Manatí

El binomio que nos aqueja

A ras de suelo

IVÁN JUÁREZ | @CCSJPuebla

Al iniciar esta semana el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó el informe sobre la medición de pobreza en México y por entidad federativa en el periodo 2008 – 2018. Para el caso de Puebla, se observa que pese a la disminución del porcentaje de población en situación de pobreza, que pasó del 64.6% al 58.9%, el grupo de personas ubicadas en esta condición se incrementó en más de 58 mil en el mismo lapso. En total, más de 3 millones 700 mil poblanas y poblanos son pobres.

Coneval ha sido ampliamente reconocido por la metodología mediante la cual evalúa la pobreza y sus características; desafortunadamente estas métricas y datos han sido desestimados o no incorporados en el diseño de políticas públicas que ataquen las causas de los problemas estructurales de nuestro tiempo, que en realidad son el resultado de las decisiones de otros tiempos. 

Más de 800 mil millones de pesos se destinaron durante esos 10 años a combatir la pobreza en el país en un esquema de transferencias directas que pudo haber perpetuado un ciclo sin fin de pobreza y de escasa movilidad social: nacemos pobres, morimos pobres. Esto es básicamente porque el modelo asistencialista se avoca a satisfacer necesidades, no a transformar y desarrollar comunidades. 

La pobreza y la (in)seguridad están ampliamente ligadas en nuestra sociedad. Constantemente en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, nos son compartidas inquietudes tales como ¿qué detona la violencia? ¿por qué en esta región incrementa la violencia? ¿funcionan o no las estrategias de los gobiernos para combatir la delincuencia?, y a todo esto la única respuesta viable es que no hay respuesta única, las determinantes del crimen son multifactoriales.  

La teoría económica ha tratado de encontrar la explicación de cómo determinados incentivos o medidas que enfrentamos en diferentes ambientes vinculan a la pobreza con la delincuencia. 

Gary Becker, Premio Nobel de Economía en 1992, mediante la teoría económica del crimen ubica a los delincuentes como sujetos racionales con determinadas necesidades que buscan satisfacer maximizando siempre su bienestar.

Cuando los beneficios de cometer actos ilegales son mayores a cometer el acto, con plena conciencia del castigo al que puede ser acreedor, aunado a un mayor beneficio obtenido comparado con realizar una actividad lícita a la que pueda tener alcance, la decisión racional lo lleva a delinquir. 

Por su parte, Merton en su teoría de la anomía, aborda la criminalidad como resultado de la tensión que existe entre el éxito que obtiene una parte de la población por encima de uno o varios individuos. Aquí la desigualdad juega un papel preponderante dado que, a mayor presencia de ésta la tensión incrementa y los incentivos para delinquir se vuelven atractivos para las personas ubicadas en un estatus económico bajo. 

La desigualdad es una constante en la presencia de la inseguridad, es una situación que es aprovechada por grupos delictivos para cooptar a personas con una gran necesidad de mejorar sus ingresos y su condición.

Los planteamientos para reorientar los modelos de desarrollo, el combate a la pobreza y la desigualdad por parte de los gobiernos llevan en la mesa más años que los que el Coneval tiene de existencia. 

Viéndolo desde este punto, la justicia social es también seguridad nacional, estatal o local. Lograr más y mejores empleos, reducir la desigualdad y la pobreza y mejorar el bienestar de todas las personas influirá en todos los aspectos de la sociedad. 

Atender lo urgente en lugar de lo importante permite contener los efectos de la problemática; deseable sería también encontrar el equilibro para atender las causas de primer, segundo o tercer orden. 

La pobreza y la inseguridad son un binomio que nos aqueja como sociedad, al unir voluntades sociales y políticas superarlas será una batalla ganada haciendo ciudadanía.

Fotografía de portada: Freepik

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Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla

Instancia ciudadana de análisis, opinión y recomendación en materia de seguridad ciudadana; procuración y administración de justicia; reinserción social; cultura de la legalidad; prevención de la violencia y la delincuencia; y atención a las víctimas del delito, así como de promoción de la paz, la justicia y los derechos humanos en Puebla. 

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