría marchas diarias para denunciar las desapariciones en el estado y exigir la aparición con vida y la pronta búsqueda de quienes faltan. Desde ese año, han realizado plantones y bloqueos en vialidades de la capital como la avenida Central para protestar por la falta de resultados en las investigaciones.

Estela, la mamá de Brayan, se unió al colectivo para hacer presión en la búsqueda de su hijo. Esto no ha sido fácil, porque son traslados de más de 11 horas en autobús desde Puebla y el gasto de estar fuera. Pese a que ha tenido reuniones con autoridades de búsqueda tanto en Chiapas como en la Ciudad de México, y también se manifestó  junto a Madres en Resistencia frente a Palacio Nacional en marzo de 2025 para visibilizar sus casos ante los medios de comunicación, sigue sin saber nada de Brayan.

Su caso, como decenas de miles en México, no tiene avances, pero la lucha por recuperar a su hijo continúa. “Yo lo pongo en manos de Dios porque, por parte de ellos, ¿cuándo me irán a dar respuesta? ¿Cuándo? Si algo sé, mi presentimiento, es que mi hijo está vivo. Se lo llevaron”.

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