Hazael Juárez | @CCSJPuebla

Hace unas semanas tuve el gusto de participar en un panel organizado por estudiantes universitarios para debatir sobre “Gobierno Abierto y Participación Ciudadana”. En dicha mesa de debate intercambié opiniones con especialistas del sector gubernamental, académico y empresarial

En uno de los puntos debatidos, específicamente sobre la participación ciudadana, pude observar que el concepto es entendido y explicado dependiendo la trinchera en la que nos encontremos. Algo tan natural en cualquier sociedad heterogénea. 

Pero, desde la posición en la que un servidor se encuentra, me quedo con la de Oakley (1991), quien afirma que la participación (ciudadana) es esencialmente la que hacen la personas para afectar la toma de decisiones, ejecución y seguimiento de las decisiones públicas. Complemento la idea, esta, no solo se limita al voto.

Sobre este argumento recalco que para algunas o algunos, participación ciudadana implica toma de decisiones por parte de la ciudadanía. Si la participación no está directamente relacionada con toma de decisiones, entonces no es participación ciudadana. 

Cierto es, que existen pocos mecanismos institucionales que permitan o motiven a la ciudadanía involucrarse en los asuntos públicos. Tan solo en nuestro país, basta revisar algunos datos que nos ofrece el INEGI en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016, donde se aprecia que desde las administraciones públicas, federales o municipales que cuentan con espacios para la participación y/o consulta ciudadana escasamente alcanzan en promedio un 35 por ciento 

Tal vez lo anterior refleja una postura desde quienes están al frente de las instituciones para realizar un trabajo conjunto entre sociedad-gobierno. Evidentemente, no es una prioridad involucrar a la ciudadanía. 

Sin embargo, en una sociedad o sociedades que evolucionan en muchos aspectos de manera vertiginosa, ¿por qué quedarnos con conceptos teóricos estancados? Por eso, coincido más con la definición que nos brinda Oakley, donde no hace un puntual énfasis en que la participación ciudadana está directamente relacionada o condicionada a la toma directa de decisiones. El mismo autor ya lo decía hace más de 20 años: “la participación ciudadana desafía cualquier intento de definición o interpretación.”

Es más, fomentar que ciudadanos y ciudadanas se interesen por los asuntos públicos fortalece una ciudadanía activa y responsable. 

¿Pero cómo fomentar una ciudadanía activa y responsable, si de acuerdo a los últimos datos de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012 (ENCUP 2012), las ciudadanas y ciudadanos afirmaron que los sindicatos, partidos políticos, policía, diputados y senadores son las instituciones en las que menos confían?

Aunado a esto, cuando una sociedad no participa activamente ayuda a conformar una democracia delegativa. Esto a su vez puede generar que a falta de observancia por ciudadanas y ciudadanos se contribuya a la falta de transparencia y la no rendición de cuentas.

Por otra parte el restringir la participación ciudadana o no motivarla, atenta contra los Derechos Humanos de la sociedad. La resolución 2003/36 de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas recomienda profundizar en la reflexión de tres conceptos pilares del Estado moderno: 1) la relación entre una buena administración y los derechos humanos; 2) el derecho de acceso a la información como mecanismo de control para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas; y 3) La participación ciudadana como eje fundamental de las sociedades democráticas

Desde el Consejo Ciudadano siempre hemos creído y seguiremos creyendo que la participación de la sociedad en todos los ámbitos es indispensable, por lo que contamos con diferentes mecanismos que nos permiten generar una vinculación gobierno-sociedad.

Sabemos y reconocemos que las ciudadanas y ciudadanos tienen información específica de cada realidad y sistematizarla contribuye al fortalecimiento de las instituciones. 

En Puebla, recientemente se habla de una Ley de Participación Ciudadana. El reto, por supuesto es grande y complejo. De verdad, deseo que este ejercicio esté encaminado a transitar de una democracia delegativa en la entidad a una participativa, en donde con información de calidad, exista construcción de consensos, y las consultas así como los acompañamientos permitan un componente técnico especializado al mismo tiempo que refuercen las capacidades de las y los ciudadanos para su mayor fortalecimiento en cuanto a las responsabilidades que asume al participar activamente en los asuntos públicos. 

La ley, como en otros casos, es un avance indispensable, sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya nos lo dice, se deben generar los canales efectivos para garantizar la participación ciudadana, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 

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