LIZETH MEJORADA | @LizethMejorada
Estamos a unos días de que el gobernador electo, Miguel Barbosa, tome protesta como responsable del poder ejecutivo del estado y con él, un gabinete que pasará a ejecutar la toma de decisiones por los próximos cinco años.
Uno de los nombramientos que emitió fue el de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMT): Carlos Urbina Tanús y quien debido a declaraciones sobre el alza del pasaje que no comulgaron con el plan de acción de Miguel Barbosa fue vetado para pasar la titularidad al arquitecto Francisco Josué Cortés Enríquez.
Desde los grupos de expertos en materia de derecho a la ciudad se ha hecho énfasis en el principal problema que tiene la secretaría: la forma en la cual administra su presupuesto.
De acuerdo a datos generados por la campaña “Respira México” de Green Peace México en nuestro estado, el 84.30% del presupuesto federal se destina a infraestructura para el incentivar el uso del automóvil en la zona metropolitana y sólo 15.70% para movilidad sustentable. Considerando que en Puebla el ochenta por ciento de los viajes son en transporte público, caminando y en bicicleta, la repartición del presupuesto debería de ser apegada al reparto modal, es decir a la forma en la cual nos movemos en la entidad, pero en su lugar no beneficia a la ciudad, en otras palabras: el reparto del erario público es excluyente e incentiva la contaminación.
Hablar de presupuesto es fundamental para el futuro de la ciudad, ya que ninguna buena voluntad puede existir sino hay una modificación absoluta en el uso de recursos públicos.
No podemos hacer ciclovías a nivel de piso, banquetas dignas o tener un transporte público digno, si no hay presupuesto para hacerlo. Por lo tanto la secretaría debería de realizar los diagnósticos convenientes, iniciando por un estudio origen-destino y preparar un presupuesto incluyente para 2020 e integrar en su Plan Estatal de Desarrollo una nueva política integral de infraestructura sustentable y sostenible para el estado.
En el mismo sentido algo que no debe de volver a suceder, si es que en verdad existe un interés por hacer de Puebla un estado que disminuya la pobreza y la desigualdad, es no invertir dinero a infraestructura que incentive el uso del automóvil; Puebla no necesita ni un segundo piso más, pasos a desnivel o distribuidores viales. Hacerlo sería un suicidio para el bienestar de los poblanos y un divorcio con nuestros compromisos internacionales a la Agenda 2030.
La nueva Secretaría de Infraestructura tiene una oportunidad histórica; hacer las cosas bien desde el inicio y crear un estado que sea referente nacional en materia de infraestructura incluyente y sustentable que pueda darle un giro a la crisis ambiental que existe.
¿Quieren hacer historia? Necesitamos presupuesto de acuerdo al reparto modal: presupuesto ciudadano.
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