¿Y aún así confiamos en el INE?

Por Abayubá Duché / @amzdg

Tras las elecciones locales del pasado 4 de junio el desempeño de las autoridades electorales quedó evidenciado. Aunque con mucha más claridad en el Estado de México, en todos los estados que celebraron elecciones, los partidos políticos y sus aspirantes a puesto públicos transgredieron la ley electoral con descaro. Se normalizaron las prácticas más sucias de una supuesta democracia, como la compra de votos, el rebase del tope de campaña y la falta de fiscalización de los recursos invertidos, entre otras cosas. Pero lo más alarmante de todo esto es que el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales son incapaces o, peor aún, están indispuestos a garantizar elecciones limpias.

La semana pasada la comisión de fiscalización del INE, a través de un dictamen, ha dicho que tanto el candidato del PAN como el del PRI en las pasadas elecciones para la gubernatura de Coahuila rebasaron más del 5% del tope de campaña asignado para dicho proceso y dado que el ganador, Miguel Ángel Riquelme, obtuvo la victoria por una diferencia menor al 5%, existen elementos legales para anular la elección.

Por supuesto que el proceso para invalidar la elección apenas comienza y aunque el consejo general del INE tendría que haber dado el pasado viernes una respuesta formal al respecto, los consejeros decidieron tomar sus vacaciones sin dar veredicto final. Y si bien la posible anulación del proceso electoral coahuilense podría venderse como la muestra de la independencia y funcionalidad del INE, algunos nos preguntamos por qué en Veracruz y en el Estado de México, donde el despilfarro de dinero fue más que evidente, el INE no se ha asomado.

Y aunque parecía obvio que al ser el estado con más potenciales votantes, con más recursos (280 mil millones de pesos para este año) y ser la entidad natal del presidente, el INE haría como que nada sucedió en EDOMEX (el consejo general aseguró que no se rebasó el tope de campaña en esta entidad), la verdad es que esta actitud por parte de la autoridad electoral fortalece la premisa de que las instituciones son poco confiables y trabajan en función de intereses o, más elegantemente, concertacesiones que se dan en las cúpulas.

Otro de los aspectos realmente preocupantes es la manera en la que los congresos locales establecen los topes de campaña.

En el Estado de México los candidatos podían gastar hasta 285 millones de pesos, casi el mismo monto de una elección presidencial.

El gasto desmesurado en épocas de campaña nos permite decir que los políticos se gastan más en llegar al poder que en ejercer con responsabilidad un puesto público.

Ahora toca esperar si los consejeros del INE hacen valer la “independencia” de la institución, o si por el contrario deciden subordinarse a los partidos, a los políticos y al ejecutivo federal, diciendo que no vieron nada en EDOMEX, quizá porque los consejeros no viven ahí.

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