Un secuestro en Puebla habría sido cometido por elementos de la Guardia Nacional; juez los absolvió pese a pruebas.

AMANDA ROMANO | @amandaromanom

El 11 de octubre de 2023, dos hombres armados ingresaron a una vulcanizadora del municipio de San Martín Texmelucan. Se identificaron como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y privaron de la libertad a dos personas que se encontraban en el lugar, Fredy y Santiago. Durante el secuestro, las víctimas fueron golpeadas y obligadas a comunicarse con sus familiares para exigir un rescate.

La retención fue interrumpida gracias a la intervención directa de las propias víctimas, un familiar y vecinos de la zona, quienes lograron someter y retener a los agresores hasta la llegada de las autoridades municipales. Los sujetos no lograron huir y fueron detenidos en el sitio con apoyo de la comunidad.

Tras su detención, los agresores fueron identificados como Luis Javier “N”, elemento activo de la Guardia Nacional, y Sergio Rogelio “N”, exelemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Durante la puesta a disposición se aseguraron credenciales oficiales y armas que, de acuerdo con el expediente, pertenecen a la Guardia Nacional.

La carpeta de investigación documenta que el vehículo en el que se trasladaron los imputados fue escoltado desde Texcoco, Estado de México, hasta San Martín Texmelucan por una patrulla de la Guardia Nacional, adscrita a la 238/A Compañía. Dicha patrulla se encontraba bajo el mando del comandante Obed “N”, quien fue señalado dentro de la investigación y actualmente permanece detenido por una carpeta distinta relacionada con delitos en materia de armas de uso exclusivo del Ejército.

Asimismo, cámaras de videovigilancia del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan captaron que, minutos antes del secuestro, la patrulla mencionada circuló junto al vehículo tipo Jetta blanco utilizado en los hechos. Para las víctimas, estos elementos refuerzan la hipótesis de que el secuestro no fue un hecho fortuito, sino una acción presuntamente planeada, con participación de integrantes de la Guardia Nacional.

A la investigación se sumaron videos oficiales, testimonios y registros que documentan el aseguramiento de armamento de uso exclusivo del Ejército.

Pese al cúmulo de pruebas aportadas durante más de dos años de proceso, el juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Poder Judicial de Puebla, Celestino Martínez Bones, dictó una sentencia absolutoria por el delito de secuestro agravado a favor de los imputados.

Como consecuencia de esta resolución, Sergio Rogelio “N” fue liberado, aunque el caso continúa abierto en el ámbito federal por el delito de portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército.

La decisión del juez Martínez Bones se suma a un historial de resoluciones que han generado cuestionamientos públicos, entre ellas la reclasificación de un delito en 2022 a favor de su hermano, acusado de abuso sexual, así como la liberación en 2023 de un imputado por feminicidio que posteriormente se dio a la fuga, de acuerdo con documentación y denuncias públicas.

De acuerdo con un nuevo comunicado emitido por la representación legal de las víctimas, las condiciones y alcances de esta liberación no han sido plenamente informadas, lo que ha generado un temor real y fundado. Las víctimas participaron directamente en la detención de los agresores y han denunciado antecedentes de amenazas e intimidaciones relacionadas con el caso.

Ante este contexto, las víctimas han solicitado en reiteradas ocasiones medidas de protección y anunciaron que volverán a requerirlas, al considerar que la liberación de uno de los implicados representa un riesgo directo para su seguridad, particularmente cuando los hechos involucran a personas con vínculos actuales o previos con instituciones armadas del Estado.

El comunicado advierte que esta liberación, sumada a irregularidades procesales previamente denunciadas, profundiza la sensación de indefensión y vulnerabilidad de quienes denunciaron y colaboraron con las autoridades.

Entre las exigencias planteadas se encuentran la implementación de protección efectiva e inmediata, el seguimiento institucional a la situación de riesgo y la transparencia en los procesos judiciales aún en curso.

Familiares de las víctimas han señalado públicamente que esta resolución no solo compromete su seguridad personal, sino que envía un mensaje de impunidad en un país donde delitos graves pueden ser cometidos desde las propias instituciones encargadas de la seguridad.

El llamado final es a las autoridades estatales y federales para que cumplan con su obligación constitucional de garantizar la vida, la integridad y la seguridad de las víctimas.

“No fue el cártel, fue la Guardia”, reiteraron, al exigir que el caso no sea cerrado sin justicia ni protección.